L D ( Agencias) En un comunicado, el presidente de la Mesa, Juan Andrés Melián, indica que la diversidad lingüística autonómica ocasiona problemas en cuestiones como "la señalización de carreteras o aeropuertos".
Así, señala que en varias comunidades autónomas "no se respeta la cooficialidad" con el castellano, lo que supone "una dificultad en los viajes, tanto para los turistas nacionales castellanohablantes, como para los extranjeros".
En ese sentido, Melián califica de "esperpéntica" la "creación en Mallorca de una policía lingüística para imponer el catalán en los restaurantes". "Se trata de un atentado a la lógica y una pérdida de la riqueza que aporta en algunas comunidades el valor añadido de tener varios idiomas oficiales", asegura.
Por último, desde la Mesa del Turismo se recuerda que el carácter disperso de la legislación autonómica relacionada con el sector crea inconvenientes en aspectos como la concesión de subvenciones, la aplicación de beneficios fiscales para la implantación de nuevas firmas turísticas o en los requisitos a exigir a las empresas turísticas.
En opinión de los empresarios, esta variedad de legislaciones "impide una homogeneidad en las estructuras de gestión de las empresas del sector al mismo tiempo que genera un trato discriminatorio en sus derechos y deberes".
La primera fase de la inmersión lingüística consistió en la desaparición total y absoluta del español del ámbito público. Un proceso que comenzó en Cataluña y ha seguido en Galicia (en los años del PP de Fraga en el poder), País Vasco, Baleares y Valencia (también con gobiernos del PP).
Desde hace años en estas regiones han ido despareciendo las señalizaciones en español de carreteras y aeropuertos y la campaña se ha trasladado a la actividad privada. Y ahí es donde ha comenzado a afectar al turismo. El caso paradigmático es del de la aerolínea alemana Air Berlin, la principal operadora del aeropuerto de Mallorca, que se rebeló contra la imposición del catalán para operar en la isla. Una carta del director de la compañía en la que reclamaba simplemente la utilización del español, como lengua oficial, en los vuelos a Mallorca, desataba una furibunda campaña del nacionalismo que llegaba a equiparar a Air Berlin con los nazis, con efectos aún desconocidos sobre la sociedad alemana, principal foco de turistas de las islas Baleares.
Esta campaña para desterrar el español de la actividad privada comenzó con las multas en Cataluña a aquellos comercios y locales públicos (bares, hoteles, restaurantes...) que rotulen en español. Una medida que ya han copiado en el País Vasco y pronto comenzará a plicarse y también se aplicará una parecida en Galicia. En Baleares como denuncia la mesa del turismo se ha creado nada menos que una "policía lingüística" para acosar a los locales turísticos. Y todo cuando el Gobierno –que apoya este tipo de políticas– se aferra al turismo por ser uno de los pocos sectores que, según el Ejecutivo, mejor resiste a la crisis.