L D (EFE) Además, el Consejo de Ministros también aprobó ampliar la cuantía del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con una dotación de 4.000 millones de euros, lo que eleva la cuantía total a 40.334 millones, lo que equivale a abonar la nómina de las pensiones durante ocho meses. El texto de la reforma de la Seguridad Social, que será remitido a las Cortes, desarrolla una parte de las medidas incluidas en el Acuerdo alcanzado el pasado 13 de julio por el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en el Palacio de La Moncloa.
Entre las medidas incluidas destaca el incremento del periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación hasta los 5.475 días (quince años), desde los 4.700 (12,5 años) que se exigen ahora.
Además, según señala el Ministerio de Trabajo, por primera vez desde 1978 se aborda una reforma de la pensión de viudedad, que se extiende a las parejas de hecho cuando se constate una convivencia de al menos cinco años o hijos comunes. Si no se acreditan alguno de estos requisitos, se concederá una pensión temporal. En los casos de distribución de una pensión entre la viuda del fallecido con otra que hubiera sido cónyuge pero de la que estuviera divorciado, la renta se repartirá al cincuenta por ciento.
Asimismo, se reduce la edad de acceso a la jubilación para las nuevas categorías de trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres y en los casos de personas con discapacidad, si bien esta edad no podrá estar por debajo de los 52 años.
También se endurece el acceso a la jubilación parcial y se fija este derecho para los trabajadores mutualistas de 60 años y para todos los trabajadores mayores de 61 años.
Además, la ley incluye medidas para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, aumentando las pensiones el dos por ciento por cada año cotizado para los que se jubilen después de los 65 años y el tres por ciento si han cotizado más de cuarenta años. También se mejoran las pensiones anteriores al 1 de enero de 2002 de trabajadores que fueron despedidos con más de 35 años de cotización.
Sobre la pensión de incapacidad temporal, se establecerá un nuevo procedimiento de reclamación, para evitar que ante diagnósticos discrepantes haya desprotección del trabajador. La reforma incluye también la mejora del periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación de incapacidad permanente para los menores de 31 años y establece una nueva fórmula para calcular el importe de esta pensión y del complemento de gran invalidez.
Para el cómputo de la prestación por incapacidad permanente se tendrán en cuenta los años de cotización, mientras que el complemento de gran invalidez se desvincula de la cuantía de la pensión.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que esta reforma responde "a la necesidad de abrir la legislación a nuevas realidades y de actualizar las leyes, acomodándolas a nuestro tiempo".
Por otra parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció durante su comparecencia que el superávit de la Seguridad Social en 2006 se situó en el 1,26 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Desde IU, su coordinador ejecutivo de Economía y Trabajo, Javier Alcázar, dijo que su partido va a trabajar en el Parlamento para "suavizar" el recorte de derechos que conlleva la reforma de la Seguridad Social.
Por su parte, el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, aseguró que la reforma "va en la buena dirección" pero puntualizó que "es tímida".
UGT mostró su "satisfacción" por la reforma, un texto que el sindicato califica de "equilibrado" porque no sólo "mejora" el sistema de pensiones, sino porque apuesta por su "sostenibilidad".
Entre las medidas incluidas destaca el incremento del periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación hasta los 5.475 días (quince años), desde los 4.700 (12,5 años) que se exigen ahora.
Además, según señala el Ministerio de Trabajo, por primera vez desde 1978 se aborda una reforma de la pensión de viudedad, que se extiende a las parejas de hecho cuando se constate una convivencia de al menos cinco años o hijos comunes. Si no se acreditan alguno de estos requisitos, se concederá una pensión temporal. En los casos de distribución de una pensión entre la viuda del fallecido con otra que hubiera sido cónyuge pero de la que estuviera divorciado, la renta se repartirá al cincuenta por ciento.
Asimismo, se reduce la edad de acceso a la jubilación para las nuevas categorías de trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres y en los casos de personas con discapacidad, si bien esta edad no podrá estar por debajo de los 52 años.
También se endurece el acceso a la jubilación parcial y se fija este derecho para los trabajadores mutualistas de 60 años y para todos los trabajadores mayores de 61 años.
Además, la ley incluye medidas para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, aumentando las pensiones el dos por ciento por cada año cotizado para los que se jubilen después de los 65 años y el tres por ciento si han cotizado más de cuarenta años. También se mejoran las pensiones anteriores al 1 de enero de 2002 de trabajadores que fueron despedidos con más de 35 años de cotización.
Sobre la pensión de incapacidad temporal, se establecerá un nuevo procedimiento de reclamación, para evitar que ante diagnósticos discrepantes haya desprotección del trabajador. La reforma incluye también la mejora del periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación de incapacidad permanente para los menores de 31 años y establece una nueva fórmula para calcular el importe de esta pensión y del complemento de gran invalidez.
Para el cómputo de la prestación por incapacidad permanente se tendrán en cuenta los años de cotización, mientras que el complemento de gran invalidez se desvincula de la cuantía de la pensión.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que esta reforma responde "a la necesidad de abrir la legislación a nuevas realidades y de actualizar las leyes, acomodándolas a nuestro tiempo".
Por otra parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció durante su comparecencia que el superávit de la Seguridad Social en 2006 se situó en el 1,26 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Desde IU, su coordinador ejecutivo de Economía y Trabajo, Javier Alcázar, dijo que su partido va a trabajar en el Parlamento para "suavizar" el recorte de derechos que conlleva la reforma de la Seguridad Social.
Por su parte, el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, aseguró que la reforma "va en la buena dirección" pero puntualizó que "es tímida".
UGT mostró su "satisfacción" por la reforma, un texto que el sindicato califica de "equilibrado" porque no sólo "mejora" el sistema de pensiones, sino porque apuesta por su "sostenibilidad".