LD (Lorenzo Ramírez) Tras el credit crunch llega el crowding out a España. Cualquier desplazamiento del sector privado ocasionado por la actuación del sector público en la economía supone una limitación importante para las familias y las empresas.
Puede consistir, por ejemplo, en medidas legislativas y ejecutivas propuestas para impulsar al sector público, las cuales absorben una parte considerable del ahorro interno desplazando al sector privado. O como, en el caso que nos ocupa, cuando el poco crédito disponible va a las Administraciones Públicas.
Es lo que se conoce como crowding out, o efecto desplazamiento, y sucede cuando un gobierno, comunidad autónoma o ayuntamiento tiene déficit presupuestario y debe endeudarse para resolverlo. La expresión inglesa nace de la traducción de "crowd" (populacho, multitud, gentío), que son quienes ahora quedan fuera del flujo crediticio; y el término "out", salida o expulsión.
Las cuentas trimestrales que algunas entidades financieras ya han realizado certifican esta voracidad crediticia de la Administraciones Públicas, en detrimento de las familias y empresas.
Un hecho que contrasta con los mensajes políticos que han lanzado todos los partidos. PSOE, PP, IU y las formaciones nacionalistas reclaman a bancos y cajas que den crédito a los hogares y a las pymes, pero, debajo de la mesa, el sector público es el que aumenta de forma desproporcionada los préstamos recibidos.
Voracidad crediticia de las Administraciones
Aunque todavía no se han presentado las cuentas de todas las entidades financieras, relativas al primer trimestre, la tendencia es clara. El crédito a las Administraciones Públicas concedido por el Banco Popular ha crecido un 144% respecto al primer trimestre del pasado año, hasta los 568,55 millones de euros, mientras que los créditos a “otros residentes” -es decir, familias y empresas- ha repuntado un 4,8%.
En el caso de Banesto, los préstamos al sector público se han disparado un 50,4%, hasta 1.268,31 millones de euros, frente al tímido repunte del 0,2% de los créditos concedidos al sector privado. BBVA, por su parte, ha elevado los préstamos a las Administraciones Públicas un 11%, mientras que los concedidos a familias y empresas se reducen un 1,2%.
En el caso del Grupo Santander, la inversión crediticia del sector público repunta un 37,6%, hasta 7.514 millones de euros, una tasa de crecimiento que contrasta con el 0,6% de subida de préstamos al sector privado.
El quinto banco que ha presentado sus resultados, Bankinter, es el único que reduce el peso del sector público en su cartera crediticia, al registrar una caída del 50,6% en sus préstamos a las Administraciones. En el caso de los préstamos al sector privado la bajada es del 3,25%.
A pesar de este aumento de los créditos concedidos al Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, los valores absolutos demuestran que el peso que tienen los hogares y las compañías en la cartera crediticia del conjunto del sistema financiero es todavía mucho mayor que el del sector público.
Familias y empresas tienen el grifo cerrado
En los últimos años han sido las familias y las empresas las que se han endeudado para comprar bienes y servicios y el sector público se ha limitado a poner la mano para recoger impuestos. Ahora, la tendencia se invierte.
En 2008, el crédito nuevo concedido a los hogares -lo que lo expertos denominan flujo efectivo- ha caído en nada menos que un 61% respecto del año anterior. Si la lupa se pone sobre los préstamos a las empresas, la caída es algo menor, pero igualmente significativa: la financiación de las sociedades ha retrocedido nada menos que un 35%.
Los datos los publica el Banco de España y no dejan dudas sobre el alcance que ha tomado la restricción crediticia, que se está cebando con una especial virulencia en el caso de los hogares. Si a lo largo de 2007 bancos y cajas prestaron a las familias 97.497 millones de euros adicionales a las deudas que ya tenían contraídas (917.571 millones de euros), en el último año la cantidad prestada por las entidades financieras se situó en tan sólo 38.534 millones. Es decir, bastante menos de la mitad que el año anterior.
La garantía del sector público: el bolsillo del ciudadano
Según los bancos y cajas, el hecho de que el grifo del crédito siga cerrado tiene que ver con el deterioro de la solvencia de los agentes económicos, en particular las empresas y las familias, que tienen por delante duros años de ajuste. Es decir, que se pasa de un escenario en que no existía aversión al riesgo a otro en el que las entidades se han vuelto especialmente temerosas.
De esta manera se intentar limitar el impacto de la morosidad. Pero en el caso del sector público las garantías no son necesarias, ya que, en último término quienes devolverán esos créditos serán los ciudadanos con sus impuestos.