La crisis inmobiliaria ha situado a muchos municipios españoles al borde de la bancarrota. Lejos quedan los tiempos en los que las recalificaciones de suelo y las licitaciones de obras públicas aportaban jugosos beneficios a las arcas consistoriales. Ahora, debido a la falta de previsión de los alcaldes, la caja esta vacía. Si a esto se suma el retraso de la nueva financiación municipal, la mezcla que se produce es explosiva.
Ante esta situación los ayuntamientos han decidido escoger la vía fácil: multar a los ciudadanos por casi cualquier cosa, justificando las sanciones a través de una ordenanza que ha mandado la Federación Española de Municipios y Provincias a los consistorios para dar cobertura legal a todo el proceso. La Policía ya no deberá solo perseguir a los criminales de toda la vida, a los ladrones, agresores, asesinos, violadores y demás calaña. Ahora cualquier ciudadano estará en la mira de las fuerzas de seguridad municipales.
Pero vayamos a lo concreto. Si usted es de aquellos que cuando llega la Navidad coge musgo de un parque cercano para montar un belén, ya puede despedirse de esta actividad. Con la nueva ordenanza será multado hasta con 1.500 euros por esta peligrosa acción. Y esto es tan sólo un ejemplo, según el documento de la FEMP al que ha accedido el diario Expansión y que ha sido publicado por Estela S. Mazo.
La lista es interminable. Las sanciones se producirán si usted decide poner macetas en sus ventanas, si tiende la ropa en su balcón a la vista de la Policía, si lava su coche en la calle, si escupe sobre la vía pública, si tira un papel fuera de la papelera, si riega las plantas fuera del horario establecido por el consistorio en el que viva, o si llama a su hijo para que suba a comer... en definitiva, actitudes que antes se solucionaban con amonestaciones verbales ahora son delitos.
Y los nuevos delitos no se ciñen sólo a acciones que puedan suponer un perjuicio para el medioambiente, la conservación de la vía pública o la contaminación visual y acústica. También se pone coto a las reuniones de personas, siempre que el Policía asignado considere que es “demasiado numerosa”. También llama la atención la persecución de los ciudadanos que emitan malos olores o que tengan demasiado polvo en sus casas, dejando que salga al exterior.
Estas actividades sólo las podrán realizar los poderes públicos, como lo demuestran la cantidad de obras que se están realizando en toda la geografía española que no permiten dormir a los ciudadanos, que les llenan las casas de suciedad y que están terminando de hundir a los pequeños comercios. Como siempre, el sector público tiene el monopolio de actividades que, si las cometen los particulares, son delitos con sus correspondientes multas.
La mayor sorpresa viene cuando se acude a las últimas páginas de la ordenanza y se descubre que los propios vecinos deberán informar de las autoridades de las actividades que puedan ser constitutivas de delito en esta nueva sociedad del miedo. Si un vecino llama varias veces al telefonillo por la noche podrá ser denunciado, del mismo modo que si un vagabundo busca en la basura algo de comer estará cometiendo una infracción perseguible por las autoridades. Todo está listo para crear una sociedad de espías como en los tiempos de la Alemania nazi o de los regímenes comunistas.
Ejemplos de sanciones
3.000 euros por abandonar vehículos en la vía pública, colocar macetas u otros objetos en ventanas o no cumplir las restricciones de riego y llenado de piscinas.
1.500 euros por escupir en la calle, usar petardos o tirar basura fuera del contenedor adecuado.
750 euros por colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los vehículos o por bañarse en la playa cuando haya bandera roja.
500 euros por comprar alimentos o bebidas en puestos ambulantes no autorizados, lo que se hace extensible a cualquier otro tipo de servicio, como los videntes, dibujantes o tatuadores que, con la llegada de la primavera, montan casetas en los parques.
Las arcas están vacías: municipios en bancarrota
Ocho de las 52 capitales de provincia españolas superaron en 2009 el listón de los 1.000 euros de deuda por habitante. El endeudamiento de las entidades locales alcanzó el año pasado un nuevo récord de 34.595 millones de euros, de los que 28.770 corresponden a los ayuntamientos y 5.825 a las diputaciones, consejos y cabildos insulares, según el Ministerio de Economía y Hacienda.
Por encima de todos los entes locales sobresale, de nuevo, el Ayuntamiento de Madrid, que suma casi tanta deuda como todas las demás capitales de provincia juntas. Los 6.777 millones que adeuda Madrid suponen casi la cuarta parte de la deuda de los más de 8.000 municipios que hay en España.