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PRIMER PROGRAMA EN LDTV: EL SISTEMA FINANCIERO

Recarte: "El sistema financiero es un sector intervenido, regulado y oligopolístico"

El pasado 5 de agosto, Libertad Digital comenzó a publicar por entregas un ensayo elaborado por el economista y presidente de LD, Alberto Recarte, titulado “Crisis financiera internacional y crack económico español”, en el que se analizan los efectos que tiene la restricción de liquidez en nuestro peculiar sistema financiero. Ahora, en el primer programa elaborado por LDTV, al que seguirán más entregas, Recarte recuerda que el sector financiero es un oligopolio dirigido por los bancos centrales. Además, señala que suspenderán pagos promotores, por la expansión crediticia garantizada con activos cuyo valor ha caído estrepitosamente con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, como es el caso del suelo.

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(Libertad Digital) Tras el éxito del informe –acumula más de 120.000 descargas- LDTV inicia una serie de cuatro programas los martes a las 22:00 horas. En la primera edición Recarte conversó con el economista Juan Velarde y el redactor jefe de Expansión, Carlos Cuesta, en un espacio conducido por el presentador Dieter Brandau.
 
Como expresó el director de "La Mañana" de COPE. Federico Jiménez Losantos, al inicio del programa, el que ya se denomina como “Informe Recarte” es la “obra de un intelectual y un desafío” para los analistas. En la génesis del ensayo, su autor “tuvo dudas sobre su publicación”, ya que “los datos que se incluían eran casi catastróficos”. Finalmente, Recarte decidió seguir adelante con el proyecto y “se atrevió a mirar la realidad de cara en la búsqueda de la verdad”.
 
“Hay que reconocer la gravedad de la situación aunque sea impopular”, sentenció Losantos, pero, ¿a qué realidad nos referimos?. La respuesta no es sencilla, pero se puede resumir en que Gobiernos, empresas y familias, pensaron que los tipos de interés siempre serían bajos, que habría crédito barato y abundante para todos y que el valor de los activos –fundamentalmente los inmobiliarios- no pararían de subir. Y estas tres premisas no se han cumplido.
 
En España, la crisis comenzó un año antes de que la ola generada por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EEUU (subprime) hundiera los cimientos del sistema financiero mundial, en contra de lo que defiende ahora el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vicepresidente económico, Pedro Solbes.
 
Los excesos de la economía española, que ha basado su crecimiento en la expansión del sector inmobiliario, han puesto a España en una posición muy difícil ante la restricción de crédito en los mercados internacionales. Y el abultado déficit exterior ha obligado a España a acudir precisamente a estos mercados para poder financiar el crecimiento.
 
Ahora, con la crisis subprime, ya no es tan fácil endeudarse, y no es posible pedir créditos al exterior. Como señaló el economista y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del CEU, Juan Velarde, tras la crisis bancaria de los años ochenta, las entidades financieras se han beneficiado de los efectos de la globalización financiera y los tipos de interés bajos “para financiar el consumo y la inversión”, acudiendo a los mercados internacionales “para financiar el abultado déficit exterior”.
 
Pero ahora, “se cierra el grifo y el momento es muy delicado”, generándose un efecto de bola de nieve”.
 
Más consumo e inversión que ahorro
 
Recarte completó este argumento precisando que los que se han endeudado principalmente “han sido las familias y las empresas, no tanto el sector público”. “En España nos hemos gastado un 10 por ciento más en consumo e inversión de lo que hemos generado”, fundamentalmente “gracias al ahorro de los ciudadanos extranjeros”, en referencia a los ciudadanos que viven en la Unión Europea y que, gracias a la entrada del euro, son miembros del mismo sistema económico.
 
En cuanto a las entidades financieras, Recarte explicó que el negocio en España “es fundamentalmente minorista”, es decir, con bancos y cajas que “tienen una enorme capilaridad” y que se dedican a captar depósitos y otorgar créditos; sin que exista mucho peso específico de banca de inversión o del sector asegurador, en comparación con los países anglosajones. Por ello, los efectos de la crisis subprime no son como los que sufre EEUU, ya que “con la crisis de liquidez, que se va a convertir en crisis de solvencia, nuestro modelo de banca tradicional es diferente al del resto del mundo”.
 
Así, en España “se ha producido un exceso de inversión inmobiliaria”, que no solo afecta al sector constructor, sino que se recrudece en la promoción de viviendas, con empresas que tienen un gran volumen de suelo, comprado a precios altos y que ahora, con el estallido de la burbuja, están perdiendo valor. El Informe Recarte revela que el crédito a los promotores se ha disparado en los últimos años, hasta llegar a los 311.279 millones de euros. Mientras que el patrimonio neto de las entidades financieras es de 172.927 millones de euros.
 
“De entrada, mi preocupación, y la de muchos analistas, es que, en esta crisis, suspenderán pagos una proporción importante de esos promotores. Y sus activos, en particular el suelo, tienen probablemente un valor de mercado muy inferior del de compra, por lo que las pérdidas para el sector financiero español y los bancos extranjeros que los han financiado pueden ser devastadoras”, explica Recarte en su ensayo.
 
El sector financiero es un oligopolio
 
Y todo ello, en un sector regulado. Porque el sistema financiero, en contra de lo que defienden algunos analistas tras el estallido de la crisis internacional no es liberal. “Estamos hablando y analizando un sector intervenido, regulado, oligopolístico, en el que los bancos sólo pueden hacer lo que les permite la autoridad monetaria; en sus políticas de activo y de pasivo”, explica Recarte. Por tanto, el fracaso del modelo no se puede atribuir a políticas liberales, ya que la actividad bancaria no opera en un mercado libre.
 
Caso aparte es el tema de las cajas de ahorros, tal como señaló Carlos Cuesta, redactor jefe de Expansión. Este tipo de entidades “de carácter semipúblico han tenido un gran interés por entrar en actividades inmobiliarias ligadas a la cuestión hipotecaria, especialmente en la zona del Levante y Cataluña”, lo que “ha generado quejas por parte de la Unión Europea” en términos de legislación y competencia.
 
A ello hay que añadir “la presión política para conceder hipotecas a familias con baja renta” y evitar así su exclusión social, pero “todo lo basaban en que el precio de los pisos subiría de valor”, por lo que no habría problemas para afrontar las cuotas, según señaló Cuesta.
 
A este respecto, Velarde puso de manifiesto que, además de la irresponsabilidad de las cajas a la hora de dar créditos con pocas garantías, las cajas “se han visto influidas por las comunidades autónomas”, ya que los gobiernos regionales “han pasado a tener necesidades crecientes de gasto que han desviado a empresas públicas que no ganan dinero”, financiadas por las cajas de ahorros "¿Quién devuelve ese dinero ahora?" preguntó retóricamente el profesor.
 
Por lo tanto, recapitulemos. Las familias se han endeudado por encima de sus posibilidades ante los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), las empresas no financieras también (especialmente las inmobiliarias poniendo como garantía un suelo que ha perdido su valor), y los bancos y cajas de ahorros han expandido el crédito pensando que las garantías de sus prestatarios eran válidas. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los poderes públicos?
 
Los reguladores no advirtieron los riesgos
 
Recarte criticó que el Gobierno y los organismos reguladores españoles no hayan advertido de los riesgos de la deuda a las familias y empresas, ya que su labor fundamental es “alertar” a estos colectivos –especialmente a los particulares- de las consecuencias que tiene tener hipotecas a tipo variable.
 
Precisamente, el más beligerante en este aspecto fue Carlos Cuesta, quien recordó la labor que realizó el anterior gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, quien constantemente advertía de estos riesgos a los agentes económicos españoles.
 
“Pero cuando llegó al cargo a finales de 2005 el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cambió radicalmente el argumento: endeudensé que aquí no pasa nada”, espetó el redactor jefe de Expansión.
 
En este sentido, Cuesta recordó que el Gobierno lleva negando la crisis desde hace meses y que el vicepresidente Solbes “llegó incluso a decir” que el Euribor había tocado techo en octubre del pasado año. Todo ello, junto con las previsiones irreales de crecimiento, generó un mensaje por parte del Gobierno que se puede resumir en: “no se preparen para una crisis”, dijo Cuesta.
 

 
Las entidades financieras españolas no quebrarán
 
Ante este escenario, los motivos de preocupación son muchos, pero todos los participantes en el debate consideraron que los ahorros de los españoles no corren peligro. Las cajas de ahorros que no sean eficientes se fusionarán y los bancos pequeños serán absorbidos por lo grandes. “No creo que haya quiebras o intervenciones”, dijo el redactor jefe de Expansión, pero es “indudable que se va a producir una reestructuración del sistema financiero”.
 
No obstante, recomendó a todos aquellos depositantes que estén intranquilos que repartan su dinero en varios bancos con un límite de 20.000 euros por entidad, ya que esta cantidad está cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos según establece la Ley, si se produjera un problema de solvencia en alguna entidad.
 
Velarde se mostró un poco más preocupado. A su juicio, la crisis no se solucionará mientras que el Gobierno “no se atreva a adoptar medidas serias, desagradables y molestas”, con su correspondiente repercusión electoral.
 
En concreto, se refirió a la política energética del Ejecutivo, al ineficiente mercado laboral, al excesivo gasto público, la baja productividad y la falta de revisión de la estructura del Estado del Bienestar, especialmente en materia sanitaria.
 
Recarte concluyó solicitando una reforma normativa que permita a las cajas de ahorros aumentar sus fondos propios sin tener que recurrir a las cuotas participativas, ya que la morosidad en estas entidades “llegará al 8 o 9 por ciento en 2009, lo que acabará con sus provisiones”. “Seguirá faltando crédito y la actividad constructora se seguirá viendo afectada”, todo ello alimentado por la recesión económica.
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