Miguel Sebastián ya tiene un nuevo plan de ahorro energético: cambiar todas las bombillas de las calles y carreteras españolas. Sí, todas, da igual que se hubieran puesto ayer o que les quede un año de vida útil. El Gobierno cree que ahorrar consiste en quitar bombillas que funcionan por otras nuevas. Lo que ninguna familia haría (por ineficiente) lo han acordado el ministro de Industria y el el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
La excusa escogida esta vez ha sido la del ahorro energético, ante el alza en los precios de las materias primas. El problema es que la medida pactada plantea numerosos interrogantes sobre cómo conseguirá sus objetivos.
La primera cuestión es por qué no se ha planteado cambiar sólo las bombillas fundidas por otras nuevas de bajo consumo. Esto podría tener su lógica si es cierto que, a la larga, este tipo de luces son más baratas que las convencionales. Pero quitando las que están actualmente en activo se incurre en un doble coste: el de la nueva y el que se pierde por no acabar de gastar las que siguen funcionando.
Por otro lado, el ahorro será sólo a medio plazo, puesto que las bombillas de bajo coste suelen ser más caras de comprar, aunque luego eso se compensa con su menor consumo. Es más, ese supuesto ahorro sólo se conseguirá si no se cuenta como coste el de la instalación. Cambiar una farola urbana no es sencillo, hace falta un equipo de 2-3 personas a las que habrá que pagar por su tarea. De nuevo, el Gobierno predica ahorro con medidas que llevarán aparejado más gasto (en realidad esto casi será como un nuevo Plan E en miniatura, y aquél ya se sabe las consecuencias que tuvo).
Tampoco está muy claro por qué se ha decidido tomar precisamente ahora esta medida. La excusa es el ahorro energético, necesario (aparentemente) como consecuencia de la subida del precio del petróleo tras las revueltas en los países árabes. Lo que ocurre es que sólo el 5% del consumo energético procede del petróleo. Es decir, que el impacto en la factura española por la compra de crudo será mínimo (la reducción del límite de velocidad a los 110 km/h es más que cuestionable, pero al menos sí se dirige a un sector al que le afecta directamente la subida en el precio del petróleo).
Producción eléctrica por tipo de combustible en España (Fuente: UNESA)
Castro aseguró que el cambio estará concluido "en un periodo corto de semanas o meses", y que la medida se aplicará "en carreteras, instalaciones públicas, polideportivos, calles de ciudades y demás". Con la medida, se ahorrará el 42% del gasto energético de los municipios, señaló. Si es verdad esta cifra, cabría preguntar a los alcaldes españoles por qué no se han cambiado antes las bombillas tradicionales.
Además, el alcalde de Getafe aseguró que Industria asumirá el coste del cambio de luminarias, si bien fuentes del departamento dirigido por Sebastián precisaron que esta tarea será realizada por Empresas de Servicios Energéticos, cuyos ingresos dependen del ahorro obtenido, de modo que la medida no será costeada por el ciudadano. Lo que no han explicado es qué obtendrán estas empresas a cambio (quizás la venta de todas esas bombillas) porque no parece muy lógico que vayan a hacerlo gratis.
Medidas de impacto
Sebastián y Castro no se quedaron aquí y también acordaron reducir el número de coches oficiales de las tres administraciones con el objetivo de ahorrar energía (aunque no parece probable que precisamente a ellos dos les vaya a afectar esta medida), informa Europa Press
Según anunció en una rueda de prensa el presidente de la FEMP, estas dos "medidas de impacto" se van a aplicar de forma "inmediata". Al menos, dejó claro que los municipios se oponen a cualquier tasa a la entrada de vehículos en ciudades (ocurrencia con la que llegó el ministro a la reunión) y que la propuesta de alternar matrículas pares e impares ha quedado sustituida por un compromiso de fomento del transporte público.
Sebastián y Castro tampoco han acordado ninguna rebaja de tarifas adicional a las de Renfe aprobadas por el Gobierno, si bien el representante de los municipios aseguró que, como parte del acuerdo del "potenciación del transporte público", podrían producirse bajadas. "Dependerá del éxito que tengamos en la potenciación del transporte público", señaló.
En cuanto a la reducción del parque móvil, Castro señaló que será acometida por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sin ofrecer cifras concretas. "La idea es que haya coches para su uso indiscriminado, esto es, que no se usen por secciones, sino en función de su necesidad", afirmó.
Por otro lado, descartó la posibilidad de cobrar una tasa por la entrada de vehículos en ciudades. "Los municipios están radicalmente en contra de cualquier incremento económico y de gravarlo sobre el ciudadano", y apuestan por "más concienciación".