El Gobierno está sopesando la posibilidad de simplificar el acuerdo políticos que ofreció hace una semana a la oposición para plasmar por escrito los consensos derivados de las conversaciones iniciadas en el Palacio de Zurbano, a cambio de desarrollar más el decreto ley con medidas económicas concretas que tiene intención de aprobar el día 9 de abril.
La pasada semana, el Gobierno remitió a las distintas formaciones de la oposición un documento con 54 medidas contra la crisis con intención de firmarlo todos esta semana, pero se encontró con reticencias no ya sólo del PP, que viene descalificando desde el principio el proceso iniciado en el Palacio de Zurbano, sino incluso de las minorías con las que había cerrado ya buena parte de las medidas.
Sólo UPN estaba dispuesto a viajar el lunes a Madrid para firmar ese documento, aunque al ver cómo se iban desmarcando el resto de formaciones también optó por hacer públicas sus condiciones y condicionar su presencia a la aceptación de las mismas.
A la vista de los recelos de la oposición, sustentados en la negativa a firmar un documento cerrado en el que no necesariamente comparten todas las medidas presentadas, el Gobierno está pensando en cambiar de estrategia.
Un documento gris para que lo firmen todos
Para evitar que se descuelguen firmantes, el tridente negociador se está planteando la redacción de un documento más genérico, sin aristas, que resulte asumible por todas las formaciones minoritarias. A cambio, se desarrollaría más el decreto ley retrasado hasta el 9 de abril.
La idea es que CiU, PNV, CC, ERC-IU-ICV o UPN no puedan poner objeciones al documento de acuerdo político y que, al ver parte de sus propuestas en el decreto ley, tampoco puedan votar en el Congreso contra su convalidación. El viraje se completaría garantizándose que algunos de estos grupos minoritarios aportarían al PSOE los votos suficientes para rechazar la tramitación del decreto como proyecto de ley susceptible de ser modificado.
En estos días, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y los ministros de Fomento, José Blanco, e Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, han mantenido contactos con las formaciones minoritarias dejando caer esa opción de simplificar el acuerdo político para desarrollar el decreto.
Contactos "discretos"
Esta semana se ha tratado de convencer a los portavoces de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, y de Coalición Canaria, Ana Oramas, las dos formaciones más proclives a cerrar un acuerdo con el Gobierno, así como al secretario general de ERC, Joan Ridao, que comparte grupo con IU e ICV.
La intención del Ejecutivo es proseguir los contactos hasta después de Semana Santa, cuando celebrará reuniones con PNV,
IU-ICV, NaBai y UPN, entre otros. Eso sí, esta fase de contactos se realiza con discreción, sin que apenas trascienda los detalles de los temas tratados.
En cuanto al PP, el Gobierno tiene pocas esperanzas de que se sume a un acto formal de firma, pero confía en que tampoco se oponga al decreto ley. El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, acusó este miércoles al primer partido de la oposición de mantenerse en "no a todo".
Según explicó en rueda de prensa en Ferraz, el Gobierno ha aplazado la aprobación del decreto ley para sumar al mayor número de formaciones políticas , pero dio a entender que el PP se niega a conceder bazas políticas al Ejecutivo. "Aquel que cifra su objetivo político en que la inmensa mayoría lo pase mal y así beneficiarse, comete un error político que pagará", advirtió Zarrías.