LD (M. Llamas) Los partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, se apresuran a lanzar sus respectivas demandas para negociar un pacto de gobierno con el PSOE, tras su victoria electoral del pasado 9 de marzo. Sin embargo, mientras que el PNV centra su objetivo político en la consecución de un mayor autogobierno, el PSC, con el apoyo de los nacionalistas catalanes (CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya), aspira a lograr nuevas cesiones económicas del Estado en materia de finanzas públicas.
Así, la meta de estos grupos es clara: La “equiparación progresiva entre los ingresos de la Generalidad y los que proporciona el sistema de concierto”, propio del País Vasco, tal y como recoge el programa electoral del PSC para las pasadas elecciones generales. Dicho modelo permitiría ingresar a Cataluña 13.637 millones de euros adicionales al año en comparación con el actual sistema, según un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico (CSIC).
Y es que, los ingresos públicos medios por habitante del País Vasco son un 73,5 por ciento superiores a los que percibe Cataluña: 4.601 euros frente a 2.651, según reflejan las cuentas autonómicas de 2005 (últimos datos disponibles).
El presente ejercicio será clave para la configuración del nuevo modelo de financiación autonómica, cuya revisión sigue pendiente desde 2005, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a reformar el sistema de reparto territorial vigente. En principio, todas las CCAA, representadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, abordarán a lo largo de 2008 la reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación Autonómica (LOFCA).
Menos dinero para las CCAA más pobres
Sin embargo, la equiparación entre la financiación catalana y vasca tendría “implicaciones adversas muy importantes para el Estado y para el resto de territorios de régimen común”, advierte de la Fuente. Dicho proyecto “mermaría de forma muy considerable la capacidad del Estado para mantener el nivel actual de servicios públicos en el resto de CCAA de régimen común”.
En concreto, la transferencia de 14.000 millones de euros desde el resto de estas regiones a Cataluña supondría una reducción del 17 por ciento en su actual nivel de financiación, afirma.
Este recorte se produciría en caso de que tal igualación se aplicase de forma inmediata. Sin embargo, los catalanes pretenden una equiparación “gradual” al modelo de financiación vasco. Pese a ello, el documento señala que “la financiación por habitante de las regiones de régimen común, con la excepción de Cataluña, debería congelarse en términos reales durante nueve años” con el fin de igualar a largo plazo ambos sistemas autonómicos.
Ello implicaría una “violación clara de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales”, añade.
El informe Implicaciones de la equiparación de la financiación de Cataluña con los resultados del sistema foral, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), explica que la propuesta del PSC “absorbería casi por completo los rendimientos en Cataluña de la totalidad de los tributos del Estado, incluyendo la parte aún no cedida de los mismos y el Impuesto de Sociedades”.
Cataluña aportaría al Estado un 70% menos
Por otra parte, el nuevo cupo catalán (es decir, el pago que efectuaría la Generalitat por las competencias y servicios que desarrolla el Estado en esa región) apenas alcanzaría los 5.700 millones de euros, lo que supondría una reducción del 70 por ciento con respecto a la situación actual (19.300 millones). De hecho, incluso incorporando los flujos financieros ligados a la Seguridad Social, tal cantidad no lograría cubrir el coste de las competencias estatales no transferidas en esa comunidad, indica el estudio.
Por ello, de la Fuente afirma que “se daría la paradoja (que ya se da en los territorios forales) de que una comunidad con un nivel de renta muy superior al promedio español recibiría una subvención neta del resto del país”. Las balanzas fiscales de Cataluña pasarían de tener un déficit de 11.000 millones de euros a mostrar un superávit próximo a los 2.600 millones (en base a los datos de 2005).
Precisamente, una de las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes para pactar con el PSOE radica en la publicación inmediata de las balanzas fiscales entre Cataluña y el Estado, con el objetivo de cuantificar el volumen de recursos aportado por los catalanes al resto de regiones.
El citado informe concluye que la actual propuesta de los nacionalistas consiste en extender los privilegios forales a Cataluña: “Quieren que las demás CCAA de régimen común acepten un recorte del 17 por ciento en su financiación por habitante (o una congelación en términos reales durante más de dos legislaturas) para que Cataluña pueda aumentar la suya (que ahora está aproximadamente en el promedio) en más de un 70 por ciento, y no sólo deje de aportar recursos a la caja común del Estado sino que incluso pase a convertirse en una región subvencionada por territorios de menor renta”.
Según de la Fuente, “aceptar este planteamiento supondría renunciar al principio de igualdad y consolidar una España a dos velocidades en la que un 22 por ciento de ciudadanos de primera clase disfrutarían de prestaciones públicas muy superiores a las del resto del país (y/o de un trato fiscal más favorable)”.
Y esto, podría ser sólo el principio, advierte el hacendista, ya que ceder ante las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes supondría abrir la puerta a demandas similares por parte de otros territorios de renta elevada basadas, exactamente, en el mismo argumento: “Que la equiparación financiera con las comunidades forales no supondría nada más que devolverles su dinero”.
En este sentido, “si Baleares y Madrid optasen por esta vía, la casta privilegiada pasaría a incluir el 38 por ciento de la población española, pero la financiación de los territorios restantes se reduciría en otro 20 por ciento”, concluye el estudio.