Según la memoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2009 fue de 4.728 millones de euros. La forma en la que se distribuye esta cantidad es muy diversa: parte va dirigida directamente a los gobiernos de los países favorecidos, que financian de esta manera determinados proyectos. Otra parte de este dinero se gasta a través de las ONG, que se presentan a las diferentes convocatorias de subvenciones que anuncia el Ministerio de Exteriores. También a través de organismos internacionales se gasta parte de este presupuesto.
En principio, cualquiera podría pensar que lo gastado a costa de la "ayuda al desarrollo" iría destinado a proyectos agrícolas, sanitarios o educativos. En este sentido, la primera pregunta que se hacen los contribuyentes es si este dinero está bien gastado, si sirve de algo y si no sería más efectivo que las ONG buscaran ese dinero a través de sus patrocinadores. Cuando una organización de este tipo busca la ayuda gubernamental debe plegarse a las exigencias del burócrata de turno y rendir cuentas a ese mismo organismo oficial, lo que provoca que muchas veces estén más atentos a contentarse con los políticos que a cumplir con su propósito original. Esto no ocurre con las organizaciones que se financian exclusivamente a través de donaciones privadas, que sólo rinden cuentas ante estos benefactores.
Sin embargo, incluso a pesar de la prevención que genera en muchas personas esta ayuda oficial al desarrollo, hay proyectos cuyos objetivos serían compartidos por un amplio porcentaje de la población, y que seguramente encontrarían financiación sin necesidad de que se la diese el Gobierno.
En este sentido, en la resolución de la Convocatoria del 10 de febrero para "proyectos de cooperación el desarrollo" (bases en el BOE de 5 de marzo y decisión en el de 29 de noviembre) se financian actividades como la "mejora de la seguridad alimentaria en el Valle del Artibonite, en Haití" a cargo de Intermon Oxfam o la "reducción de riesgos ante desastres en comunidades vulnerables en El Salvador" por parte de Cruz Roja Española.
Es complicado discutir la concesión de una subvención para aumentar la seguridad alimentaria en Haití, un país con graves problemas sanitarios (la epidemia de cólera de los últimos meses ha sido devastadora) o para mejorar la situación de comunidades centroamericanas en riesgo antes los habituales desastres naturales (todo el mundo recuerda los efectos en esta región de fenómenos como el huracán Mitch). La cuestión no está en si estos proyectos y organizaciones son buenos en sí mismos, sino en si deben financiarlos nuestros impuestos o nuestra caridad ejercida de forma voluntaria.
Buenas intenciones
Sin embargo, el problema con la "ayuda al desarrollo" oficial no es sólo su eficacia u oportunidad, sino que bajo este epígrafe se incluyen numerosos proyectos de los que se puede cuestionar que correspondan a ese objetivo. Así, en la resolución del 19 de noviembre, en la que se concedieron más de 25 millones de euros en subvenciones, conviven proyectos como los anteriores de Cruz Roja o Intermon con otros mucho más discutibles.
De esta manera, entre este catálogo de buenas intenciones se deslizan otras cuestiones que tienen muy poco que ver con el desarrollo y mucho con las particulares afinidades ideológicas del Gobierno. Y no es sólo una cuestión de diferentes perspectivas, sino de que por el título que tienen estas actividades parece que no sólo no ayudarán a "desarrollar" una región sino que, por el contrario, les atará aún más a la pobreza.
Por ejemplo, entre los proyectos subvencionados, destacan "Universidad por el comercio justo, campaña para el fomento de la responsabilidad y el compromiso social en las universidades españoles" (100.360 euros); "Fortalecimiento del Comercio Justo desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria" (100.582 euros); "Campaña de sensibilización sobre el Comercio Justo" (175.132 euros); "Por una economía más justa: proyecto de educación para el desarrollo dirigido a profesionales del ámbito de la economía" (138.681 euros); "Educarnos para construir un milenio más justo" (80.000 euros); "El consumo responsable como generador de cambio social" (25.306 euros).
No son los únicos, puesto que la lista de proyectos que encajan difícilmente en el campo de ayuda al desarrollo supone un porcentaje importante de los beneficiarios de la subvenciones. Pero los anteriores sí son los que más claramente se alejan de los supuestos objetivos buscados. ¿Qué tiene que ver el llamado "comercio justo" con la ayuda al desarrollo?
"¿Comercio justo?"
Para los defensores del mercado libre, todo comercio es justo, por una razón muy simple: el comercio es un intercambio voluntario entre dos partes. Si el vendedor o el comprador piensan que no es rentable, no intercambiarán nada. Y si hay coacción, entonces no es comercio, es robo. Por lo tanto, el comercio o es justo o no es.
En realidad, detrás de "comercio justo" se esconde una práctica que limita el intercambio voluntario de las partes y que establece que sólo es bueno el mercado en el que los intervinientes cumplen una serie peculiar de características (en wikipedia hay una definición, aunque nadie parece tener muy claro qué significa exactamente). Normalmente, esto se traduce en precios más caros, subvenciones a productores, rechazo a las grandes empresas o descalificación de un producto en función de su lugar de procedencia.
Detrás de este tipo de eslóganes, se esconde más un prejuicio izquierdista hacia el mercado libre que acciones que puedan ayudar a las regiones pobres. De hecho, muchos economistas piensan que es precisamente integrándose en la globalización, abriendo la economía a los inversores, permitiendo a las empresas acudir a los países pobres o instalando fábricas en estos lugares como lograrán estas regiones salir de la pobreza (de hecho, eso es lo que ha ocurrido en Corea, China o India en las últimas décadas). Pero claro, parece difícil que alguien que defiende estos principios reciba una subvención... por mucho que su "ayuda al desarrollo" sea mucho más efectiva que la que prestan algunos de los beneficiados por la AECI.