Un año después del apagón de Barcelona, la Generalidad ha multado a Endesa y Red Eléctrica Española con 21 millones de euros. A petición propia, Pizarro, entonces presidente de Endesa, compareció en el parlamento catalán donde presentó documentos que exculpaban a su empresa. También compareció Luis Atienza, de REE, que acusó sin pruebas a Endesa. Pizarro, recordó que fue "la red de transporte" la que no suministró la energía suficiente para dar los servicio que se demandaban.
LD (EFE) La propuesta se elevará finalmente al Gobierno catalán. El Departamento de Economía de la Generalidad ha propuesto una sanción de once millones de euros a Red Eléctrica Española y de diez millones a Fecsa-Endesa por el apagón del 23 de julio de 2007, que afectó a 320.000 abonados de Barcelona, informaron a Efe fuentes conocedoras del expediente sancionador.
La sanción, según el departamento de Economía, les ha sido impuesta porque las empresas incurrieron "en una infracción administrativa muy grave al dejar sin suministro eléctrico a 323.337 abonados de Barcelona y de su área metropolitana durante un máximo de 56 horas y 42 minutos".
Las empresas disponen de dos semanas para presentar sus alegaciones y finalmente la propuesta se elevará al Gobierno catalán que es el competente para imponer la sanción. El proceso de investigación de las causas del incidente comenzó el mismo día del apagón con la instrucción de dos expedientes informativos que se cerraron el pasado 4 de octubre.
A partir de la información recogida en estos dos expedientes, la administración autonómica comenzó el proceso para determinar la responsabilidades del apagón. Durante todo esto proceso, Economía asegura haber hecho las investigaciones pertinentes, analizado informes independientes y estudiado las alegaciones de las compañías. En cambio, la Generalidad todavía no ha dado muestras de autocrítica por el caos que vivió Barcelona el pasado verano.
"Las propuestas de sanción -según Economía- que iniciarán ahora el trámite de audiencia a las compañías, recogen que Fecsa-Endesa, como responsable de la red de distribución, y REE, como responsable de la red de transporte, han cometido una infracción administrativa muy grave".
La actual legislación catalana prevé sanciones de hasta 30 millones de euros por este tipo de infracciones, que están tipificadas como muy graves, y contempla un plazo de quince días para que los sancionados recurran esta propuesta de multa.
Tanto el presidente de Endesa por aquel entonces, Manuel Pizarro, como el de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, comparecieron en el Parlamento Catalán a cuenta del apagón. Durante su comparecencia, Pizarro presentó documentos y pruebas que exulpaban a su compañía. Luis Atienza por su parte se limitó a acusar a Fecsa-Endesa del apagón.
La dirección general de Energía de la Generalidad comunicó el pasado 19 de noviembre de 2007 a las compañías Fecsa-Endesa y Red Eléctrica Española (REE) la incoación de un expediente sancionador por el apagón. La Generalidad ya sancionó en 2002 con 1,2 millones de euros a Endesa por los apagones ocurridos en Barcelona en diciembre de 2001, que afectaron a un millón de personas. Endesa llevó su desacuerdo en aquella ocasión hasta el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que se ratificaba la multa de 1,2 millones.
Cataluña ha sufrido ocho grandes apagones desde 1991, como el ocurrido en septiembre de ese año cuando una avería en un cable de alta tensión situado en la Central Térmica de Badalona causó un apagón al 70 por ciento de la ciudad de Barcelona, así como en las poblaciones de Sant Adrià, Badalona y Tiana.
En agosto de 1993, más de un 80 por ciento del territorio de Cataluña permaneció por la tarde sin suministro eléctrico por una avería en la red básica eléctrica, provocada por la caída de un rayo que incendió la estación transformadora de Fecsa en Torras i Bages, en Barcelona. La avería paralizó los trenes de Renfe, los Ferrocarriles de la Generalitat, el metro de Barcelona, y las centrales nucleares de Vandellós y Ascó y el complejo petroquímico de Tarragona.