Sólo los diputados de la mayoría conservadora apoyaron un texto que acabará con la jubilación a 60 años decidida en 1982 por el entonces presidente de la República, François Mitterrand, y que han defendido intensamente los sindicatos. Así, el texto recogió 329 votos a favor, mientras que 233 diputados, de la oposición de izquierdas y los centristas tradicionalmente aliados con el Gobierno, votaron en contra.
Lo hicieron al término de un maratón parlamentario en el que, unos y otros, utilizaron las armas a su alcance en un tira y afloja que duró toda la noche y acabó a primera hora de la tarde.
La reforma deberá ahora pasar por el Senado, donde puede ser enmendada, aunque allí el partido conservador del presidente Sarkozy también cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante el cuerpo de la reforma, el retraso de la edad de jubilación. Será la siguiente etapa de la vía parlamentaria del texto, que también se enfrenta a una gran contestación en las calles, azuzada por los sindicatos que prometen una movilización cada vez mayor para acabar con la reforma.
Hasta en cuatro ocasiones han convocado ya una huelga general contra este proyecto y, en cada una de ellas, han asegurado superar el número de manifestantes. La última, que tuvo lugar el pasado día 7, reunió, según sus cuentas, 2,5 millones de contestatarios, frente a algo más de un millón, según el Gobierno.
Pese a esa gran movilización, Sarkozy anunció que no tiene previsto renunciar al núcleo de la reforma, aunque abrió la puerta a alguna suavización en lo que se refiere a los oficios más duros y a los cargos más largos. Estas concesiones son juzgadas como insuficientes por los sindicatos, que anunciaron la convocatoria de una nueva huelga general para el próximo 23 en la que esperan demostrar que la oposición a la reforma de las pensiones va en aumento.
La última oportunidad
Es la única oportunidad que les queda de detener el plan de Sarkozy. Los sindicatos recuerdan que la movilización popular hizo ya detener en el pasado planes para retrasar la edad de jubilación: en 1995 con Jacques Chirac en el Elíseo y Alain Juppé al frente del Gobierno y en 2003 con el mismo presidente y Jean-Pierre Raffarin como primer ministro.
El actual presidente ya ha advertido de que no retrocederá ante la presión de las calles y se ha mostrado decidido a culminar una reforma que cree necesaria para hacer sostenibles las pensiones.
La esperanza de vida aumenta, dice Sarkozy, y es necesario trabajar más años para no reventar el sistema, receta que, recuerda el presidente, adoptan todos los países vecinos de Francia, algunos con gobiernos socialistas. Sarkozy, sin embargo, soporta el envite de la calle en medio de toda una tormenta política, con varios frentes abiertos, que amenaza con debilitarlo a menos de dos años de las elecciones presidenciales.
En política interior, la aparición del llamado "caso Bettencourt", un asunto de tráfico de influencias en el que está implicado su ministro de Trabajo, Eric Woerth, también está robando impulso a la acción del Gobierno.
Precisamente Woerth es el encargado de defender la reforma de las pensiones y, en cada debate, tiene que soportar las acusaciones de "mentiroso" de labios de la oposición, que le lanza a la cara revelaciones de la prensa en las que el ministro no sale bien parado.