El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no quiere irse de vacaciones sin que se haya firmado el denominado "diálogo social", concepto que no es nada más que un eufemismo para nombrar a una mesa de reuniones en la que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT determinan el marco de las relaciones laborales en España.
El pasado miércoles, la patronal CEOE rechazó los parches que plantea el Gobierno en el último documento que ha presentado a los "agentes sociales" (se trata del tercer borrador que emana del Ejecutivo). Los sindicatos están esperando esta propuesta con la intención de que los secretarios generales de ambas organizaciones mantengan una reunión con el presidente de la patronal.
Para los empresarios es vital hacer una reforma laboral de carácter estructural, como piden todos los organismos nacionales e internacionales, con la excepción, claro está, del Gobierno español. No obstante, la presión de CEOE puede terminar si se mejora la propuesta inicial de rebaja de las cotizaciones sociales.
Esta reforma debería terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que si un convenio no se renueva sigue vigente el anterior. La ultraactividad confiere a los convenios, en la práctica, el rango de ley o decreto, obviando que se trata de acuerdos económicos entre sindicatos y patronales que necesariamente tienen que modificarse con las circunstancias, las positivas y las negativas.
El método de negociación de los salarios en el mercado laboral español va a terminar de hundir la escasa competitividad de la economía. El Banco de España revela en su informe anual que el sistema de negociación colectiva ha alimentado la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo en España y teme que suponga un lastre para la actividad productiva.
Además, la reforma laboral debería reducir el coste de la contratación, ligar los salarios a la productividad de los trabajadores y no a la evolución del IPC, eliminar la "dualidad" del mercado, constatada por dos tipologías básicas de trabajadores: por un lado los fijos (que son a los que defienden CCOO y UGT) y, por otro, los temporales, por cuyos intereses no lucha ningún sindicato.
Pues bien, el Gobierno sólo quiere introducir pequeños parches en la normativa laboral. Ofrece rebajar medio punto porcentual las cotizaciones sociales y otro punto adicional en 2010 (con carácter temporal) e impulsar –de forma tímida- las agencias de contratación privadas ante el fracaso del INEM para conseguir empleo a los parados.
Pero, ¿por qué el Gobierno no aprovecha para hacer una reforma estructural de calado? La respuesta es sencilla: los sindicatos (especialmente CCOO) amenazan con ir a la huelga general, que es lo último que quiere José Luís Rodríguez Zapatero, el primer presidente en la historia española que pide "cariño" a los sindicatos.
La amenaza de Corbacho
Ante este panorama (el Gobierno ofrece también un subsidio de 420 euros a parados que no cobren ningún tipo de prestación, aunque la competencia de pagarlo sea autonómica), la patronal CEOE ha plantado cara al Ejecutivo y rechaza firmar la propuesta de Moncloa. Y en medio de la posibilidad de ruptura de las negociaciones el ministro de Trabajo amenaza. con adoptar medidas para "gobernar en interés general de los ciudadanos y las comentará bilateralmente con quien considere oportuno".
En declaraciones a RNE, Corbacho reiteró este jueves que el Gobierno no puede asumir la petición de rebaja de 5 puntos en la cotización a la Seguridad Social que pide CEOE porque pondría en riesgo el sistema de pensiones (Corbacho sabe que el riesgo existe desde hace meses aunque no se toquen las cotizaciones) ya que cada punto de recorte supone una merma de ingresos a la Seguridad Social de más de 3.000 millones.
Apuntó que los empresarios le han comentado que "haciendo un esfuerzo" podrían rebajar su pretensión a 3,5 o 4 puntos, algo que tampoco es asumible, y reafirmó la propuesta del Gobierno de medio punto de rebaja "universal y permanente" y de 1 punto para 2010.
Minutos antes, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, reveló que los empresarios podrían rebajar su exigencia a 2,5 ó 3 puntos.
La patronal da 24 horas al Gobierno
El ministro, que recordó que la patronal pidió un plazo de 24 horas para matizar sus propuestas, opinó que el "diálogo social" no se puede centrar en hablar de porcentajes y dijo que el documento que está sobre la mesa es muy amplio y aborda muchas materias.
Preguntado por si el Gobierno está más cerca de los sindicatos que de los empresarios, Corbacho aseveró que de lo que está más próximo el Ejecutivo es del "sentido común".
El ministro subrayó que, en momentos de crisis, un acuerdo entre agentes sociales "tiene mucho valor por la confianza que infunde en la sociedad", algo que los empresarios deberían valorar.Además, un acuerdo lleva también a la "paz social" y eso repercute a la larga en la productividad, dijo Corbacho, que alabó la "madurez" de los sindicatos.
El Gobierno y los agentes sociales seguirán manteniendo contactos en los próximos días para intentar lograr el acuerdo en torno al "diálogo social" que fue imposible conseguir el pasado miércoles en las reuniones entre representantes del Ejecutivo, de los empresarios y de los sindicatos.
Una cena de 4 horas en La Moncloa
Fuentes de la negociación han informado a Efe de que esa es una de las principales conclusiones de la cena de cuatro horas mantenida el pasado miércoles en el Palacio de la Moncloa entre el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los máximos responsables de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO.
Aunque cada uno de ellos mantuvo en la cena los argumentos que habían expuesto horas antes en un encuentro que tenía como objetivo fijar sus posiciones ante el último documento del Gobierno sobre el diálogo social, no se cerró la puerta de la negociación.