LD (EFE) El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido continuar el procedimiento contra el ex consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte, el director financiero adjunto Rodolfo Molinuevo y el asesor tributario Estanislao Rodríguez Ponga, como imputados por un delito fiscal tras la compra de parte del Grupo Financiero Probursa (GFP) de México.
En el auto de once folios conocido este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 decidió además archivar la causa respecto al ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, el jefe de la Asesoría Tributaria, Juan Pedro Gil Vera y el director financiero, Luis Javier Bastida.
Esta resolución se produce después de que el pasado 15 de febrero todos ellos compareciesen como imputados ante el juez Baltasar Garzón que, en 2002, abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBV para investigar si en la adquisición del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBBVIIC) se produjo un delito fiscal de 21 millones de euros.
En el auto de once folios conocido este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 decidió además archivar la causa respecto al ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, el jefe de la Asesoría Tributaria, Juan Pedro Gil Vera y el director financiero, Luis Javier Bastida.
Esta resolución se produce después de que el pasado 15 de febrero todos ellos compareciesen como imputados ante el juez Baltasar Garzón que, en 2002, abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBV para investigar si en la adquisición del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBBVIIC) se produjo un delito fiscal de 21 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, además de dar a las partes 45 días para que hagan sus escritos de defensa y acusación –pasos previos al final de la instrucción del sumario–, ha fijado las posibles responsabilidades penales de la operación en el "segundo nivel" de decisión del banco. Así, Emilio Ybarra, el jefe de la Asesoría Tributaria, Juan Pedro Gil Vera, y el director financiero, Luis Javier Bastida, han sido exculpados, ya que, según sus testimonios, desconocían los detalles tributarios de la operación en el momento de ser realizada.
Sin embargo, el auto de once folios del juez Baltasar Garzón afirma que los efectos fiscales de la compra de Probursa "fueron posiblemente conocidos y autorizados" por Uriarte, mientras que Molinuevo, fue el autor de la carta remitida al Banco de España, en la que iniciaba como precio del paquete de 182 millones de acciones 80,71 millones de dólares
El juez corrobora la tesis de los escritos presentados por el Ministerio Fiscal al asegurar que existía una "desproporción" de lo pagado por estas acciones con respecto al precio real, "lo que llevó a contabilizar en BBV una pérdida con efectos fiscales". Según el auto de Garzón, fue Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda, quien "analizó la concreta operación que se le presentó, planteando después, la correspondiente solución fiscal que supuso la obtención de un beneficio para la entidad y un correlativo perjuicio para la Hacienda Pública".
Según Garzón, "no era una eventual hipótesis de trabajo" sino "una situación concreta con datos proporcionados en el seno de la organización" para minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998. Precisamente, el auto agrega que Rodríguez-Ponga estudió las consecuencias fiscales de la compra y "prestó servicios como asesor fiscal específicamente versado en operaciones como la que ha constituido objeto de estas actuaciones".
El magistrado de la Audiencia Nacional desecha también la tesis argumentada por alguna de las defensas de los imputados, en el sentido de que la minoración de cuotas tributarias se vio compensada en los años 1999 y 2000 con determinados ingresos y que, por tanto, no había existido perjuicio a las arcas públicas. En este sentido, fuentes del BBVA han reiterado que "la "operación Probursa" fue correcta, tal como diversos informes lo detallan, entre ellos, uno del Ministerio de Hacienda", y han mostrado su confianza en que "así quede patente a lo largo del procedimiento".
El juez corrobora la tesis de los escritos presentados por el Ministerio Fiscal al asegurar que existía una "desproporción" de lo pagado por estas acciones con respecto al precio real, "lo que llevó a contabilizar en BBV una pérdida con efectos fiscales". Según el auto de Garzón, fue Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda, quien "analizó la concreta operación que se le presentó, planteando después, la correspondiente solución fiscal que supuso la obtención de un beneficio para la entidad y un correlativo perjuicio para la Hacienda Pública".
Según Garzón, "no era una eventual hipótesis de trabajo" sino "una situación concreta con datos proporcionados en el seno de la organización" para minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV en los años 1995 a 1998. Precisamente, el auto agrega que Rodríguez-Ponga estudió las consecuencias fiscales de la compra y "prestó servicios como asesor fiscal específicamente versado en operaciones como la que ha constituido objeto de estas actuaciones".
El magistrado de la Audiencia Nacional desecha también la tesis argumentada por alguna de las defensas de los imputados, en el sentido de que la minoración de cuotas tributarias se vio compensada en los años 1999 y 2000 con determinados ingresos y que, por tanto, no había existido perjuicio a las arcas públicas. En este sentido, fuentes del BBVA han reiterado que "la "operación Probursa" fue correcta, tal como diversos informes lo detallan, entre ellos, uno del Ministerio de Hacienda", y han mostrado su confianza en que "así quede patente a lo largo del procedimiento".