España se enfrenta a una nueva huelga general, sólo que esta vez enfocada en el transporte de mercancías, al igual que aconteció en 2008. El fuerte encarecimiento de los combustibles registrado a lo largo del último año ha impactado con especial intensidad en el sector de los camioneros.
El barril de crudo Brent cotiza este martes a un precio de 95,48 dólares frente a los 45 de hace poco más de año y medio, aunque lejos todavía de los 140 dólares de julio de 2008. La escalada en el precio del crudo ha disparado la tensión en el sector del transporte por carretera, hasta el punto de que las patronales de camioneros barajan ya abiertamente un nuevo "paro nacional".
Los camioneros llevan meses discutiendo esta posibilidad ante el brusco encarecimiento de los combustibles. De hecho, la Agrupación Nacional de Transportes, que aglutina a más de 25.000 socios, ha convocado para el próximo 22 de enero una Asamblea Nacional de representantes autonómicos en Madrid en la que se estudiará abiertamente la convocatoria de un "paro nacional indefinido", según ha podido saber Libertad Digital.
La patronal del sector ha hecho llegar tanto al Gobierno como a los distintos grupos parlamentarios un documento con diversas medidas a fin de paliar esta situación, que califican ya de "insostenible". Según alegan los transportistas, el negocio no resulta rentable con un barril de crudo por encima de los 85 dólares.
Sus principales demandas se recogen en un documento, que ya fue presentando ante el Congreso de los Diputados en 2008, cuando el precio del barril batía récords. Su posterior abaratamiento ofreció un respiro al sector del transporte, pero el continuado alza que experimenta desde hace meses ha vuelto a avivar la tensión.
Los camioneros vuelven ahora a demandar las mismas medidas presentadas entonces (ver documento adjunto) y que el Gobierno no atendió: cumplimiento de las previsiones legales en carga y descarga de mercancías (que los camioneros no tengan que encargarse de esta actividad); exigir el pago de facturas a 30 días mediante la aplicación de sanciones, frente a los 90 días habituales hoy en día; el cobro del servicio por encima de los costes de explotación; facturar los tiempos de espera a partir de 2 horas; combatir el transporte ilegal; atenuar las sanciones de tráfico, que tildan de "abusivas e injustas"; ayudas públicas a pymes...
Además, ahora, más allá de tales demandas, inciden en dos puntos básicos: por un lado, la potenciación de la producción nacional de biocombustibles, cuyo coste es cerca de un 30% inferior al de los combustibles de origen fósil y, por otro, cambios para corregir los "vicios" que, en algunos casos, presenta la normativa aplicable a la carga de mercancías.
Biocombustibles
El sector exige al Gobierno que incentive y potencie la producción nacional de biocombustibles para paliar el encarecimiento del petróleo. Algunas grandes marcas de camiones, tales como Mercedes-Benz e Iveco, garantizan el uso de biodiésel B-100 en sus vehículos. Un número creciente de camioneros apuesta por sustituir el gasóleo por el consumo de biodiésel. Sin embargo, según los transportistas, la producción nacional resulta insuficiente para cubrir la demanda del sector.
En España existen 46 plantas de producción de biodiésel, pero su producción dista mucho de las 100.000 a 250.000 toneladas/año de B-100 que estima el sector para cubrir sus necesidades a corto y medio plazo. El problema es que "en España no hay materia prima (colza) suficiente para satisfacer esta demanda concreta".
Los agricultores españoles no apuestan por este cultivo. La mayoría de países de nuestro entorno aplican "sistemas de cuotas que protegen la producción nacional como Francia, Alemania o Portugal", al tiempo que los biocombustibles procedentes de terceros países (de fuera de la UE) entran en el mercado europeo con "fuertes penalizaciones" fiscales (aranceles), encareciendo así el producto, alegan.
Los transportistas denuncian la falta de incentivos por parte del Gobierno para potenciar dicha producción nacional. Por ello, en esta materia demandan una serie de medidas específicas:
- Prolongar la exención fiscal del tipo 0 aplicable a los biocombustibles (no pagan Impuesto Especial de Hidrocarburos) más allá de 2013, tal y como está estipulado en la actualidad. En concreto, exigen extender esta exención hasta 2018, como mínimo.
- Impulsar los cultivos de colza y/o soja en los terrenos de secano, aprovechando los periodos de barbecho y la rotación de cultivos de cereales. La patronal se "sorprende" de que España cuente con casi 3,3 millones de hectáreas de barbecho de secano (tierra que no se siembra durante uno o más años) que, según demandan, bien podrían aprovecharse para el cultivo de colza y/o soja, materia prima de los biocombustibles, en sustitución del barbecho. "La UE, en general, y España, en particular, disponen de suficiente potencial agrícola para producir biodiésel", a fin de sustituir el consumo de gasolina y gasoil.
España cuenta en la actualidad con cerca de 220.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, frente al millón de hectáreas que se precisarían para abastecer con materia prima vegetal la producción de biocarburantes, según denuncia el sector. Los camioneros apuestan por el consumo de B-100 frente a los combustibles fósiles ante el creciente encarecimiento del petróleo. Esta patronal estima que el 75% de sus asociados podría apostar a medio plazo por el B-100.
"La producción nacional de estos cultivos debe ser incentivada si se quiere evitar que la totalidad de la materia prima proceda del exterior", con su consiguiente encarecimiento, según los documentos que han presentado al Gobierno.
Límites de carga
Entre otros aspectos, el sector también se queja del incumplimiento generalizado que existe en cuanto a los límites máximos de carga que establece la ley. "Se está produciendo un fraude permanente a la norma, toda vez que de hecho, en la mayoría de los casos, los camiones que están moviendo tierras, en obras públicas, transportan más cantidad de la legalmente permitida, toda vez que el conductor del camión no tiene forma de poder saber el peso exacto que le han cargado".
Los camioneros denuncian que, de media, están "transportando un 35% más de la carga legalmente establecida". Exigen que el Gobierno obligue a los cargadores a cumplir estrictamente la ley, lo cual redundaría en más viajes para los camioneros.
Además, señalan que "lo mismo ocurre cuando se solicita la documentación de cada transporte. Por el cargador se alega que no es posible en ese momento y que se facilitará conjuntamente al finalizar la semana".
Estas prácticas "viciadas" hacen que los transportistas trabajen "bordeando la Ley (si quieren seguir trabajando)". Según señalan, cuando son inspeccionados por Tráfico tienen que hacer frente a "importantes sanciones por transportar exceso de carga e, incluso, pagar la sanción correspondiente al cargador si quieren seguir trabajando en esa obra pública".
En resumen, el sector exige al Gobierno nuevas medidas para potenciar la producción de biodiésel nacional, así como algunos cambios legislativos para aumentar el número de viajes mediante el cumplimiento estricto de los límites máximos de carga, entre otros aspectos ya reclamados en 2008. Tras meses demandando estas medidas en privado, ahora fuentes del sector señalan que "hay muchas (demasiadas) probabilidades de que se convoque un paro nacional indefinido del sector del Transportes por Carretera".