Las televisiones públicas salen muy caras a los españoles. Los políticos de todos los partidos, encantados de tener un medio de propaganda gratuito, han decidido mantener en antena costosísimos entes que derrochan el dinero de los contribuyentes. Ni tienen demasiada audiencia ni son un servicio público (¿por qué televisiones sí y periódicos no, cabría preguntarse?), pero ningún Gobierno estatal o autonómico está dispuesto a renunciar a su uso y disfrute.
Mientras, los ciudadanos siguen actuando de paganinis, a un precio similar o incluso superior al de las buenas ofertas de televisión de pago que existen en España. Es una mordida (dinero obtenido de un particular por un funcionario, con abuso de las atribuciones de su cargo) invisible, que se cobra en los impuestos que los españoles pagan cada día.
Las cuentas salen fácilmente. Según el último informe de Deloitte para Uteca (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), el año pasado cada hogar pagó 61 euros (cinco euros al mes) por ver, en RTVE, programas como Corazón de... o Cuéntame. Pero, si esto puede parecer un coste elevado, palidece cuando se compara con lo que cuestan las televisiones autonómicas, que en 2009 supusieron a cada hogar la asombrosa cifra de 126 euros (10 euros/mes). En total, las televisiones públicas cuestan 187 euros al año a cada familia, casi 15 euros al mes.
Si se enfoca algo más la imagen, el daño al bolsillo de los sufridos contribuyentes es aún más evidente. Por ejemplo, si se divide por autonomías, los habitantes de Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Navarra, comunidades sin televisión autonómica, sólo pagan los 61 euros que les corresponde por RTVE. Por su parte, Telemadrid es la televisión regional menos cara, con 68 euros por hogar y año, por lo que los madrileños salen a 129 euros/año..
Sin embargo, a sus vecinos de el País Vasco, ETB les cuesta 218 euros que, unidos a lo que supone RTVE, les deja una factura de 279 euros por hogar. En Baleares es peor porque la televisión autonómica de las islas sale por 233 euros (294 con RTVE). Vamos, que una familia de Mallorca paga cada mes, a través de sus impuestos, 25 euros para mantener sus televisiones públicas.
Ingresos tv públicas 2007-2009 (Fuente: Deloitte-Uteca)
Tampoco parece que estas televisiones gusten especialmente a los habitantes de las regiones en las que operan. En lo que llevamos de año, las autonómicas no superan, conjuntamente, el 11% de share, menos que La 1, Telecinco y Antena 3. Mirando sólo los entes más caros, ETB apenas llega al 10% con la suma de sus tres canales. Y la televisión balear se gasta 233 euros por hogar para lograr un raquítico 6,3%.
No es extraño, con estas cifras, que en los últimos tres años los ingresos de publicidad en las televisiones públicas hayan caído de 1.032 millones de euros en 2009 a apenas 661 millones. Tampoco es muy sorprendente que, mientras, las subvenciones hayan crecido de 579 millones a 1.362 millones de euros.
Cada uno decidirá si le parece que estos entes son caros o baratos en función de lo que ofrecen. Pero no se puede demostrar si el público está dispuesto a mantenerlos (como aseguran los políticos al mando) porque no compiten en el mercado, como el resto de cadenas, puesto que todas sus pérdidas son asumidas por los presupuestos públicos.
Si se compara con lo que cuesta la televisión de pago en España, también sorprende el nivel de derroche de los canales públicos. Por ejemplo, la opción básica de Canal + cuesta 21 euros al mes, menos de lo que pagan los baleares y los vascos por sus entes públicos.
El paquete total de Digital + sale por 50 euros e incluye películas, series o el fútbol. Orange TV, con más de 30 canales temáticos, entre los que se incluyen varios de deportes y de cine, cuesta 36 euros al mes. Y MoviStar considera que el paquete básico de Imagenio cuesta 10 euros; además, esta compañía oferta televisión, Internet y teléfono por poco más de 60 euros al mes. Hay muchas otras alternativas, especialmente en la televisión por cable, pero resulta curioso comparar los costes de unos y otros... y lo que ofrecen las televisiones públicas y las de pago.
Eso sí, éstas últimas sólo las contratan los aficionados al deporte, al cine o a las series que quieren disfrutar en casa de sus contenidos. Las otras, quieran o no, son de pago obligado, en función de la decisión de los políticos de toda España, que parecen estar muy cómodos con ellas. Claro, como son un servicio público... ¿o más bien político?