(Libertad Digital) La XVI edición del Observatorio Económico FAES se celebró en Sevilla el pasado 6 de febrero. Tuvo como objetivo analizar la situación del empleo en España y ofrecer propuestas para que España pueda salir del desempleo masivo al que la ha abocado la política económica socialista.
En esta edición participaron los economistas Juan Velarde, Camilo Lebón, Juan E. Iranzo, Manuel Lagares y Federico Durán. Presentó el Observatorio el lider del PP en Andalucía y ex ministro de Trabajo, Javier Arenas, quien destacó el cambio de rumbo que tomó la política económica española en 1996 y cómo logró salir de la anterior etapa de paro masivo.
Recordó el programa de reformas estructurales entonces realizado entonces, y defendió que eso es lo que hoy necesita la economía española. Las recomendaciones ante la crisis quedaron resumidas en tres palabras: austeridad, sacrificio y reformas.
En materia fiscal, los expertos destacaron la “urgencia” de incidir en reformas que reduzcan los costes empresariales y, además, que fomenten la formación de capital sobre la base de las economías externas que crea el capital público. También se abordaron los fundamentos teóricos del Impuesto de Sociedades explicando que las empresas no tienen capacidad de disfrute de la renta por lo que este impuesto resulta cuestionable.
Además, desde un punto de vista práctico, es un impuesto que desanima la inversión real, favorece el endeudamiento de las sociedades mercantiles y dificulta la llegada de capital extranjero.
La solución propuesta es una reducción importante del tipo del Impuesto de Sociedades acompañada de la consideración de los dividendos como gasto deducible, lo que resolvería el problema del apalancamiento, evitaría problemas entre las matrices y las filiales y atraería capital extranjero.
También se recomendó una reducción de las cotizaciones sociales como vía para dinamizar el mercado de trabajo. El problema es que de esta fuente procede una parte muy importante de los ingresos del sector público español, por lo que sería necesario compensar esta pérdida de ingresos.
Para superar este escollo, los expertos sugirieron una subida del IVA. Además, este impuesto no sólo grava los bienes producidos en España sino también las importaciones. Es decir, que esta medida beneficiaría a los exportadores y haría a España ganar competitividad simplemente gracias a una modificación en la estructura tributaria.
En este aspecto, los economistas del Observatorio Económico de FAES coinciden parcialmente con la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), cuyo director general ,Victorio Valle, propone como "recetas" para superar la crisis aumentar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), reducir las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas e incrementar las de los trabajadores.
Valle asegura que el sistema tributario español "no da para cubrir las prestaciones de los servicios", por lo que, "estemos o no en crisis" hay que cerrar esa brecha y acometer un plan de recuperación del déficit público, subrayó. Asimismo, señala que con unos costes laborales unitarios superiores a los del resto de Europa la competitividad está muy limitada, por lo que es necesario estudiar "fórmulas" que puedan mejorarla.
Reforma laboral
En el terreno de las reformas del marco laboral, los miembros del Observatorio de FAES se decantaron por propuestas de calado para hacer frente a la enorme velocidad de deterioro del mercado de trabajo, el auténtico hecho diferencial con respecto a crisis anteriores. Así, se llegó a proponer la elaboración de un nuevo marco de relaciones laborales más moderno y acorde con la realidad actual.
Dada la rigidez que hoy tiene el marco de relaciones laborales en España, parece inevitable que la variable con la que se realiza el ajuste para recuperar la competitividad sea el empleo. Por ejemplo, en España es hoy más fácil despedir trabajadores que bajar salarios.
Como consecuencia, se han producido reacciones equivocadas, motivadas por el intento de proponer “parches” a la situación actual.
Como ejemplos se citaron los planteamientos sindicales y gubernamentales que proclaman que “lo importante es proteger a los desempleados”, en lugar de intentar que crezca menos el desempleo; o los planteamientos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que ha señalado que “el problema es el exceso de flexibilidad y la prueba de ello es que ha habido muchos despidos en el último año”, en lugar de entender que la falta de flexibilidad hace que el despido vaya en muchas pequeñas empresas acompañado del cierre del negocio; o los intentos de profundizar en la actual segmentación del mercado de trabajo creando nuevas figuras que sí tendrán un menor coste de despido, pero que dejan intacta la estructura contractual preexistente para los demás trabajadores.
Frente a estos planteamientos, se planteó la sustitución del marco laboral actual por otro más moderno y flexible, comenzando por el sistema vigente de negociación colectiva, que se ha convertido en una máquina de destrucción de empleo. Así, hemos tenido en España una falsa moderación salarial, ya que el incremento de costes laborales ha superado la media europea en los últimos años.
Otro hecho sorprendente del sistema actual es que los empresarios y sindicatos en España se han convertido, a través de la negociación colectiva, en fuentes de Derecho, lo que resulta una aberración jurídica. El convenio colectivo, a cambio, debería ser un contrato. También se consideró necesario cambiar las relaciones laborales en el seno de las empresas, muy afectadas por cuestiones de tipo administrativo, en la línea del intervencionismo de la Administración.
En España, ahora mismo, el empresario sólo puede hacer aquello que tiene expresamente permitido, y cualquier medida de flexibilización tiene que ser pagada a los afectados.
En materia de contratación y despidos, se destacó el hecho de que el artículo vigente en el Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos (artículo 15) procede de manera casi literal de la legislación italiana del año 1962. Por ello, se puso de manifiesto la necesidad de modernizar este aspecto de nuestra normativa. Y por fin, respecto a las extinciones de contratos, se destacó el caso danés, donde el coste del despido no tiene ninguna influencia en el volumen de personas que salen de sus puestos de trabajo.
Unidad de mercado y austeridad en el gasto
Otra cuestión que no puede dejarse de lado es la recuperación de la unidad de mercado en España, puesto que las fragmentaciones autonómicas están frenando la competitividad de nuestra economía al impedir el pleno aprovechamiento de las economías de escala y las ventajas de la especialización. Todas estas reformas por el lado de la oferta constituyen aspectos fundamentales para recuperar la competitividad perdida en los últimos años.
En el Observatorio se destacó el importante papel que puede desempeñar la política fiscal y presupuestaria en el actual contexto de crisis económica. En estos momentos las empresas privadas están sufriendo un efecto expulsión generado por el elevado déficit público, ya que a la dificultad para obtener créditos se une el mayor coste del endeudamiento, debido a que las crecientes necesidades de financiación del déficit público tensionan los tipos de interés.
Además, la pérdida de la máxima calificación crediticia por parte del Estado va a suponer un inevitable sobrecoste financiero para toda la economía, y no sólo para el Ejecutivo.
En este sentido se consideró prioritario contener el déficit público en los límites del 3% del PIB, pactado para entrar en el euro, pero se estimó muy difícil lograrlo si se mantienen las actuales políticas del Gobierno socialista. Aún más, se alertó de que, con esas políticas es muy probable que el déficit pueda irse a unos niveles próximos al 8% en 2009.
Para acometer el necesario ajuste del gasto público se puede simplificar la Administración y mejorar los servicios, todo ello con un menor coste presupuestario.Para conseguir este objetivo, es prioritario abordar, con decisión política, la necesaria desaceleración del gasto corriente, así como reestructurar el conjunto del gasto público, eliminando duplicidades en las distintas Administraciones, especialmente en lo que hace referencia al excesivo crecimiento del empleo público.