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Los movimientos verdes exigen a Zapatero una economía roja en España

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF piden al Gobierno una ley de economía "realmente sostenible". Todas sus propuestas van encaminadas hacia una "planificación" económica verde. Para ellos solicitan más poder y dinero público.

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Ecologista: dícese de aquél que, bajo el argumento de la protección medioambiental, pretende imponer a la sociedad civil un modelo de planificación económica, propio y característico de los sistemas socialistas.

Ésta es la definición que se podría extraer de la lectura del documento presentado este viernes por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, bajo el título Propuestas Ecologistas para una Ley de Economía Realmente Sostenible.

No obstante, las 14 páginas de las que consta el citado documento están salpicadas por términos característicos del lenguaje comunista, tales como “planificación” (aparece seis veces), “implantar” o “planes” (otras 12), “obligatoriedad” (se emplea en dos ocasiones) o “fiscalidad” (otras seis veces). El uso de tales conceptos resume la esencia de la propuesta que será enviada al Gobierno con el fin de imponer en España un modelo de “economía sostenible”. Y es que, a diferencia del resto, nadie mejor que los ecologistas para definir la “sostenibilidad”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Economía Sostenible con el que pretende cambiar el patrón de crecimiento en un horizonte de diez años, orientándolo hacia los sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo, y disminuyendo progresivamente el peso del sector constructor. Sin embargo, si bien los ecologistas aplauden la iniciativa de Zapatero, consideran que aún se queda corto, muy corto.

Así, según los ecologistas, una ley "realmente sostenible" debería “basarse en el respeto a los límites de los ecosistemas y alejar a nuestra sociedad de la obsesión por el crecimiento”. De hecho, el nuevo modelo productivo español debería rechazar el “crecimiento económico como un objetivo en sí mismo”; centrar su modelo energético en la “eficiencia y en las fuentes renovables”; que “minimice la generación de residuos”; que “respete el principio de precaución”; y, “en definitiva, que garantice el respeto al medio ambiente y la equidad social”.

Ahora bien ¿en qué se materializan estas ideas? A continuación, un resumen de las medidas propuestas:

1. Fiscalidad verde

A nivel general, con todas las implicaciones jurídicas y económicas que ello supondría, es “necesario instaurar el concepto de quien contamina paga en todos los ámbitos de la economía, integrando un sistema de fiscalidad verde que dirija los flujos de capital desde las actividades contaminantes a las menos o no contaminantes […] Todo ello con criterios impositivos progresivos y preferentemente directos”.

En concreto, los ecologistas piden “incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos y especialmente sobre las ventas minoristas y los medios de transporte más contaminantes”; equiparar, además, el tipo impositivo entre gasolina y diésel; eliminar el tipo reducido para “productos claramente perjudiciales para el medio ambiente”.

Por el contrario, según estas organizaciones, es necesario aplicar deducciones fiscales para fomentar la “ejecución de obras de mejora energética” en el sector residencial, impulsar el uso de energías renovables, el transporte público, así como potenciar las actividades de I+D+i que promuevan el ahorro de agua, energético y una movilidad sostenible.

2. Cambio climático

También se debiera establecer el compromiso de España de alcanzar un objetivo unilateral de reducción de gases de efecto invernadero para 2020 que vaya más allá del compromiso adquirido en el seno de la Unión Europea (UE) -reducción de emisiones del 40% para 2020 respecto a los niveles de 1990-.

Los objetivos de emisión máxima de CO2 a la atmósfera deberían ser de “obligado cumplimiento para todos los sectores emisores”, lo que permitiría una “planificación” para los sectores económicos. En este sentido, es “imprescindible realizar de forma exhaustiva y rigurosa los cálculos para determinar los flujos de carbono, consultando a toda la comunidad científica”, señala el documento. Así, los ecologistas se encargarían de establecer los límites máximos de emisión y, por tanto, imponer de forma arbitraria la capacidad productiva de cada empresa.

Además, la ley debería aplicar de forma estricta el “principio de precaución” respecto de tecnologías que no representan verdaderas soluciones al cambio climático. Es decir, penalizar su uso en caso de que exista la más mínima duda (no probada) de que exista algún tipo de riesgo o impacto perjudicial para el medio ambiente, por escaso que éste sea.

3. Energía

Las energías renovables han aportado el 26% de la electricidad consumida en España en 2009. Pese a su elevadísimo coste, que tarde o temprano se trasladará a la factura de la luz que pagan los usuarios, el documento establece como objetivo básico elevar la participación de las renovables a “al menos un 30% de la energía primaria para 2020 y un 80% para 2050. Y de “al menos un 50% de la electricidad para 2020 y un 100% para 2050”.

Es decir, propugnan imponer por ley un sistema energético totalmente verde en las próximas décadas. “El potencial de energías renovables en España es tal que se podría cubrir la totalidad de la demanda de electricidad con estas fuentes para 2050, eliminando los combustibles fósiles y la energía nuclear”, indica el texto.

Pero no sólo se queda ahí. Los ecologistas proponen redactar una Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía que establezca un objetivo general de “reducción de la demanda de energía primaria del 20% para el 2020 respecto a 2005”, así como la fijación de “criterios ambientales en la planificación de las redes eléctricas” para reducir su impacto sobre los espacios protegidos y la biodiversidad.

4. Transporte

Los ecologistas piden al Gobierno paralizar su plan de infraestructuras y adaptar todos los proyectos a “objetivos de sostenibilidad”, exigiendo “estudios económicos de coste-beneficio que internalicen los impactos ambientales que causan, con umbrales realistas de viabilidad ambiental, social y económica por debajo de los cuales el proyecto se declare inviable”.

De forma encubierta incluso abogan por el proteccionismo comercial. Así, piden medidas concretas, sin especificar cuáles, para “fomentar los mercados locales frente a los globales” y así “reducir la movilidad de las mercancías”. También en este ámbito, los grupos firmantes apoyan subir los impuestos a los “vehículos más contaminantes y más ineficientes desde el punto de vista energético”.

Por otro lado, exigen elaborar una “Ley de Movilidad Sostenible” para diseñar los servicios de transporte colectivo urbano en las ciudades con más de 20.000 habitantes. Más curioso si cabe, es la propuesta de imponer obligatoriamente “planes de movilidad para reducir el uso del automóvil” tanto en los centros públicos como privados “con más de 200 trabajadores”.

5. Urbanismo y vivienda

En resumen, la idea consiste en “frenar” la ocupación de más superficie de suelo rústico, “limitando el crecimiento urbanístico” y “primando el uso de suelo urbano existente”, y evitar los chalets con “jardín” o “viviendas de granes superficies” que requieran “altos consumos energéticos o de agua”.

En concreto, piden subir el Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas vacías, y penalizar fiscalmente (más impuestos) “la construcción y adquisición de viviendas unifamiliares”. A cambio, proponen crear un patrimonio público de vivienda social permanente, pero eso sí, cuyas transacciones no supongan generación de plusvalías.

6. Otras propuestas

El documento de los ecologistas concluye con una batería de medidas de diversa índole. Entre otras, destacan las siguientes: “eliminar el silencio administrativo positivo”; evaluar el impacto ambiental de todo tipo de proyectos y actividades económicas; reimplantar la obligación de solicitar licencias administrativas para la apertura de negocios, rechazando así la Ley Ómnibus aprobada en Bruselas, entre otras.

Ahora bien, si algo destaca, es la petición al Gobierno de un mayor reconocimiento en la Ley de Economía Sostenible a las organizaciones ecologistas. Para ello, solicitan medidas para “apoyar y potenciar” su actividad en defensa del Medio Ambiente. ¿Cómo?: apoyar “financieramente” su actividad “aumentando el porcentaje del IRPF” que reciben este tipo de entidades.

Y, por si ello fuera poco, aplicar incentivos fiscales (menos impuestos) para promover “el asociacionismo y la donación [de dinero y bines] a estas entidades”. Es decir, más dinero público e incentivos fiscales para los ecologistas, mientras exigen más impuestos y "planificación" económica para el conjunto de las familias y empresas españolas.

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