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COMPRA EL APOYO DEL PNV POR 472 MILLONES

Zapatero rompe la caja de la Seguridad Social para aprobar los Presupuestos

El PSOE y el PNV pactan traspasar al País Vasco las políticas activas de empleo, incluyendo las bonificaciones empresariales de la Seguridad Social. La cuestión no es tanto de “dinero” sino de “fuero”. Hasta ahora, dichas bonificaciones se incluían en una partida nacional, ahora su gestión será foral.

M. Llamas

Zapatero ha cedido, finalmente, a las exigencias del PNV. Tan sólo hay que observar las declaraciones del presidente de los nacionalistas vascos, Íñigo Urkullu, para percatarse de la trascendencia de lo pactado: “Un hecho histórico”. Y es que, el PSOE y el PNV han llegado este miércoles a un acuerdo para traspasar al País Vasco las políticas activas de empleo, incluyendo las bonificaciones de las cuotas empresariales -por contratación y por formación-, que hasta ahora formaban parte de la caja única de la Seguridad Social. El acuerdo deja aparcada la cesión del paro y de las pensiones públicas.

 

El traspaso implica una cuantía total de 472 millones de euros, en sintonía con lo exigido por el PNV -entre 460 y 480 millones-. La cifra en la que ambos partidos han valorado las políticas activas de empleo se descontará a partir del 1 de enero de 2011 del cupo vasco. El acuerdo allana el camino para que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 con el apoyo de los nacionalistas vascos.

 

Sin embargo, no se trata tanto de una cuestión de "dinero" sino de "fuero", tal y como explica el senador del PNV Iñaki Anasagasti. "El PNV asegura que este asunto es más de fuero que de dinero. Ésa es la razón por la que el traspaso no ha sido posible durante veinte años, al negarnos los nacionalistas a aceptar la competencia en las mismas condiciones que el resto".

 

Los nacionalistas reclamaban el traspaso de las políticas activas de empleo desde el año 1988. Esta competencia ya está transferida al resto de comunidades autónomas, pero hasta ahora todos los gobiernos habían rechazado su traspaso al País Vasco ya que, tal y como lo planteaba el PNV, pondría en riesgo la caja única de la Seguridad Social.

 

Tales "bonificaciones" suponen una reducción en las cotizaciones sociales que pagan las empresas a cambio de contratar a determinados trabajadores, y estaban incluidas en una partida a escala nacional. Una empresa puede deducirse un porcentaje de las cotizaciones al contratar a un determinado empleado, pero la Seguridad Social tiene que recibir idéntica contribución por trabajador. Lo que se ahorra el empresario se repone a la caja única de la Seguridad Social de una partida especial en los Presupuestos Generales del Estado, dotada a nivel nacional.

 

El PNV, sin embargo, pretendía fijar una determinada cuota para el País Vasco, dado el régimen foral por el que se rige dicha comunidad. De este modo, correspondería al Gobierno foral aportar a las arcas de la Seguridad Social lo deducido por el empresario, lo cual abriría la puerta a dotaciones arbitrarias y negociadas políticamente, tal y como acontece en la actualidad con el polémico cupo vasco (dinero que paga el País Vasco al Estado por las competencias que aún desempeña en esa región), bastante inferior al que le correspondería.

 

El Gobierno vasco de Patxi López ya había alcanzado un acuerdo sobre esta materia el pasado año. Sin embargo, el traspaso se valoró entonces en 300 millones de euros. Pero el PNV rechazó esta transferencia por no incluir la partida común correspondiente a bonificaciones, estimada en unos 150-170 millones de euros adicionales. Hasta ahora, si bien contablemente esta partida se computaba en el presupuesto del Ministerio de Trabajo, era gestionada únicamente por la Tesorería de la Seguridad Social (caja única).

 

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo fijaba que ese tipo de bonificaciones y subvenciones "forman parte del sistema de caja única de la Seguridad Social", constituyendo así una línea roja para su cesión autonómica. Por el contrario, los peneuvistas apelaban a una sentencia del Constitucional de julio de 1989 que, en respuesta a una demanda de la Generalidad de Cataluña, desligó las cuotas destinadas a formación de la caja única. "Sobre si el fallo afecta también a las bonificaciones por contratación, existen diferentes interpretaciones", señala Anasagasti.

 

A partir de ahora, las política activas de empleo se financiarán según la metodología establecida en el Concierto, es decir, descontándolo del Cupo vasco. Por lo tanto, el Gobierno vasco no pagará en función de las bonificaciones concedidas de forma efectiva, sino en función de lo que se pacte en la negociación del cupo.

 

La cuantía pactada (472 millones) es la resultante de aplicar el 6,24% del Cupo al presupuesto total de Trabajo (incluidas bonificaciones) en materia de políticas activas (unos 7.000 millones de euros).

 

En la negociación también se incluye el traspaso de la intermediación laboral (antiguo INEM), la inspección de trabajo, la formación profesional (tanto ocupacional como continua) y el centro de formación de Bermeo del Instituto Social de la Marina, que se transferirán desde el próximo 1 de enero.

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