LD (EFE) Según Peláez, muchas de estas Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son utilizadas por las grandes fortunas para canalizar sus inversiones, sin cumplir los requisitos exigidos para gozar del régimen tributario especial (las SICAV pagan el 1 por ciento frente al 35 por ciento del resto de empresas).
A su juicio, la posible aprobación en el Congreso de los Diputados, el próximo jueves día 30, de las dos enmiendas introducidas por CiU, se llevaría a cabo de forma "camuflada" ya que coincidirá con la aprobación del matrimonio homosexual, que tiene "más interés" para la opinión pública.
Una de las enmiendas regula la competencia exclusiva de la CNMV para verificar la legalidad de este tipo de sociedades, una circunstancia que Peláez cree que choca con la Ley General Tributaria y con la normativa del Impuesto sobre Sociedades, que otorga a la Inspección de Hacienda la más alta competencia en materia fiscal. La segunda enmienda recoge el carácter retroactivo de esa competencia exclusiva de la CNMV desde 1997, lo que supondría, según Peláez, la anulación de las actas levantadas y el archivo de los expedientes en curso con el consiguiente perjuicio para el resto de contribuyentes.
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado envió una carta, el pasado 21 de junio, a los distintos grupos parlamentarios en la que expresa el "más absoluto" rechazo a esta ley que consideran "discriminatoria" para los ciudadanos y en la que se advierte del precedente que esto supondría para muchas otras parcelas de la regulación tributaria.
Además, la citada Organización dirigió un escrito a la Agencia Tributaria en el que solicitaba la modificación del Plan de Inspección de 2005, con el fin de incluir un número significativo de comprobaciones de estas entidades, una actuación que sería "normal" si se estuviera realizando la verificación de cualquier otro grupo de contribuyentes.
A su juicio, la posible aprobación en el Congreso de los Diputados, el próximo jueves día 30, de las dos enmiendas introducidas por CiU, se llevaría a cabo de forma "camuflada" ya que coincidirá con la aprobación del matrimonio homosexual, que tiene "más interés" para la opinión pública.
Una de las enmiendas regula la competencia exclusiva de la CNMV para verificar la legalidad de este tipo de sociedades, una circunstancia que Peláez cree que choca con la Ley General Tributaria y con la normativa del Impuesto sobre Sociedades, que otorga a la Inspección de Hacienda la más alta competencia en materia fiscal. La segunda enmienda recoge el carácter retroactivo de esa competencia exclusiva de la CNMV desde 1997, lo que supondría, según Peláez, la anulación de las actas levantadas y el archivo de los expedientes en curso con el consiguiente perjuicio para el resto de contribuyentes.
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado envió una carta, el pasado 21 de junio, a los distintos grupos parlamentarios en la que expresa el "más absoluto" rechazo a esta ley que consideran "discriminatoria" para los ciudadanos y en la que se advierte del precedente que esto supondría para muchas otras parcelas de la regulación tributaria.
Además, la citada Organización dirigió un escrito a la Agencia Tributaria en el que solicitaba la modificación del Plan de Inspección de 2005, con el fin de incluir un número significativo de comprobaciones de estas entidades, una actuación que sería "normal" si se estuviera realizando la verificación de cualquier otro grupo de contribuyentes.