José Luis Rodríguez Zapatero
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LA CE PIDIÓ AL GOBIERNO QUE LO HICIERA EN MARZO DE 2005

La Comisión Europea lleva al Gobierno ante el Tribunal de la UE por no desarrollar la normativa sobre transparencia

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TUE) Europea por no aplicar en su totalidad la normativa comunitaria sobre transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas. El Ejecutivo comunitario pidió oficialmente al Gobierno, a través de un dictamen motivado en marzo de 2005 que aplicara íntegramente esta directiva, que impone una obligación general de transparencia en las relaciones financieras entre los poderes públicos. Pero España no lo ha hecho, por lo que se abre un nuevo contencioso de Zapatero con la UE, que ya se enfrentan en el TUE por las condiciones a la OPA de E.On

Noticia publicada el 23-03-2007

LD (EFE) La Comisión Europea ha sido muy clara: "España todavía no ha dado curso a esta solicitud", la de desarrollar la normativa comunitaria sobre transparencia, por lo que ha decidido dejar el caso en manos del Tribunal. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha declarado que son los contribuyentes los que "están interesados en que los fondos públicas se utilicen para pagar la prestación de servicios públicos, en lugar de ser desviados ilícitamente para subvencionar actividades comerciales".
 
Por este motivo, continúa, "todos los Estados miembros tienen que aplicar las directivas sobre transparencia para que la Comisión pueda examinar las cuentas de las empresas que prestan servicios de interés general o disfrutan de derechos especiales o exclusivos, comprobando así que no se producen abusos". Las directivas europeas sobre transparencia exigen a los Estados miembros que recopilen y presenten al Ejecutivo comunitario, a petición de éste, ciertos datos financieros de las grandes empresas públicas del sector manufacturero.
 
En sus últimas modificaciones, los requisitos de transparencia se han ampliado para incluir la obligación de llevar cuentas separadas para empresas públicas y privadas que gestionan servicios de interés económico general o tienen concedidos derechos especiales o exclusivos o que realizan también actividades comerciales. Esta modificación dotó también a la Comisión de instrumentos necesarios para instruir denuncias sobre presuntas compensaciones excesivas de los costes del servicio público o subvenciones cruzadas de las actividades comerciales.
 



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