La asociación sindical Piensa-Volens, que representa a profesores de instituto andaluces, decidió sumarse a la iniciativa de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (Pepa) y secundar la manifestación que tendrá lugar en Sevilla el día 22 de enero, para rechazar la reordenación del sector público que plantea la Junta de Andalucía, a través del polémico decretazo. Igualmente la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, APIA, se suma a la convocatoria.
"Consideramos que el acceso al funcionariado debe hacerse según los principios de igualdad, mérito y capacidad, como recoge la Constitución", indicó ayer José Aguilar Jurado, vicepresidente de la asociación sindical Piensa-Volens, quien subrayó que dichos principios han de sustentarse en un sistema de oposiciones "justo y libre". Para este colectivo, la Junta "pretende desatender ese mandato constitucional y está dispuesta a colar por la puerta de atrás a un gran número de personas, muchas de ellas familiar o políticamente afines a nuestros gobernantes".
Por si fuera poco -advierte el colectivo y cuenta El Mundo- se auguran nuevos recortes en el sueldo de los funcionarios, y resulta "sangrante que no veamos a los responsables políticos eliminar el gasto innecesario, la propaganda estéril, las subvenciones inútiles y el estipendio de tantos cargos incompetentes".
"Por citar un caso entre miles, en nuestro terreno, la enseñanza, tenemos organismos como la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa que no sabemos para qué vale, pero nos gustaría saber cuánto nos cuesta", señaló el vicepresidente de la asociación sindical.
El sector público "no se puede privatizar alegremente, con criterios arbitrarios, interesados y partidistas, y los auténticos funcionarios, que hemos ganado nuestra plaza por oposición, no estamos dispuestos a pagar el derroche, la ineptitud y la podredumbre de tantos años", añadió.
Mientras, los sindicatos y plataformas de empleados públicos que han convocado la manifestación para el próximo sábado, día 22, mantienen en los mismos términos la protesta contra el Decreto Ley de Reordenación del Sector Público y están ultimando y consensuando un manifiesto conjunto para ese día. Las formaciones convocantes de la manifestación se han unido en un frente común y son CSIF-A, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, CGT-A, SAT, USO y Ustea, entre otros.
APIA se suma
Esa y no otra es la razón de ser de las leyes orgánicas que han regido la educación desde la década de los noventa, o del fracasado e ilegal Programa de Calidad, y del más reciente intento de reglamentar el funcionamiento de colegios e institutos públicos desde posiciones antidemocráticas y profundamente liberticidas. Todas y cada una de las meditadas actuaciones de nuestras autoridades han ido dirigidas contra una profesión docente radicalmente incompatible con sus manejos. Por eso hemos de rebelarnos contra la recientemente creada Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) que, erigida en tribunal inquisitorial, ha asumido la detestable misión de llevar hasta sus últimas consecuencias los delirantes objetivos de los responsables de la educación en Andalucía, violación incluida de los más elementales principios constitucionales.
APIA saluda y aplaude la labor de nuestro socio en FASPI, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA), en su infatigable batalla contra los responsables de la Junta y sus torvos propósitos de conformar una Administración politizada, complaciente y sumisa; sumándonos a la convocatoria de la manifestación.
APIA, que desde su fundación se ha opuesto a los denodados intentos de someter la enseñanza pública a los criterios sectarios de una determinada ideología política (cuyas deletéreas consecuencias estamos pagando todos los ciudadanos), se adhiere a la convocatoria de la manifestación del sábado, en el convencimiento de la necesidad de una respuesta global de la sociedad civil, que ponga coto a los continuos excesos de un poder político peligrosamente exacerbado. Hace ya tiempo que la educación viene soportando las embestidas de esta nomenclatura que ha condenado a la mayoría de la población al deleite de uno de los peores sistemas educativos del mundo civilizado mientras, sin el menor rubor, aleja a sus propios vástagos de tan cuestionable obra; situación –ésta- más en consonancia con los usos y costumbres de las conocidas satrapías del tercer mundo que con un moderno Estado, Democrático y de Derecho. Así dice en un comunicado oficial