El Sindicato Andaluz de Funcionarios exige a Griñán que revele el número de los "a dedo"

Para ello, entre otras cosas, se ha dirigido a las delegaciones de todas las Consejerías y a los servicios centrales para conocer cuántos trabajadores externos, con contratos específicos, también conocidos como a dedo, y sin superar ningún tipo de oposiciones, hay en cada centro de trabajo. Hasta el Defensor del Pueblo andaluz ha exigido públicamente a la Junta que ponga límite a estos contratos a dedo, después de que una arquitecta que estaba en la bolsa de trabajo denunciara presuntas irregularidades en la contratación en la Delegación en Huelva de Obras Públicas y Vivienda.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios pretende que el Gobierno andaluz aporte copia de los contratos de personal externo en cada una de las delegaciones provinciales, «especificando qué tipo de funciones están desempeñando cada uno de ellos y si disponen de clave privada de acceso a los sistemas informáticos».

«Resulta del todo punto incuestionable que la abundante presencia de trabajadores externos en las sedes físicas de las delegaciones provinciales, bien cedidos por entidades instrumentales, bien a través de contratos de asistencia técnica, conculca y vulnera de manera palpable los derechos de los empleados públicos», advierte en su escrito dirigido a la Junta el Sindicato Andaluz de Funcionarios.


Para este sindicato, la presencia de estos trabajadores externos «supone una usurpación de las legítimas potestades» de los funcionarios y ha provocado que la relación de puestos de trabajo (RPT) se haya «ido desdotando progresivamente hasta alcanzar niveles inadmisibles en la Junta de Andalucía, impidiendo con ello la promoción profesional de los funcionarios, al no cubrirse estos puestos mediante el correspondiente concurso de traslados», sino con trabajadores externos.

Para solicitar estos datos sobre los contratos a dedo en la Junta, este sindicato se ampara en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula las funciones de los delegados de personal y establece expresamente las de recibir información sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución probable del empleo, además de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo

Aunque en teoría, como subrayóEl Mundo, la Junta puede recurrir a esta forma de contratación cuando carece de medios propios para desempeñar un trabajo y por un tiempo determinado. Sin embargo, los contratos específicos se utilizan muchas veces para saltarse la bolsa de interinos y contratar a dedo a la persona que quiera la Administración.

50.000 empleados públicos entrenan tras las Fiestas para nuevas manifestaciones

Ya se ha anunciado otra macromanifestación para el día 22 de enero, en vísperas del debate sobre el decretazo en el parlamento andaluz. Esta manifestación es un test de suma importancia para los empleados públicos y muy especialmente para la Junta de Andalucía que si observa algún desfallecimiento en la lucha contra el decretazo, actuará en consecuencia.

Esta va a ser la segunda gran concentración tras la celebrada el pasado mes de noviembre en el que los empleados públicos contrarios akl modo de la reordenación del sector público de Griñán, consiguieron concentrar en Sevilla a casi 50.000 persona en la manifestación de funcionarios y laborales más importante celebrada nunca en Andalucía. 

El día 22, los sindicatos críticos y las plataformas independientes de funcionarios y empleados públicos confían en congregar en Sevilla a unas 50.000 personas en una marcha desde el Palacio de San Telmo (sede de Presidencia de la Junta) hasta el Parlamento andaluz. Si lo consiguen, la estrategia de la Junta de "enfriar" el conflicto no habrá servido de nada.

Ya se ha presentado la petición formal de la manifestación en el registro de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en la Plaza de España. Los sindicatos convocantes de la manifestación del 22 de enero son CSIF-A, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación El Tercer Lado, CGT-A, SAT, USO y Ustea.

Todos ellos exigen la derogación «inmediata» del decreto ley 5/2010, del 6/2010 «y de cuantas medidas complementarias a su amparo se hayan ido aprobando desde julio de 2010», así como la retirada del proyecto de ley que se tramita en el Parlamento andaluz.