(Libertad Digital) España es el país de la Unión Europea más alejado de los objetivos de Kioto. A pesar de ello, el compromiso del Gobierno de reducir las emisiones de CO2 no es total, sino que está muy matizado. La energía nuclear en España evita la emisión de 50.000 toneladas al año de CO2 a la atmósfera, equivalente a lo que emite el parque automovilístico en nuestro país. Y, sin embargo, el Gobierno ha cerrado la central nuclear de Zorita, pese a que podría seguir operando, y ha anunciado que hará lo mismo con Garoña.
Esta política choca con las recomendaciones de los diversos organismos. Es el caso de la Asociación Española para la Economía Energética, cuyo presidente, José Luis Díaz, recordaba recientemente que la energía nuclear es necesaria para reducir las emisiones de CO2. En concreto, UNESA ha recordado que sin la energía del átomo no se puede cumplir Kioto. Además, con la energía nuclear se puede reducir la dependencia energética de Europa y de España o aumentar la diversificación en las fuentes. Las Cámaras de Comercio recuerdan que es importante para garantizar el suministro en España. Recientemente, la canciller alemana Ángela Merkel comentaba irónicamente "Los que quieren abandonar la energía nuclear tendrán que explicar cómo la sustituiremos"
No hay consenso científico
Uno de los mensajes que más se repiten desde las Naciones Unidas, que impulsan el protocolo de Kioto, es que está basado en un consenso científico. Pero lo cierto es lo contrario, no hay consenso sobre la importancia que tenga la contribución humana al efecto invernadero. Una reciente encuesta realizada entre los profesionales del medio ambiente en Estados Unidos, registró los siguientes resultados: El 34 por ciento no está de acuerdo con que el calentamiento global sea un problema serio al que se enfrente el planeta; El 41 por ciento no está de acuerdo con la afirmación de que, el calentamiento "puede atribuirse, en gran medida, a la actividad humana"; El 33 por ciento no está de acuerdo con que el esfuerzo del Gobierno de los Estados Unidos para reducir el efecto invernadero sea insuficiente; Casi la mitad, el 47 por ciento, no está de acuerdo con que acuerdos internacionales como el protocolo de Kioto constituya un instrumento eficaz para combatir el calentamiento global.
A ello hay que sumar cuatro declaraciones públicas firmadas por miles de científicos que expresan sus dudas sobre la relevancia del papel del hombre en el cambio climático o critican el uso político de la ciencia por parte de ciertas instituciones. Es el caso del la Declaración de Leipzig, con que concluyó el Simposio Internacional sobre la Controversia en torno al Efecto Invernadero. Dicen, entre otras cosas, que "las bases científicas del tratado sobre el clima global de 1992 son erróneas y que su objetivo no es realista". Por otro lado, la Declaración de los Científicos Atmosféricos sobre el Efecto Invernadero concluía que " Estamos preocupados porque los activistas, ansiosos por detener el crecimiento de la energía y de la economía, estén impulsando políticas drásticas sin tener en cuenta los cambios recientes en la ciencia subyacente. Nos tememos que esta carreta para imponer regulaciones globales tendrá impactos catastróficos en la economía mundial, en el trabajo, en los niveles de vida y en la salud, las consecuencias más graves cayendo sobre los países en desarrollo y en los más pobres".
A estas declaraciones le siguen dos, las de Heidelberg y la de Oregón. La primera fue firmada por más de 4.000 científicos, entre los que se incluyen 74 premios Nobel, y la segunda por más de 10.000 científicos. La Declaración de Heidelberg concluye que "los mayores males que provienen de acechan nuestra Tierra son la ignorancia y la opresión, y no la ciencia, la tecnología y la industria, cuyos instrumentos cuando son adecuadamente gestionados, son herramientas indispensables para un futuro modelado por la humanidad, por sí misma y para sí misma, para que sobrelleve los problemas importantes, como la superpoblación, el hambre y las enfermedades extendidas por todo el mundo". La Declaración de Oregón, entre otras cosas, que "el acuerdo propuesto tendría efectos muy negativos sobre la tecnología de todas las naciones del mundo; especialmente de aquellas naciones que están en la actualidad intentando salir de la pobreza y ofrecer oportunidades a los 4.000 millones de personas que viven en países tecnológicamente subdesarrollados".
Consecuencias económicas
La aplicación del protocolo de Kioto, efectivamente, está teniendo efectos perversos sobre la economía mundial, que son difíciles de calibrar. Kioto propone unas medidas que son un racionamiento en el uso de hidrocarburos. En el caso de la economía española, el coste podría rondar los 20.000 millones de euros, según un estudio de PriceWaterhouseCoopers. Además supondrá un sacrificio de 600.000 empleos en 2010.