L D (EFE) Poco antes, en la Fiscalía cruceña quedó arrestado el boliviano Saúl Encinas Miranda, síndico de Andina, señalado como de los responsables de la operación y que mañana comparecerá ante un juez de medidas cautelares. El allanamiento se realizó en la ciudad de Santa Cruz, en el este tropical del país, donde la compañía hispano-argentina tiene su sede.
Andina y Petrobras, dos de las empresas que proveen gas boliviano a Brasil, son acusadas de un "pacto secreto" que burló la fórmula de reajuste periódico del precio del hidrocarburo enviado a tierras brasileñas, como estipulaba el contrato acordado por las autoridades bolivianas.
El fiscal Hugo Iquise, junto a otros cuatro funcionarios resguardados por una veintena de policías ingresaron a las dependencias de Andina cerca del mediodía de hoy para obtener información que la empresa supuestamente se negó a proporcionar cuando se le solicitó. Iquise sostuvo que los ejecutivos de la firma están acusados de haber firmado un contrato lesivo al Estado y de estafa agravada, que causó a Bolivia un perjuicio por 160 millones de dólares.
El caso fue denunciado hace un mes por Gabriel Camacho, director designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Andina, nacionalizada en mayo pasado por el gobierno del socialista Evo Morales. El fiscal reveló que una docena de personas serán llamadas a declarar en relación al caso. En el momento de la intervención, los principales ejecutivos de Andina, cuyo presidente es el español Luis García Sánchez, no se encontraban en el lugar.
Fuentes de la empresa consideraron irregular y desproporcionado el sorpresivo allanamiento efectuado por los fiscales a sus instalaciones. A pesar de ese rechazo, indicaron que la compañía petrolera hispano-argentina, una de las que mayor inversión ha realizado en Bolivia en la última década, entregó toda la información que los fiscales requirieron.
Las fuentes ratificaron que el denominado "Contrato de Reducción de Volatilidad del Precio de Gas Natural" con Petrobras no causó daño al Estado boliviano porque se pagaron todos los impuestos y regalía establecidas en el país. El citado convenio entre las petroleras fue anulado por Petrobras, a mediados de este mes, con una pérdida de 76 millones de dólares reconocida por la empresa brasileña.
El fiscal Hugo Iquise, junto a otros cuatro funcionarios resguardados por una veintena de policías ingresaron a las dependencias de Andina cerca del mediodía de hoy para obtener información que la empresa supuestamente se negó a proporcionar cuando se le solicitó. Iquise sostuvo que los ejecutivos de la firma están acusados de haber firmado un contrato lesivo al Estado y de estafa agravada, que causó a Bolivia un perjuicio por 160 millones de dólares.
El caso fue denunciado hace un mes por Gabriel Camacho, director designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Andina, nacionalizada en mayo pasado por el gobierno del socialista Evo Morales. El fiscal reveló que una docena de personas serán llamadas a declarar en relación al caso. En el momento de la intervención, los principales ejecutivos de Andina, cuyo presidente es el español Luis García Sánchez, no se encontraban en el lugar.
Fuentes de la empresa consideraron irregular y desproporcionado el sorpresivo allanamiento efectuado por los fiscales a sus instalaciones. A pesar de ese rechazo, indicaron que la compañía petrolera hispano-argentina, una de las que mayor inversión ha realizado en Bolivia en la última década, entregó toda la información que los fiscales requirieron.
Las fuentes ratificaron que el denominado "Contrato de Reducción de Volatilidad del Precio de Gas Natural" con Petrobras no causó daño al Estado boliviano porque se pagaron todos los impuestos y regalía establecidas en el país. El citado convenio entre las petroleras fue anulado por Petrobras, a mediados de este mes, con una pérdida de 76 millones de dólares reconocida por la empresa brasileña.