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Las CCAA despilfarran 26.000 millones tan sólo en personal y gasto corriente

El lunes se presentó en Madrid el estudio que ha realizado la Fundación Progreso y Democracia y en el que se analiza el exceso de gasto de las comunidades autónomas. El resultado es poco menos que estremecedor: 26.000 millones de despilfarro.

C. JORDÁ
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Carlos Martínez de Gorriarán, Ramón Marco y Jaime Piniés en un momento del acto (C.Jordá)
En un acto en el Ateneo de Madrid, la Fundación Progreso y Democracia, obviamente vinculada a UPyD, presentó los resultados básicos de su estudio El coste del estado autonómico.

Sobre el estrado Carlos Martínez de Gorriarán, Responsable del Programa y Acción política de UPyD, y los autores del estudio, Ramón Marcos y Jaime de Piniés (que también es colaborador de Libertad Digital). En el patio de butacas, unas 250 personas que casi llenaban la sala.

Martínez de Gorriarán fue el encargado de iniciar el acto y lo hizo señalando que, tal y como está funcionando en la actualidad, el estado autonómico es “inviable e insostenible, es un factor que agrava la crisis”. Además, señaló el hecho de que durante la crisis el volumen de las administraciones ha seguido creciendo, mientras que no han mejorado los servicios a los ciudadanos, es decir, que la mayor parte del personal funcionarial se dedica a gestionar la gigantesca administración.

Autonomías sin control

Algo en lo que insistieron todos los participantes en el acto es que es inconcebible que hasta ahora no se haya hecho ningún estudio de este tipo, es decir, que como bien decía Martínez de Gorriarán, “las Comunidades Autónomas son completamente irresponsables, ya que nadie analiza su funcionamiento”.

Ésta fue una idea en la que incidió también uno de los autores del estudio, Ramón Marcos, que reclamó que éste sea un primer paso, que “sirva para romper el hielo” de un área de estudio que “debería haber asumido la administración central o, en su defecto, los grandes partidos”.

Pero no se ha querido hacer esto, como tampoco se ha puesto un poco de orden en una organización territorial que no parece la más lógica: “Tenemos autonomías de unos 300.000 habitantes y otras de más de ocho millones”, señala. Además, “no hay ninguna coordinación” y ni siquiera ha habido un plan predeterminado que se siguiese, sino que “la descentralización se ha hecho a espasmos electorales”.

Marcos recordó algunos datos sorprendentes como que el coste de cada diputado en el Parlamento de Cataluña es prácticamente el doble que el de uno en el Congreso (505.000 euros por 280.000) y señaló cómo hay muchas áreas en las que se podría ahorrar: la inexplicable duplicación de instituciones como el defensor del pueblo o los institutos de meteorología, la publicidad institucional, las televisiones y radios autonómicas, la irracional proliferación de universidades públicas…

Metodología del estudio


El estudio, del que sus autores insisten en que es sólo una primera aproximación, ha tratado de medir la eficiencia y la eficacia de las administraciones autonómicas. Como explicó durante el acto Jaime de Piniés, la primera se ha medido por la relación entre el presupuesto gestionado por cada comunidad y la parte de ese presupuesto que se dedica a su propio funcionamiento. La eficacia, por su parte, se mediría en función de la relación entre el dinero que cada autonomía gasta y el desarrollo del PIB de su región.

Lo más interesante es, probablemente, el apartado dedicado a la eficiencia, pues nos da la medida del ahorro que sería posible sin que los servicios prestados por las administraciones autonómicas se viesen en ningún caso afectados.

Esta eficiencia se ha medido desde una doble perspectiva: el personal empleado en cada comunidad y el gasto de funcionamiento de cada administración, es decir, los capítulos I y II de cualquier presupuesto.

Del análisis de ambos cálculos se obtienen algunos datos realmente sorprendentes, y lo mejor es que éstos no son respecto a un ideal teórico sino tomando como medida lo que hacen en cada apartado las tres comunidades más eficientes, tal y como se hacía, como recuerda Piniés, en el Tratado de Maastricht. Es decir, un objetivo que debería ser más que razonable para todas las demás.

Así, si todas las comunidades fuesen tan eficientes en sus gastos de personal como las tres mejores se podrían ahorrar cada año nada más y nada menos que 12.845 millones de euros, es decir, aproximadamente el 1,2% del PIB español. Y por el otro lado, si en la gestión de sus gastos corrientes fuese tan ajustada como la de las tres mejores autonomías en este campo el ahorro resultante se elevaría a 13.263 millones.

Es decir, que en total y simplemente por mejoras de funcionamiento interno las comunidades autónomas podrían ahorrarse 26.108 millones de euros al año, un descomunal 2,6 % del PIB.

Cataluña, la más derrochadora

En números absolutos la comunidad que más dinero podría ahorrarse sería Cataluña, que encabeza esta clasificación con 5.488 millones de euros, muy por delante de los 3.080 de Andalucía y de los 2.900 de Madrid, si bien hay que señalar que el estudio está elaborado con los presupuestos del año 2008 y desde entonces el gobierno de Esperanza Aguirre ha desarrollado varias políticas de contención del gasto.

Murcia sería la comunidad más ahorradora, ya que lidera todas las clasificaciones de eficiencia (es decir, siguiendo los criterios del estudio no podría ahorrar más), seguida de Ceuta, Melilla y La Rioja.

¿Y quién es eficaz?

Por lo que respecta a la eficacia, el estudio depara algunas pequeñas sorpresas. Así, teniendo en cuenta esa relación entre el dinero que cada autonomía gasta y el desarrollo de su PIB nos encontramos con que Navarra, Murcia, Extremadura y Galicia serían las más eficaces, mientras que Cataluña y la Comunidad Valencia serían las que más malgastan, mientras que Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha se encontrarían en el grupo de las autonomías estancadas: desciende tanto su gasto corriente y de personal como su PIB.

Estos datos, también basados en las cifras del año 2008 son quizá algo más discutibles ya que evaluar el crecimiento por sólo un año o adjudicárselo a la actividad de las autonomías es algo arriesgado, pero también son indicativos, sobre todo para algunas comunidades como Murcia, que vuelve a repetir entre las mejores, o Cataluña, que de nuevo se encuentra entre las peores.

Conclusión: es necesaria una gran reforma

Para los autores del estudio y UPyD la principal conclusión es prácticamente evidente para cualquiera que se acerque a los datos: se hace imprescindible una gran reforma en España, empezando por cambios en la Constitución, pero también en otros aspectos como dotar a la administración central de herramientas para controlar el gasto autonómico o profesionalizar y despolitizar los tribunales de cuentas.

Todo un reto más urgente de lo que podríamos pensar gracias a la crisis pero para el que, por desgracia, los grandes partidos no parecen tener ninguna voluntad política.

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