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CONSIDERA "PREOCUPANTE" LA SENTENCIA

Pumpido está seguro de que "los Albertos" cometieron un delito que no había prescrito

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido ha rechazado la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Constitucional sobre los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, acusados por el Tribunal Supremo de un delito de estafa y falsedad mercantil, que el Constitucional considera probado, pero prescrito. Según dijo, discrepa "radical y profundamente" de esta resolución, porque, además de que "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa", no protege a las víctimas.

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LD (Europa Press)   "Discrepo total, radical y profundamente de la sentencia dictada por la Sala Segunda de Tribunal Constitucional, es muy preocupante ya que se le da la vuelta a la tutela judicial efectiva que es un derecho que debería proteger a las víctimas de la estafa", aseguró el fiscal general del Estado durante la presentación de un seminario bilateral entre España y Gran Bretaña en el que se debatirá durante hoy y mañana sobre La Orden Europea de Detención.
 
Conde-Pumpido, en declaraciones a los medios, lamentó que la sentencia del TC vaya a permitir a "los Albertos" quedarse con el dinero de la estafa y reivindicó que la propia sentencia absolutoria "ratifica que la condena del TS se dictó con todas las garantías y por lo tanto ratifica que había pruebas de un delito de estafa y otro de falsedad".
 
"Convencido de que estos delitos existen y que no habían prescrito"
 
"A mi entender, se incurre en un exceso muy preocupante en contra del criterio del Tribunal Supremo y por lo tanto creo que los condenados se quedarán con el dinero de la estafa", insistió. En este sentido, defendió el criterio ejercido por el Ministerio Público desde el principio recordando que "la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ya sostuvo la acusación por los delitos de estafa y falsedad mercantil contra estas dos personas". "Yo estoy completamente convencido de que estos delitos existen y que no habían prescrito de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo", dijo.
 
Por último, Conde-Pumpido rechazó que el Tribunal Supremo hubiese incurrido en "ningún tipo de vulneración de derecho constitucional y reivindicó la sentencia condenatoria del Alto Tribunal que reconoció "el derecho de las víctimas a cobrar la indemnización correspondiente".
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