L D (EFE)
En un encuentro con periodistas, Fernández Ordóñez explicó que del total de expedientes, 14.580 corresponden al departamento de Inspección (por un importe medio de 34.000 euros), 9.900 a Aduanas (su media es de 4.000 euros), y 608.000 a Gestión (su cuantía media es de 500 euros).
El secretario de Estado explicó que están paralizados a la espera de que entre en vigor la nueva Ley -el próximo jueves-, ya que el objetivo es aplicar a los contribuyentes infractores la norma sancionadora más favorable. Preguntado por la posibilidad de que existan problemas para notificar las sanciones definitivas a los afectados, Fernández Ordóñez respondió que, a pesar de que existe "cierto embalse" de expedientes, la informática de la Agencia Tributaria está en condiciones de irles dando salida paulatinamente hasta finales de año.
Al respecto, el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, indicó que a partir del 1 de julio comenzarán las primeras notificaciones por correo y con acuse de recibo. El problema está, precisó, en que el período de vacaciones podría retrasar las comunicaciones, razón por la que se está pensando en poner en marcha un "plan de choque" en septiembre, que conllevaría que los inspectores de las oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia trabajaran por las tardes.
En el caso de que los expedientes sancionadores no fueran comunicados antes del 31 de diciembre, caducarían, señaló Luis Pedroche. Otra de las novedades que conlleva la nueva Ley General Tributaria es la responsabilidad subsidiaria de los pagadores sobre sus contratistas y subcontratistas que no estén al corriente de las obligaciones tributarias, resaltó Fernández Ordóñez. El secretario de Estado advirtió de que esa responsabilidad sólo se aplicará para las obras o servicios que se contraten a partir del 1 de julio.
La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, según la Ley. Los contratistas o subcontratistas podrán solicitar los certificados, cuya validez será de doce meses, a través de la Agencia Tributaria, ya sea por internet o en las oficinas. Fernández Ordóñez también descartó que vayan a existir problemas de aplicación de la Ley debido a que los reglamentos que la desarrollan no han sido todavía aprobados por el parón de las elecciones generales del pasado 14 de marzo. Según el secretario de Estado, la ley es muy detallista en el desarrollo de los conceptos, por lo que la falta de aprobación de los reglamentos no debe afectar a su aplicación. Fernández Ordóñez también se refirió a la tributación por módulos, de la que dijo se está estudiando exigir a los empresarios que emiten facturas a otros, en vez de a consumidores finales, un registro de éstas, para evitar que puedan ser falsas.
El secretario de Estado explicó que están paralizados a la espera de que entre en vigor la nueva Ley -el próximo jueves-, ya que el objetivo es aplicar a los contribuyentes infractores la norma sancionadora más favorable. Preguntado por la posibilidad de que existan problemas para notificar las sanciones definitivas a los afectados, Fernández Ordóñez respondió que, a pesar de que existe "cierto embalse" de expedientes, la informática de la Agencia Tributaria está en condiciones de irles dando salida paulatinamente hasta finales de año.
Al respecto, el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, indicó que a partir del 1 de julio comenzarán las primeras notificaciones por correo y con acuse de recibo. El problema está, precisó, en que el período de vacaciones podría retrasar las comunicaciones, razón por la que se está pensando en poner en marcha un "plan de choque" en septiembre, que conllevaría que los inspectores de las oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia trabajaran por las tardes.
En el caso de que los expedientes sancionadores no fueran comunicados antes del 31 de diciembre, caducarían, señaló Luis Pedroche. Otra de las novedades que conlleva la nueva Ley General Tributaria es la responsabilidad subsidiaria de los pagadores sobre sus contratistas y subcontratistas que no estén al corriente de las obligaciones tributarias, resaltó Fernández Ordóñez. El secretario de Estado advirtió de que esa responsabilidad sólo se aplicará para las obras o servicios que se contraten a partir del 1 de julio.
La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, según la Ley. Los contratistas o subcontratistas podrán solicitar los certificados, cuya validez será de doce meses, a través de la Agencia Tributaria, ya sea por internet o en las oficinas. Fernández Ordóñez también descartó que vayan a existir problemas de aplicación de la Ley debido a que los reglamentos que la desarrollan no han sido todavía aprobados por el parón de las elecciones generales del pasado 14 de marzo. Según el secretario de Estado, la ley es muy detallista en el desarrollo de los conceptos, por lo que la falta de aprobación de los reglamentos no debe afectar a su aplicación. Fernández Ordóñez también se refirió a la tributación por módulos, de la que dijo se está estudiando exigir a los empresarios que emiten facturas a otros, en vez de a consumidores finales, un registro de éstas, para evitar que puedan ser falsas.