(Libertad Digital) El Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha remitido el expediente correspondiente al Tribunal de Defensa de la Competencia, según una resolución a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press.
El TDC dispone ahora de dos meses para remitir al Consejo de Ministros un informe en el que se analicen las repercusiones en el mercado del acuerdo entre Prisa y Godó y proponga, en su caso, condiciones a la aprobación del mismo, que en último extremo corresponde el Gobierno.
La integración acordada entre Prisa y Godó, y cuya ejecución está a la espera de las preceptivas autorizaciones, se llevará a cabo mediante la aportación a la Sociedad de Servicios Radiofónicos Unión Radio del 99,99 por ciento de la SER, propiedad de Prisa, y del 100 por ciento de las sociedades Inversiones Godó y Paltrieva. Estas dos últimas controlan el 99,42 por ciento de Antena 3 Radio.
Unión Radio pertenece en un 80 por ciento a Prisa y en un 20 por ciento a Godó. Inversiones Godó está participada en un 51,05 por ciento por el grupo Godó y un 48,95 por ciento por el grupo Prisa. En cuanto a Paltrieva, pertenece en un 50,93 por ciento a Prisa y un 49,07 por ciento al grupo Godó.
Burla a las sentencias del Tribunal Supremo
Hay que recordar que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2000, atendiendo a la legislación específica del sector de radiodifusión, que ordena a Unión Radio a deshacerse de las 79 emisoras propias de Antena 3 Radio. El Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Supremo más tarde, el 26 de abril de 2001. Pero no fue hasta el 2 de noviembre de 2001 cuando el Gobierno decidió dar la orden de cumplimiento de la sentencia. El Ejecutivo dio a la empresa propiedad de Jesús Polanco un plazo de dos meses para cumplir con la legalidad.
Pero PRISA nunca cumplió la sentencia y no se deshizo de las 79 emisoras que adquirió entre 1993 y 1994. El Gobierno, en una maniobra dilatoria, decidió pedir instrucciones al Tribunal Supremo para el cumplimiento de la sentencia. La Sala de lo Contencioso Aministrativo del Supremo respondió a finales de 2002 exigiendo la ejecución inmediata de las sentencias anteriores. Además, a la vista de que el Gobierno estaba retrasando la aplicación de la sentencia, le dice que deje de hacerlo y le acusa de complicidad con el Grupo PRISA. No solo eso, también le exige que restituya la "pluralidad informativa".
El imperio de la comunicación recurrió la sentencia, pero el 1 de diciembre de 2003 el Consejo de Estado dictó una resolución contra el último recurso de PRISA, por lo que la decisión definitiva volvía a estar en manos del gobierno de José María Aznar, que no tomó la decisión de hacer cumplir las reiteradas sentencias del Supremo. El actual Ejecutivo sigue sin hacerla cumplir