Negación, resignación y aceptación. Éstas son las fases emocionales que atraviesa el sector de las cajas de ahorros en España. En un primer momento, la patronal del sector (CECA) insistió en la fortaleza y solvencia de las entidades, negando por activa y por pasiva el reconocimiento de cualquier tipo de problema derivado del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero la realidad se acabó imponiendo, y los mensajes optimistas dieron paso a las presiones por parte del Banco de España para iniciar un complejo proceso de fusiones.
Durante meses, los gobiernos regionales rechazaron las fusiones interregionales a fin de mantener el control de sus brazos financieros. Poco duró. El pasado verano, PP y PSOE acordaron reformar la Ley de Cajas de Ahorros para eliminar tales obstáculos e impulsar así el proceso. Con esta primera ronda, aún en marcha, se prevé que el número de cajas pase de las 45 existentes en 2009 a un total de 17. Hasta el momento, la mayoría de estas fusiones se ha efectuado mediante la constitución de los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), en el que están implicadas 22 entidades.
Sin embargo, la apuesta por esta particular figura híbrida no está dando los resultados previstos. Esta solución "no funciona", tal y como explica Luis Garicano, profesor en la London School of Economics y miembro destacado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los SIP, o fusiones frías, no son otra cosa que una unión de cajas, en la que cada entidad conserva su marca y su respectivo consejo de administración, pero que cuenta con una especie de fondo compartido para fortalecer la solvencia de las más débiles.
El fiasco de los SIP
Esta vía no está solventando los "tres frentes" que deben afrontar las cajas: exceso de capacidad (oficinas y personal); acumulación de activos dudosos (crédito inmobiliario); y escasa capacidad profesional de sus respectivos consejos de administración, debido al control mayoritario que ejercen políticos y sindicatos.
1. Exceso de capacidad: las cajas fusionadas están reduciendo plantilla por la vía de la jubilación anticipada, con remuneraciones superiores al 85% del sueldo corriente e igualación al alza de los salarios de las entidades fusionadas. Además, "por la parte alta del escalafón de las cajas no parece que la tendencia sea a reducir plantilla y buena parte de las competencias estarán duplicadas", indica Garicano.
2. Balances: la exposición del sistema financiero al sector inmobiliario se mantiene en los 325.000 millones de euros. Así, "por el lado de los activos malos tampoco se esperan grandes progresos. Las fusiones van a servir para compartir solvencia y como excusa para tomar prestado del FROB, pero el problema sigue ahí".
De hecho, según Garicano, los SIP añaden dos efectos negativos: "opacidad" en los balances de las cajas fusionadas e incertidumbre en el mercado ante la incomprensión de esta figura jurídica; además, "estamos creando entidades cada vez más grandes y sistémicas".
3. Gobierno Corporativo: los SIP no han mostrado ningún avance en esta materia sino, más bien, todo lo contrario. Los políticos siguen controlando las cajas fusionadas. "Con los niveles de tolerancia al riesgo e incertidumbre bajo mínimos, cualquier cosa que huela a politización, luchas de poder o falta de profesionalidad va a espantar a cualquier inversor razonable", destaca Garicano. "Los consejeros a cargo del negocio bancario, es decir, el consejo del Banco-SIP que se ocupará de la operativa del banco, va a estar compuesto por políticos". Así pues, nada ha cambiado.
¿Conclusión? La primera ronda de fusiones fracasará. Las nuevas entidades no lograrán el objetivo pretendido: captar y ampliar capital privado para reforzar su solvencia mediante la emisión de cuotas participativas. "¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un fondo de inversión activista por una participación en una caja y un asiento en el consejo? Si los compañeros de viaje son 20 políticos, seguramente, muy poco", responde Garicano.
Hasta tal punto esto es así que el Banco de España pretende ahora que las 22 cajas implicadas en los SIP se conviertan en bancos, según publica este miércoles ElEconomista. Las entidades que participan en este tipo de fusiones se convertirán en bancos con el traspaso de la totalidad de los activos de sus integrantes, y las cajas se dedicarán sólo a la obra social gracias a los dividendos que recibirán por sus participaciones en los SIP.
Conversión formal en bancos
La idea consiste, pues, en seguir el modelo iniciado por Cajastur. El SIP Cam-Cajastur-CCM-Caja Cantabria-Caja Extremadura aprobó ayer el traspaso total de sus activos a un banco de nueva creación, de modo que las cajas se dedicarán a la obra social.
¿Problema? Las entidades integrantes del Banco-SIP seguirán manteniendo su estatus jurídico de cajas. Es decir, el control mayoritario del banco privado seguirá en manos de las cajas y, por tanto, de los políticos.
La historia demuestra que esta segunda fase o ronda que ahora pretende impulsar el Banco de España también fracasará. Y es que, por mucho que formalmente operen a través de bancos privados (con acceso, por tanto, al mercado de capitales) los políticos seguirán controlando la entidad. Las cajas seguirán siendo cajas, lo cual significa que poseerán más del 50% del capital del banco.
La experiencia italiana
Experiencias recientes de reestructuración de cajas, como la vivida en Italia en los años 90, demuestran que esta vía tampoco resolverá el problema. Italia inició la privatización de sus cajas de ahorro (hasta entonces entes públicos) a principios de los años 90. En primer lugar, se permitió que las cajas emitieran cuotas participativas para captar capital, pero los inversores no mostraron interés, así que esta vía fracasó.
En una segunda fase (Ley Amato), las dos almas de las cajas de ahorro, el negocio bancario y la obra social, se separaron formalmente pero, en realidad, siguieron íntimamente conectadas ya que el control del banco (ente privado) seguía en manos de las fundaciones constituidas por las cajas (en manos de los políticos), con lo que la iniciativa para captar más fondos tampoco funcionó.
Y es que, "la fundación (caja) mantenía el control de la nueva sociedad bancaria por acciones [...] La adopción del modelo de sociedad por acciones supuso la privatización formal de la banca pública, aunque no la sustancial, ya que el capital suscrito seguiría siendo en principio total o mayoritariamente de titularidad pública", tal y como explica Lupicinio Rodríguez, socio director de Evershelds Lupicinio, en un estudio de 2009.
"La separación entre la fundación y la sociedad bancaria no eliminaba la influencia política sobre la banca, ni permitía a la fundación realizar su propia función de ente sin ánimo de lucro". Éste es, precisamente, el modelo que ahora pretende implementar el Banco de España.
La privatización real del sector llegó a Italia en 1998, con la Ley Ciampi-Visco, ya que propugnó "la definitiva separación de las fundaciones (cajas) de las sociedades por acciones (bancos)". Esta completa división fue la que precipitó la privatización total de las cajas de ahorro italianas.
Fundaciones y privatización total
La nueva Ley de Cajas española contempla esta posibilidad mediante la transformación jurídica de la caja en fundación. Sólo en este caso, la caja (que ya no sería tal) cedería todo su negocio como entidad de crédito a un banco en el que participa, pero de forma minoritaria. Es decir, la caja o SIP podría vender más del 50% de su capital a socios privados (una privatización total en la práctica), pero perdería su condición de caja, ya que estaría obligada a convertirse en una mera fundación dedicada a obras sociales (sin cartera industrial).
Por el momento, el Banco de España quiere que las cajas cedan todo su negocio crediticio a un banco, pero manteniendo su estatus de caja y, por tanto, el control sobre la nueva entidad privada. Todo apunta a que esta fórmula tampoco logrará captar el nuevo capital necesario, según los expertos. Sin embargo, supone el paso previo a la privatización total de las cajas, ya que si venden más del 50% del capital del banco están obligadas por ley a convertirse, jurídicamente, en meras fundaciones, cambiando así su actual estatus.
Así pues, la experiencia italiana de los 90 apunta a que las cajas de ahorros españolas están condenadas a desaparecer si realmente pretenden captar el capital privado que precisan para sanear y fortalecer sus balances. Eso siempre y cuando no sean rescatadas con dinero público y, pese a ello, el Gobierno permita que sigan manteniendo su estatus jurídico de caja.
La Caixa podría ser la primera en abrir la espita de la privatización total. Y es que, al menos, la entidad "está abierta a todas las posibilidades" que contempla la Ley de Cajas, incluida la de convertirse jurídicamente en una fundación dedicada en exclusiva a la obra social mientras traspasa todo su negocio, oficinas y activos a un banco privado.