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ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS

Los españoles pagarán a Francia 86 millones por la desidia nuclear de Zapatero

2010 era la fecha límite para que España tuviera un almacén temporal de residuos. Pese a que el proyecto data de 2006, la desidia del Gobierno ha retrasado el plan, lo que supondrá una costosa factura para el país y muchos interrogantes. Debates en Libertad abordará el sábado en LDTV este tema.

MERCEDES R. MARTÍN

En nuestro país se viene hablando de la construcción de un almacén temporal de residuos desde hace años. La fecha límite para que estuviera listo, por varios motivos, era 2010. Sin embargo ya está claro que no estará para esa fecha y está por ver que se logre tenerlo preparado para dentro de dos o tres años.

En el año 2004, muy poco después de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, el Gobierno recibió el encargo de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados de impulsar la construcción de un almacén temporal de residuos (ATC). Tuvo el consenso de todos los grupos, quizás por el hecho de que la construcción de una instalación de estas características resultaba ya inaplazable para el procesado en nuestro país de los residuos procedentes del combustible de las nucleares:

  • "Se insta al Gobierno a que, en colaboración con ENRESA, desarrolle los criterios necesarios para llevar a cabo en España la instalación de un Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado en consonancia con el Plan Nacional de Residuos y a que se impulse el desarrollo de su colaboración en la investigación de la partición y transmutación de elementos radiactivos de larga vida y alta actividad".

El encargo se explicitó después en el VI Plan de Residuos Radiactivos que aprobó el Consejo de Ministros el 23 de junio de 2006. El texto, que recoge una serie de recomendaciones y estudios sobre el estado de los residuos nucleares en España o el estado del desmantelamiento de las centrales, recordaba al Ejecutivo que en “el entorno del año 2010 debería estar en operación una instalación ATC” y apuntaba que “en virtud de los análisis efectuados desde los puntos de vista técnico, estratégico y económico, esta solución se considera como la idónea para el caso español y constituye el objetivo prioritario para los próximos años”.

El Gobierno recogió el guante y comenzó a hablarse del proyecto. El primer objetivo era buscarle ubicación y se inició un periodo de información pública sobre la instalación. Entre cien y doscientos municipios habían solicitado datos sobre el proyecto a comienzos del año 2007, según Efe. Pero en febrero, tras cerrarse esta primera fase, no se abrió la siguiente, en la que debían elaborarse los criterios de apertura de la convocatoria pública para que los ayuntamientos interesados se convirtieran finalmente en candidatos.

La parálisis del plan coincidió con la cercanía de las municipales, que iban a celebrarse en mayo de 2007. El Gobierno prefirió no introducir un debate incómodo en pleno proceso electoral y el proyecto cayó en el olvido. No se ha vuelto a hablar de él hasta las últimas semanas, coincidiendo con el anuncio del cierre de la central de Santa María de Garoña y con el horizonte electoral algo más despejado.

El pasado lunes, Miguel Sebastián, encargado de relanzar el plan, llegó a vaticinar una “pelea por acoger” el almacén de residuos, quizás por la lluvia de millones que le correspondería al municipio en plena crisis económica: los trabajos llevarían a la zona unos 300 empleos, una inversión anual por determinar en el municipio y 700 millones para la construcción del complejo.

Transporte de residuos. Fuente: ENRESA

¿Por qué ahora al Gobierno le entran las prisas por acometer un proyecto abandonado? Puede que el motivo sea que al presidente, tan dado a hablar de residuos cuando critica la energía nuclear, el argumento se le puede volver en contra: el Ejecutivo, hasta ahora, no ha hecho nada por solucionar un problema acuciante para nuestro país se sea o no pronuclear.

Según informa Enresa, la entidad pública encargada de la gestión de residuos nucleares, el almacén temporal de residuos pasaría a contener las siete mil toneladas de combustible gastado en las nueve centrales nucleares españolas, residuos relacionados con el reprocesado de ese combustible y unos 1.900 metros cúbicos de residuos de instalaciones nucleares.

Todos ellos son considerados de alta actividad, con mayor potencia radiactiva y con una vida media de miles de años. Los residuos de baja o media actividad ya tienen un lugar en España donde ser guadados: el almacén de El Cabril.

Todos estos residuos se encuentran, en la actualidad, dispersos en varios puntos. Los generados por cada central están almacenados en las “piscinas” ubicadas en ellas. El problema es que su capacidad es limitada, y la mayor parte de ellas se saturará en pocos años:

Cofrentes: saturación prevista en 2013

Garoña (cerrará en 2013): piscina suficiente para 40 años de operación

Almaraz 1: saturación prevista en 2020

Almaraz 2: saturación prevista en 2022

Ascó 1: saturación prevista en 2013

Ascó 2: saturación prevista en 2014

José Cabrera: piscina suficiente hasta fin de operación (está en proceso de desmantelamiento)

Trillo: piscina saturada en 2003

Vandellós 2: saturación prevista en 2021

Instalaciones de almacenaje de El Cabril. Fuente: ENRESA

También hay residuos fuera de España y su existencia era clave para establecer como fecha límite para construir el ATC el año 2010. Los residuos de alta actividad de la central de Vandellós I, cerrada tras un incendio en 1989, han sido procesados cerca de Aviñón en la empresa Cogema por no disponer nuestro país de un lugar para hacerlo. Sin embargo, el Estado llegó a un acuerdo por el cual cien toneladas de ellos deberían volver a España antes del 31 de diciembre de 2010, fecha en la que se suponía que ya se dispondría de un lugar habilitado para almacenarlos.

El acuerdo, actualizado por última vez por Cogema e Hifrensa (la empresa dueña de Vandellós I) en 2001, establecía, sin embargo, una cláusula de penalización en el caso de que, llegada la fecha límite, España no pudiera aún hacerse cargo de ellos.

Esa cláusula establecía que nuestro país debería pagar un importe diario de 49.545,17 euros por día de retraso desde el día 31 de diciembre de 2010. El importe se revisa mediante una fórmula de actualización, con lo que en la actualidad alcanza los 58.847,68 euros y será más alto cuanto más tiempo transcurra. También en Reino Unido hay residuos almacenados procedentes de la central de Garoña.

Es seguro que nuestro país deberá pagar esa multa: con los más de dos años de retraso que acumula el proyecto, es prácticamente imposible que esté listo para el 1 de enero de 2011 y más que dudoso que lo esté en 2012. De hecho, lo más probable es que el proyecto no se finalice hasta 2014. El retraso arrojará una factura próxima a los 86 millones de euros.

Desde Enresa, subrayan que el almacén es la opción más segura y barata frente a otras posibles, como la construcción de almacenes individualizados en cada central, porque se optimizarían las medidas de seguridad y se reducirían los costes. El Ejecutivo afronta ahora con prisas un debate que hace muchos años que debió haberse abordado.

Debates en Libertad abordará este sábado a las 21:30 horas en LDTV el debate nuclear, tras la decisión del Gobierno de cerrar la planta nuclear de Garoña en 2013.

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