Los datos que desvela este domingo el diario El País sobre el secuestro del atunero Alakrana, de ser ciertos, ayudan a entender el embrollo jurídico en el que el Gobierno ha enquistado este secuestro, dejando a los pescadores españoles a merced de la voluntad de unos piratas.
La cronología que describe el rotativo de Prisa recuerda que "fue en aquel fin de semana", en las 48 horas posteriores al secuestro, "hace ya 44 días" cuando se tomaron las decisiones que han convertido este secuestro en un embrollo jurídico de difícil salida.
El relato comienza con las tres primeras decisiones que se tomaron tras el secuestro. En primer lugar, se descartó un rescate por la fuerza del buque, pese a contar (la fragata Canarias) con un equipo especializado de rescate naval, debido al fuerte armamento con el que contaban los piratas.
Entonces, se ideó un plan alternativo. Según este diario, se decidió provocar una avería en los motores del Alakrana que pareciera fortuita y que le dejara a la deriva. Entonces, la fragata se acercaría a prestarles la ayuda y tendrían una oportunidad de negociar.
Sobre el papel y pese a no contar con la opinión de un experto en estrategias sobre secuestros de piratas en el mar, podría tener alguna lógica. El problema es que la fragata española estaba muy lejos del pesquero (a unas 800 millas). Así, mientras la fragata ponía rumbo para interceptar al atunero secuestrado, éste ponía rumbo hacia la costa somalí (a unas 431 millas).
Los cálculos eran favorables a la fragata ya que el pesquero avanzaba muy lentamente (unos 7 nudos, frente a los 22 nudos de la fragata). Pero la cosa cambió cuando, inesperadamente, el pesquero dobló la velocidad (14 nudos).
Este fue el punto de inflexión en el que el Ejecutivo entró en una sucesión de toma de decisiones improvisadas que en pocas horas convirtieron el secuestro del Alakrana en un galimatías jurídico de difícil solución legal. ¿Por qué? El pesquero dobló su velocidad porque soltó un esquife (barco pequeño que se lleva en el navío para saltar a tierra y para otros usos) que remolcaba. Estaba ocupado por Abdú Willy y su otro compañero pirata, Raageggesey Hassan Hajy.
Entonces, se decidió que ya no era posible alcanzar al Alakrana y se decidió sin más perseguir al esquife. La segunda decisión fue detener a los dos piratas. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el servicio secreto militar, desaconsejó por escrito, como trascendió esta semana, las detenciones, ya que ponían en riesgo a los secuestrados ante posibles represalias de los piratas y porque dificultaba de antemano la posibilidad de negociar con los asaltadores.
La orden de detención la dictó el general Julio Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Defensa y miembro del gabinete de crisis formado también por el general en la reserva Félix Sanz, director general del CNI, María teresa Fernández de la Vega, Carme Chacón, Miguel Ángel Moratinos y la ministra de Medio Ambiente Elena Espinosa. Un gabinete de crisis que aceptó por unanimidad y a posteriori, la detención. El País también destaca que en este gabinete no estuviera Rubalcaba representando al Ministerio del Interior, "que tiene los mejores expertos" en secuestros.
La captura era militar, pero la decisión sobre los piratas capturados "era política. Y de mucho calado.", advierte El País. Nadie aún había denunciado el secuestro del Alakrana, por lo que no podía acusarse a los piratas de secuestro. Así, según recuerda este rotativo, De la Vega habló con el ministro de Justicia, Caamaño. Éste pidió a la abogacía del Estado, que presentara la denuncia, que llegó al juzgado de Garzón. Ficha que movió después de que la Fiscalía declinase presentar denuncias, por temer las consecuencias de la misma, según relata este diario.
Además, la denuncia de la Abogacía del Estado no se basaba, "como sería lógico, en los informes de Defensa, sino en las noticias de prensa: Como es público y notorio, por haber sido profusamente recogido por los medios de comunicación, el buque Alakrana ha sido capturado por piratas en las costas de Somalia, argumentaba".
Hasta aquí, nadie pidió a un informe jurídico de las opciones que cabía esperar sobre qué hacer con los piratas detenidos. Además, el diario El País, califica de "insólita" la nota que difundió Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional para disculpar la decisión de Garzón de pedir que trajeran a España a los piratas "desconocía que existiera intención de traslado de aquellos (detenidos) a un tercer país por lo que el lunes, tras recabar el informe de la fiscalía, ordenó la presentación de los detenidos ante el juzgado".
Así, El País se pregunta si no " había alguna otra alternativa " Como broche, en su editorial culpa a la Audiencia Nacional y al Gobierno de haberse enzarzado en un tira y afloja para sacudirse la responsabilidad en el embrollo y de que ambos estén más preocupados por la responsabilidad del problema creado con las detenciones que de la seguridad de los secuestrados y su liberación .