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El PSOE se escuda en un acuerdo inexistente con el PP para rebajar las jubilaciones

Los dos principales partidos no han pactado una reforma del sistema de pensiones, a pesar de que el PSOE ha filtrado la existencia de un supuesto acuerdo con el PP para ampliar el periodo de cálculo desde los 15 años actuales a 20, lo que reduciría las pensiones futuras un 5,5%.

LORENZO RAMÍREZ
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El secretario de Estado dela Seguridad Social, Octavio Granado. | Archivo

Más globos sonda del Ejecutivo. En esta ocasión le ha tocado el turno al sistema de pensiones, cuya reforma es casi un tabú para el PSOE a pesar de que es el objetivo con el se creó en 1995 la Comisión del Pacto de Toledo. Los socialistas han filtrado la existencia de un supuesto acuerdo con el PP y el resto de grupos parlamentarios para ampliar a 20 años el periodo cálculo de la cotización, lo que bajaría las pensiones futuras (no las que cobran ahora los jubilados) una media de 60 euros, el 5,5% menos respecto a las actuales.

La primera intención era rebajarlas un 30%, pero la crisis económica habría obligado a los parlamentarios a esperar a que pase la tormenta. El método escogido sería la ampliación del cálculo de la vida laboral pactado con el PP, según las filtraciones de diputados socialistas a los medios de comunicación.

Pero nada más lejos de la realidad. Según ha confirmado a LD el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, este acuerdo es inexistente y el Ministerio de Trabajo no ha entregado documento alguno a los parlamentarios.

Estas filtraciones demuestran la doble vara de medir que tiene el Gobierno, ya que a todo aquel que solicita la reforma del sistema (como por ejemplo el Banco de España) se le acusa de meter miedo a los pensionistas y se califica duramente desde el Gobierno y sus brazos "armados": CCOO y UGT.

Además, engañar a la opinión pública sobre esta cuestión demuestra también la falta de responsabilidad del PSOE y pone de manifiesto que la única intención de los diputados socialistas es revalidar su victoria en las urnas, haciendo política hasta con la paga de los jubilados.

Principio de contributividad

Pero vayamos a los antecedentes, el texto fundacional del Pacto de Toledo indica que "es preciso seguir reforzando el principio de contributividad como elemento básico para la preservación del equilibrio financiero del sistema", es decir, la reducción de las pensiones públicas para que con el envejecimiento de la población y la pérdida de afiliados a la Seguridad Social, el sistema público de pensiones no sea deficitario.

El texto añade, además, que "se recomienda seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado, en línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos años". Es decir, se trata de reducir las nuevas pensiones ¿cómo? aumentando el número de años considerados en el cálculo de la pensión y reduciendo la cuantía a cobrar por quienes han cotizado menos años.

El objetivo final es calcular el importe de la pensión en función de toda la vida laboral del ciudadano, lo que reduciría las pensiones alrededor de un 30%, pero la situación actual de recesión -y el propio temor a las repercusiones que tienen este tipo de decisiones en las urnas- ha hecho que PSOE y PP rechacen iniciar este camino ahora y de golpe.

En octubre del pasado año el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acordaron –en una reunión celebrada para hablar de los reales decretos anti-crisis del Gobierno- revitalizar el Pacto de Toledo, con el objetivo de garantizar el futuro del sistema de pensiones.

Para dar una base estadística al proceso de negociaciones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, publicó un informe en el que avisaba de la insostenibilidad del actual sistema de aportaciones a la Seguridad Social a largo plazo. La conclusión principal del estudio era que las pensiones de los menores de 50 años no están garantizadas.

Según el informe elaborado por Labour Asociados para la Seguridad Social, "el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas, un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años". La consultora estima en más de un 5,5% la reducción, alrededor de unos 60 euros.
 


Esta reducción se explicaría porque, en la mayoría de los casos, los salarios crecen a lo largo de la vida laboral, para descender levemente en los años previos al retiro. Si se analizan los datos de la Seguridad Social se comprueba cómo ampliar el periodo de cálculo a 20 años provocaría que la media se rebajara, al entrar en liza años en los que el salario medio es menor:

 

En teoría, la ampliación supondría un beneficio para algunos cotizantes y un perjuicio para la mayoría de ellos. Saldrían beneficiados aquellos que son expulsados del mercado laboral a partir de los 50 años y, por lo tanto, sus últimos 15 años de cotización quedan deteriorados y son peores que los anteriores. Pero en una carrera laboral tradicional, los últimos años cotizados son lo mejores y, por ello, un aumento del plazo de cálculo provocaría una rebaja de la cuantía de la pensión.

Sin embargo, este supuesto no está tan claro, ya que existen muchos colectivos de trabajadores que se beneficiarían de esta ampliación. Por ejemplo aquellos empleados que son despedidos a través de EREs cuando tienen más de 50 años, así como a los autónomos.

El portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, explicó a LD que la ampliación del periodo de cálculo no sirve para garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones, sino "que responde a un principio de justicia y equidad", por el cual cada uno cobrará en función de lo aportado. Por lo tanto, habrá algunos que perderán y otros ganarán, pero siempre será un juego de suma cero.

Además, la reforma no se aplicaría con carácter retroactivo a los actuales pensionistas, por lo que éstos deben estar tranquilos: no se rebajará el importe de su paga de jubilación.

No obstante, la necesidad de la reforma es incuestionable, ya que el sistema de pensiones español ocupa la "tercera división" de la UE, según los informes de Bruselas. Además, hasta el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, admite que la jubilación de los que ahora tienen menos de 50 años no está garantizada.

De hecho, la patronal aseguradora Unespa pone fecha límite a la reforma del sistema de pensiones. Si no se cambia el modelo antes de diez años para garantizar su viabilidad los que ahora tienen menos de 50 años lo pasarán mal y castigarán al Gobierno de turno en las urnas.

Envejecimiento y pérdida de afiliados

La Comisión del Pacto de Toledo vuelve de esta forma a ser protagonista tras el certero diagnóstico realizado por el gobernador del Banco de España.

Después de constatarse que el Gobierno ha decidido luchar contra los efectos de la crisis exclusivamente mediante el gasto público, en lugar de buscar soluciones estructurales a largo plazo que flexibilicen el mercado laboral y que fomenten el ahorro privado, este organismo creado para reformar el sistema de pensiones retoma unos trabajos que parecían olvidados desde finales de los años noventa.

Aunque el Gobierno niegue que existan problemas para el equilibrio financiero de la Seguridad Social -el más reticente a admitirlo ha sido el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho- todos los economistas coinciden en el núcleo del problema: la esperanza de vida aumenta a un ritmo que no pueden cubrir los nacimientos, lo que cambia la estructura demográfica piramidal y la transforma en un pilar.

La tendencia se invierte y las cotizaciones a la Seguridad Social no serán suficientes para cubrir las pensiones del sistema. ¿Cuándo? El Banco de España cree que dentro de un año porque el fenómeno se ha agudizado por la recesión económica.

Por ello, el PP ha decidido elaborar un conjunto de iniciativas que alarguen en la medida de lo posible la salud del sistema de protección. LD ha podido conocer algunas de las claves que estudian los populares.

Blindar el Fondo de Reserva

Entre otras herramientas, el PP pone sobre la mesa blindar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para que se ocupe sólo de las necesidades de las pensiones de jubilación. Las de vejez, invalidez y viudedad (las otras pensiones contributivas) serían financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

De esta forma se evitaría que el Gobierno recurra al Fondo para elevar pensiones que no tienen que ver con la jubilación, lo que aumentaría la capacidad de esta hucha para afrontar el problema financiero derivado del envejecimiento de la población.

Otra de las iniciativas -en la que coinciden con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado- es incentivar fiscalmente el alargamiento de la vida laboral, de forma que se favoreciera un aumento de la edad media de jubilación, que se encuentra actualmente en los 63 años.

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