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Salgado vende humo con su nueva "Ley de Economía Sostenible"

La Ley de Economía Sostenible es un paquete de pequeñas reformas con deducciones fiscales a las empresas que se vende como la panacea para "cambiar el modelo productivo". La reducción de la morosidad del sector público se aplaza a 2013 y no hay medidas para reducir el desempleo.

LORENZO RAMÍREZ
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La vicepresidenta económica, Elena Salgado. | Archivo

Tras meses de espera, el Gobierno ha puesto la quinta marcha esta semana para aprobar el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El Ejecutivo quiere "cambiar el modelo productivo" mediante la aprobación de decenas de pequeñas medidas que conforman un cajón de sastre en el que destacan las deducciones fiscales a las empresas exportadoras y a los proyectos destinados a actividades de "sostenibilidad ambiental".

El texto no incluye memoria económica y tampoco desglosa las reformas. Sólo las apunta de forma somera, lo que no es de extrañar a tenor de la improvisación que ha caracterizado la redacción del anteproyecto. Sirva a modo de ejemplo que los distintos ministerios entregaron sus propuestas el pasado miércoles y, en sólo dos días, el texto es aprobado en Consejo de Ministros.

Lo único concreto es el uso de 20.000 millones de euros, de los que la mitad deberán ser aportados por las entidades financieras "de forma voluntaria". Aunque el Gobierno vende la idea de que servirá para, entre cosas, reducir la morosidad de las Administraciones Públicas. Esta afirmación, como siempre, tiene trampa, ya que se aplicará a partir de 2013. En la actualidad, las Administraciones Públicas incumplen la ley.

Las únicas medidas objetivamente positivas, si se cumplen, es la reducción de los trámites para crear empresas y "la presentación en seis meses de un plan de austeridad y de calidad de gasto de la Administración General del Estado". Otra novedad a destacar es que el Gobierno compartirá el coste de las futuras sanciones de Bruselas con las comunidades autonómas y ayuntamientos responsables de las infracciones.

La mayoría de las iniciativas son consecuencia de los acuerdos de la pasada Cumbre del G-20, un encuentro internacional que, a pesar de las expectativas generadas, sólo sirvió para constatar que los líderes mundiales no desean reformas importantes en la economía. El G-20 se ha convertido en un foro donde los presidentes de los distintos gobiernos se hacen la foto e intentan convencer a los ciudadanos de que lo tienen todo controlado. En realidad sólo disparan balas de fogueo.

Las dos vicepresidentas comparecieron tras el Consejo de Ministros para dar algunas pinceladas de la nueva ley. Ambas destacaron que piensan modificar el patrón de crecimiento español, que se ha basado tradicionalmente en la construcción y el turismo, por otro "más sostenible". Piden diez años para comenzar a ver resultados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que la norma servirá para generar "actividad, empleo, riqueza y bienestar" en España. Señaló que se trata de un proyecto "extraordinariamente ambicioso", que contempla un gran número de reformas "importantes". Antes de ser aprobado se someterá a información pública y se trasladará a agentes sociales y partidos políticos.

A su parecer, la nueva Ley supone un "proyecto de país" de cara al año 2020, por lo que requiere la implicación y "responsabilidad" de otros grupos políticos "de cualquier color", al trascender al periodo de gobierno socialista. En este sentido, destacó la voluntad del Gobierno de abrir un "amplio debate" sobre los contenidos del anteproyecto, antes de que el texto llegue al Congreso de los Diputados.

A este respecto, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el anteproyecto se someterá ahora al periodo de consultas y que después deberá volver al Consejo de Ministros, que tendrá que aprobar el texto que irá finalmente al Parlamento.  

Sobre cómo afectará la nueva ley al crecimiento del PIB y del empleo, admitió que aún no se han realizado los cálculos en términos de empleo, aunque sí se harán en los próximos días tras dialogar con las empresas. Aún así, aprovechó para recordar que las cifras de desempleo seguirán siendo altas durante los dos próximos años.

Fondo de 20.000 millones

La norma contempla la creación de un fondo que movilizará unos 20.000 millones de euros destinado a "proyectos de innovación, tecnología, energía renovable y ahorro energético", que se financiará a través del ICO y las entidades financieras.

Salgado aseguró que no se obligará a bancos y cajas a participar en este proyecto, aunque la pretensión del Ejecutivo es que lo hagan en un 50%, para lo que instrumentará "incentivos a la participación y ofrecerá condiciones favorables a las entidades, así como proyectos rentables". "En las primeras conversaciones, las principales entidades manifestaron su disposición", adelantó.

En concreto, los "ejes de actuación" son "el turismo sostenible, la financiación de infraestructuras, un fondo de capital riesgo para las empresas, préstamos a las compañías y créditos para la rehabilitación de inmuebles". Según indica el texto, los proyectos a financiar también incluyen los del área de "salud y biotecnología", así como los del "sector aeronáutico y sector aeroespacial". A continuación se describen algunas de las medidas concretas:

Morosidad de empresas y AAPP

La norma pretende reducir a partir de 2013 los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo desde la expedición de los certificados de obra.

El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitará a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.

Internacionalización

Para potenciar las exportaciones, se amplía este concepto a la hora de dar ayudas fiscales, incluyendo el impulso de las marcas y la transferencia de tecnología. Además, se amplía el seguro de crédito a aquellas empresas que vendan en el exterior.

Asimismo, "se crea un mecanismo de evaluación y control del sistema de apoyo financiero a la internacionalización".

Fiscalidad de la vivienda

La ley equipara fiscalmente los tramos de la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda. Ahora el arrendatario se puede deducir el 10% del alquiler si su renta es inferior a 12.000 euros. Pero a partir de 2011 este límite será de 17.707 euros, y aquellos con rentas de más de 24.000 euros no podrán aplicarse la deducción. Además, se reduce de 35 a 30 años la edad máxima del arrendatario para que no tributen las rentas de alquiler.

Por parte del arrendador del inmueble, se mejorará su tratamiento fiscal incrementándose del 50% al 60% el porcentaje de reducción en la declaración de la renta.

Respecto a las desgravaciones por compra de vivienda, estas se suprimen para las rentas superiores a 24.00 euros y se mantienen íntegras para las inferiores a 17.700 euros. En el tramo intermedio las deducciones se reducirán.

Además, las deducciones por obras en vivienda habitual serán de hasta el 10% con un límite de 3.000 euros anuales hasta 2012.

Sueldos de directivos

Los ingresos de los ejecutivos tendrán que tener el visto bueno de los accionistas de las empresas, pues la ley obligará a las empresas que coticen en Bolsa a hacer pública toda la información relacionada con la remuneración de sus equipos directivos.

Como medida de supervisión, el Banco de España "podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz".

Creación de empresas

Las sociedades limitadas más pequeñas, constituidas con un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros, podrán constituirse en un sólo día con un coste burocrático máximo de 100 euros. Por su parte, las empresas constituidas con hasta 30.000 euros se podrán crear en un plazo de cinco días y con un coste de hasta 250 euros.

Formación Profesional a distancia

La ley promoverá una oferta integrada de formación profesional y formación para el empleo con la promoción de una red estable de centros de Formación Profesional. "Se crea una plataforma de Formación Profesional a distancia en todo el Estado", señala el anteproyecto de ley.

Reforma de los reguladores

Habrá reformas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) con la reducción de su número de consejeros.

A partir de ahora cada organismo tendrá un presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Gobierno, cuyo mandato no renovable tendrá una duración máxima de seis años.

Sostenibilidad medioambiental

La Ley de Economía Sostenible ampliará las deducciones en Investigación, Desarrollo e Innovación del 8% al 12%, y de las actividades medioambientales del 4% al 8%.

Se aplicará el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para este tipo de obras.

Se fija el objetivo de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020, fecha en la que el peso de las energías renovables sobre el consumo bruto deberá ser como mínimo del 20%.

Cheque-transporte y más competencia

La Ley establecerá una exención de hasta 1.500 euros en el IRPF por el cheque-transporte.

Además, la normativa vigente del transporte interurbano de viajeros, los autobuses, será revisada para facilitar la entrada de nuevos operadores al sector.

Para impulsar la sostenibilidad medioambiental, se obligará al sector del transporte a que al menos un 10% de su consumo energético provenga de energías renovables.

El asegurador "deberá poner" a disposición del cliente una relación de prestadores "para garantizar su libre elección".

Contratación pública

Los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando esté previsto en sus pliegos o en causas de fuerza mayor. El coste de la modificación no podrá superar el 20% del coste, y si no puede modificarse, deberá celebrarse otro contrato con las "condiciones pertinentes".

Se excluye la obligación de efectuar una evaluación previa cuando un órgano de la misma administración la haya hecho para un supuesto similar.

El porcentaje de subcontratación para actividades públicas pasa del 30% al 50% para "fomentar la participación de Pymes en la contratación pública".

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