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La Fiscalía General archiva la demanda de Chaves contra CajaSur

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha dado el visto bueno a la propuesta del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, de archivar la investigación sobre la entidad bancaria Cajasur al no apreciar indicios de delito en la actuación de sus gestores.

(Libertad Digital) Según fuentes judiciales, citadas por la agencia de noticias Europa Press , Cardenal está de acuerdo con la propuesta razonada de archivo de Anticorrupción, al considerar que a la vista de lo que aporta el fiscal Alejandro Luzón y las diligencias practicadas no hay indicios para imputar a los gestores de la caja cordobesa ningún delito. No obstante, el informe de Luzón deja la puerta abierta a imponer una sanción administrativa a la entidad por la presunta utilización de fondos de las arcas de la caja para asuntos personales de sus gestores. Una vez reciba la autorización de Cardenal, Anticorrupción dará por cerradas las investigaciones.

Cardenal autorizó el pasado 3 de marzo a Anticorrupción a investigar la denuncia que presentó la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía contra CajaSur por presunta falsedad documental y apropiación indebida, delitos que fueron detectados por la administración andaluza tras los resultados de la inspección realizada en la caja cordobesa. A partir de ese momento, la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación para, en caso de encontrar indicios de delito en la actuación de la caja andaluza, presentar una querella o denuncia ante los tribunales. Sin embargo, al no encontrarlos ha procedido al archivo de las investigaciones.

La Junta de Andalucía remitió el pasado día 20 de febrero los resultados de la inspección realizada en CajaSur para que investigara la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal, en concreto de falsedad documental sobre la situación económica de la caja y apropiación indebida. La Junta entendía que los documentos de la inspección, que se cerró el mismo día temporalmente, se podían considerar "relevantes" y podrían estar fuera del ámbito financiero y administrativo y encontrarse "en el ámbito penal". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó a la Junta a abandonar esta inspección ya que tampoco encontró ningún indicio de delito.

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