LD (L. Ramírez) Ésta es una de las principales novedades del Plan de Vivienda 2009-2012 del departamento ministerial que dirige Beatriz Corredor. El Estado sólo tiene competencias en materia de vivienda a la hora de conceder ayudas para la construcción de pisos protegidos, y son las comunidades autónomas las encargadas de legislar en este ámbito.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido dos reformas de calado fundamentales para evitar, en lo posible, los efectos adversos de la crisis. El organismo exige una reforma laboral y que se elimine la política de protección oficial en el sector inmobiliario.
Así, el nuevo plan indica que a las viviendas a precio concertado (un estado intermedio entre las tradicionales VPO y las que se venden en el mercado libre) podrán acceder familias que ganen menos de 45.500 euros anuales.
En esta línea, y con el objetivo de ayudar a los promotores a deshacerse de su excedente de producción, el Gobierno establece que durante 2009 los pisos que se hayan edificado para ser vendidos en el mercado libre podrán considerarse como casas usadas, y, por lo tanto, ser adquiridas como protegidas sin esperar el preceptivo plazo de un año. La fórmula será el alquiler con opción a compra después de cinco años.
Además, durante 2009 Vivienda permitirá que se califiquen como VPO para compra o alquiler las viviendas libres con licencia de construcción anterior a septiembre de 2008, siempre que se ciña los precios fijados en el plan.
El nuevo plan persigue también fomentar la rehabilitación de pisos, para contribuir a impulsar la actividad de la construcción, segmento. En este área se fija alcanzar las 470.000 actuaciones, más del triple que en el plan anterior.
Para ello, contempla subvenciones de hasta 3.400 euros, que podrán ascender a 6.500 euros cuando la vivienda se destine al alquiler durante cinco años.
Victimas del terrorismo y divorciados
Teniendo en cuenta las circunstancias personales, las personas dependientes, los divorciados o separados al corriente del pago de la pensión, las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por situaciones catastróficas, acceden a la categoría de potenciales beneficiarios que ya tenían las familias con menor renta, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados, familias monoparentales con hijos o las numerosas.
Por lo que a las condiciones económicas respecta, podrán beneficiarse del plan familias con ingresos anuales de hasta 45.500 euros (6,5 veces el IPREM) para viviendas protegidas de tipo concertado. En el régimen de VPO especial el máximo de ingresos será 17.472 euros anuales, y de 31.449 euros al año para el régimen general, que incluye ayuda a la entrada y subsidiación del préstamo.
Con la ampliación de los límites de ingresos se persigue garantizar el acceso a la vivienda a rentas medias que hasta ahora no podían beneficiarse del plan, pero tampoco acudir al mercado libre.
Apuesta por el alquiler
Otra de las novedades del nuevo plan de las novedades del nuevo plan es su apuesta por la vivienda protegida en alquiler, de forma que aspira a que el 40% de las nuevas VPO que se construyan se destinen al arrendamiento. El Ministerio confía en contar con unas 100.000 viviendas de nueva construcción y otras 70.000 procedentes de la rehabilitación.
Para impulsar este tipo de viviendas, el departamento que dirige Corredor subvencionará su construcción con 410 euros por metro cuadrado útil. La ayuda también se recibirá cuando se trata de viviendas del 'stock' de pisos libres sin vender que se califiquen como VPO para alquiler.
Además creará nuevos tipos de viviendas protegidas en alquiler, para rentas más bajas, y alojamientos temporales para colectivos como científicos, investigadores y universitarios, entre otros.
Garantías al arrendamiento
Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó este viernes modificar tres leyes con el fin de contribuir al impulso del mercado del alquiler y mejorar su seguridad y fomentar la eficiencia energética de los edificios.
En concreto, se modificarán parte de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Enjuiciamiento Civil con, entre otros fines, dar más agilidad a los procesos judiciales por desahucio e impagos de renta, y resolver el contrato de alquiler si el propietario necesita la vivienda y así lo consignó previamente en el contrato.
En la misma línea, se modificará la Ley de Propiedad Horizontal fundamentalmente para flexibilizar la mayoría requerida para que las comunidades de propietarios afronten la realización de obras de eficiencia energética en sus edificios y viviendas.
El Gobierno espera que el plan entre en vigor con el arranque del próximo año, para que no haya desfase con la conclusión del actualmente vigente, indicó la ministra de vivienda, Beatriz Corredor, en la rueda de prensa posterior al Consejo. En concreto, el proyecto prevé ejecutar en sus cuatro años un total de 996.000 actuaciones, un 38% más en relación al plan actual.