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OPINIONES ENFRENTADAS SOBRE LA SENTENCIA DEL SUPREMO

Los notarios dicen que la anulación de su Reglamento favorecerá el fraude fiscal y los registradores lo niegan

Posiciones enfrentadas acerca de la anulación parcial del reglamento notarial por parte del Tribunal Supremo. Los notarios advierten de que la sentencia, que califican de “inaudita”, favorecerá el fraude fiscal. Mientras, los registradores califican tal interpretación de "interesada, equivocada y falsa”, y señalan que la seguridad jurídica está garantizada.

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(Libertad Digital) La reacción que ha levantado la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la anulación de parte de su articulado fue inmediata. El Tribunal Supremo anuló el pasado 20 de mayo una veintena de artículos del reglamento notarial por considerar que debían ser tratados en una norma con rango de Ley, a raíz de un recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.
 
Una decisión muy criticada por los notarios porque supone, en su opinión, la desaparición de su función de control de la legalidad, ya que se les exime de comprobar que un documento se ajuste no sólo a lo pretendido por las partes, sino a lo establecido en la Ley.
Ayer, el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño, afirmó que los notarios acatarán esta sentencia, y agradeció al Ministerio de Justicia la celeridad con la que ha anunciado que impulsará con la mayor urgencia la adopción de medidas legislativas para subsanar las “deficiencias” apreciadas por el Alto Tribunal.
 
Sin embargo, según los notarios supone la desaparición de su función de control de la legalidad, lo que “favorecerá el fraude fiscal y el blanqueo de dinero”. La Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal aprobada por el Gobierno en la pasada legislatura redobla las exigencias de los notarios para tratar de prevenir y denunciar este tipo de delitos tributarios.
 
Cuestiones "formales"

La anulación se ha producido por cuestiones meramente “formales”, según recordó  Marqueño al igual que el Ministerio de Justicia. Explicaron que el Alto tribunal no cuestionaron la regulación establecida en el Reglamento, sino únicamente su rango, que debe ser de ley.

El presidente del Consejo del Notariado ha indicado que hasta ahora, el notario, antes de autorizar un documento, tenía que comprobar que se ajustaba no solo a lo pretendido por las partes sino a lo establecido por la ley, control que desaparece con lo dispuesto en la sentencia.

Ahora, ha añadido Marqueño, al no controlar la legalidad y no implicarse, el notario solo es un testigo, por lo que los actos de fraude fiscal y blanqueo de capitales serán mayores al no existir esta función de prevención.

Por su parte, los registradores acusaron hoy a los notarios de hacer una interpretación "interesada, equivocada y falsa" de la anulación por parte del Tribunal Supremo, al tiempo que negaron que esta situación beneficie a los blanqueadores ni cree inseguridad jurídica.
 
La seguridad jurídica está garantizada, según los registradores

El decano-presidente del Colegio de Registradores de España, Eugenio Rodríguez Cepeda, aseguró que la sentencia del Supremo no abre la puerta a que se relajen los controles contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero, ya que los notarios siguen obligados a ello por otras normas como la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Por ello, Rodríguez Cepeda criticó la "reacción desproporcionada" que han hecho con estas cuestiones sensibles los responsables del Notariado. "La pretendida inseguridad jurídica que aducen no existe", declaró en una rueda de prensa Rodríguez Cepeda, quien sostuvo que la anulación de parte del reglamento notarial "no ha levantado la veda a los blanqueadores porque ningún control se va a relajar".

 En este sentido, Rodríguez Cepeda aseguró que la función de "control de la legalidad" del notario "está puesta en entredicho desde el mismo momento en que se puede elegir notario", aunque negó que estas críticas mutuas de notarios y registradores reflejen una "guerra corporativa".

El decano-presidente sí admitió que "puede tener un punto de inseguridad" la anulación del archivo de revocación de poderes (en manos de los notarios), especialmente en las transacciones civiles.
 
Escasa colaboración en el envío telemático de documentos

No obstante, insistió en que el "lugar natural" para situar ese archivo es un registro, que es el que puede proporcionar a su juicio la mayor seguridad jurídica y el acceso más fácil, al estar digitalizado.

Los registradores también arremetieron contra los notarios por su escasa colaboración telemática, ya que sólo envían por este canal el 10,6 por ciento de los documentos autorizados por los notarios, según relató el director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio, Gonzalo Aguilera.
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