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TRAS EL ESCÁNDALO DE MARBELLA

La Junta de Andalucía acentúa el intervencionismo y el control sobre urbanismo

 

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LD (Pedro de Tena) Tras el escándalo urbanístico marbellí, Manuel Chaves decidió intervenir férreamente el urbanismo en Marbella obstaculizando la autonomía local y ayudando, de paso, al candidato socialista en las elecciones municipales, el ex consejero Paulino Plata. Ahora, el PSOE y su gobierno en la Junta extienden lo que llaman "oficinas territoriales de asesoramiento" por diferentes provincias con el fin de controlar absolutamente urbanismo y vivienda. Ya hay 18 en funcionamiento y se espera que haya 44 antes de fin de año.
 
El decreto 255/07 de 2 de octubre de la Consejería de Presidencia creó dicho Comisionado justamente después de haber perdido las elecciones en Marbella. Tras aquella increíble decisión, la Junta designó un comisionado exclusivo para vigilar el urbanismo y la inversión pública en la Costa. Para representar tal figura administrativa sin parangón en la historia andaluza y con sede en Marbella fue designado el ex presidente de la Comisión Gestora marbellí, Diego Martín Reyes, un afiliado al PSOE desde la época de la Transición democrática, y nombrado miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, en 1994, cargo de confianza en el que estuvo once años.

En la obsesión intervencionista de Manuel Chaves, este comisionado debería actuar sobre un área con más de un millón de habitantes distribuidos en los municipios de Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Ojén, Benahavís, Istán, Estepona, Manilva, Casares y la citada Marbella, independientemente de sus Ayuntamientos democráticamente elegidos. Aunque formalmente este Ente debería coordinar su actuación con los delegados provinciales de la Junta de Andalucía con sede en Málaga, los alcaldes de los municipios costasoleños y los representantes de la Diputación Provincial y Gobierno central, en realidad el Comisionado está obligado a informar de forma directa al Consejo de Gobierno a través del titular de la Consejería de Presidencia, Gaspar Zarrías, que de ese modo, podría "vigilar" y "controlar" el urbanismo de la Costa del Sol.

Fue la primera vez que la Administración andaluza crea la figura de un comisionado de estas características. aunque ha habido dos precedentes en los que la Junta se ha inspirado para su creación y concreción jurídica: el Comisionado para el Polígono Norte de Sevilla y el delegado de la Junta en el Campo de Gibraltar y con sede en Algeciras, única ciudad no capital de provincia que cuenta con este tipo de representante.

En febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió admitir a trámite el recurso del Partido Popular contra la decisión de la consejería de Presidencia del gobierno de Manuel Chaves, por decreto, de crear tal Comisionado para la Costa del Sol, una intromisión con escasos precedentes en la autonomía municipal y el resultado de un nuevo ejercicio de intervencionismo especialmente destinado a la ciudad de Marbella, ciudad en la que el Partido Popular ganó las elecciones municipales por mayoría absoluta en 2007.

44 oficinas de control urbanístico

Pero, en vez de rectificar y abandonar ese camino de intromisión en las competencias municipales, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, inauguró ayer la nueva oficina territorial de asesoramiento urbanístico de la comarca de Loja (Granada), que prestará "servicio" a 16 municipios del poniente de Granada que aglutinan una población de más de 73.000 personas. Con la apertura de esta oficina son ya tres, tras la de Órgiva para la Alpujarra y la de Iznalloz para los Montes Orientales, las que ha puesto en funcionamiento la Junta de Andalucía, de las seis instalaciones de este tipo previstas en la provincia de Granada. En los próximos meses, abrirán sus puertas Guadix y Motril, que prestarían servicio a la comarca de Guadix y a la Costa Tropical. 

Con una inversión de casi 150.000 euros y oficialmente, esta nueva oficina territorial ofrecerá asesoramiento, colaboración y asistencia a los municipios en materia urbanística, vivienda y territorial, de modo que lleguen a convertirse en una herramienta importante en el ejercicio de la actividad urbanística que desarrollen, especialmente en las adaptaciones de sus respectivos planes generales. En segunda instancia también debe asegurar el desarrollo equilibrado y conforme a la legalidad urbanística en el ámbito supramunicipal. Por último, y aunque la oficina no tiene como objetivo la atención directa al público, sí estará disponible para atender cuestiones particulares a través de las peticiones de los municipios.

Además el consejero señaló que estas oficinas van a ser un instrumento eficaz para desarrollar el Plan Andaluz de Vivienda, que se ponen en marcha en esta legislatura. De esta forma asesorará, a través de estudios, sobre cuál es la demanda real de vivienda, ayudará a la detección de suelos para poner en el mercado de vivienda protegida y así contribuir a satisfacer el derecho al acceso de los andaluces y andaluzas a una vivienda.

Para el conjunto de Andalucía, Espadas confirmó que para finales de este año se prevé un total de 44 oficinas abiertas, incluidas las 18 que ya están en funcionamiento.

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