Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV. (Arch
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ESTUDIARÁ EL PAPEL DE "LA TRIANGULACIÓN PERTURBADORA"

Un juez investiga la actuación de Taguas y Arenillas para evitar la OPA de E.On

El papel que jugaron David Taguas, asesor ecónomico de Zapatero y Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV, en la OPA a Endesa pasarán finalmente el filtro de la Justicia. El juzgado de instrucción número 33 de Madrid se encargará de decidir si se deriva delito de "las actuaciones llevadas a cabo por los denunciados, para evitar a toda costa la adquisición de Endesa por parte de E.On". Además, este juzgado también indagará las presuntas implicaciones de la triangulación perturbadora de la SER, Arenillas y Sebastián en el asalto al BBVA, denunciadas por Conthe.

Noticia publicada el 04-10-2007

LD (EFE) El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid investigará, finalmente, cuatro denuncias presentadas contra el actual vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, y el director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, por varios supuestos delitos ligados a sus decisiones sobre las opas de Endesa.

Así lo indica un auto, al que tuvo hoy acceso Efe, de la juez Teresa de la Asunción Rodríguez, quien se encargará de analizar si hubo alguna motivación presuntamente delictiva en la decisión de no abrir un expediente sancionador contra Enel y Acciona por su forma de actuar en la opa a Endesa, en contra de los intereses de E.ON.

Las denuncias, presentadas por la Plataforma España y Libertad, el colectivo de funcionarios Manos Limpias y el Partido Popular, entienden que, por diferentes motivos, "la intervención" de Arenillas y Taguas, además de la del antiguo director de la oficina económica Miguel Sebastián, pararon este expediente sancionador. Esto está en línea con lo expresado por el ex presidente de la CNMV Manuel Conthe.

También este juzgado deberá indagar en otra parte las declaraciones de Conthe ante el Congreso de los Diputados, antes de presentar su dimisión, en las que hablaba de "un tema que afectó a la CNMV" y que se hizo "a sus espaldas". El ex presidente de la CNMV se refería a unos documentos presuntamente filtrados por Arenillas a los medios de comunicación sobre las operaciones del presidente del BBVA, Francisco González, relacionadas con la venta de la sociedad FG-Valores en 1996.

De las diferentes denuncias, la primera fue interpuesta el 7 de mayo por la Plataforma España y Libertad, que considera que los hechos pueden ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias, mientras que Manos Limpias piensa que pueden ser calificados como "prevaricación" y "tráfico de influencias".

La primera demanda se dirige contra Arenillas, Taguas y Sebastián, mientras que la segunda, además, se hace extensiva a Carlos Arenillas, por delito societario; a Soledad Núñez, directora general del Tesoro y miembro de la CNMV, y a José María Viñals, vicegobernador del Banco de España.

Tanto la demanda de la Plataforma España y Libertad, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 33, como la de Manos Limpias, que fue a parar al Juzgado de Instrucción número 13, fueron desviadas al Juzgado de Instrucción número 50, que investiga desde hace dos años una denuncia contra Arenillas y Conthe por presunta falsedad documental.

Pese a ello, este juzgado las reenvió a sus respectivos destinos de origen y, finalmente, el Juzgado número 13 envió la denuncia de Manos Limpias al número 33, para que sea ratificada.

Las otras dos denuncias del Partido Popular, estudiadas por el Juzgado número 12 -en lo referido a la actividad de Arenillas y Sebastián respecto al presidente del BBVA- y el Juzgado número 44 -respecto a la negativa a sancionar a Enel y Acciona- fueron también a parar al Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.

Antes de ello, el PP, según fuentes jurídicas, hubo de abonar una fianza de 1.500 euros para personarse como acusación popular para acusar a Arenillas, Taguas, Nuñez y Sebastián por los delitos de "tráfico de influencias", "prevaricación", "cohecho", "infidelidad en la custodia de documentos" y "uso de información privilegiada".

Así, tras cinco meses de inhibiciones y cuestiones de competencia, será la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid quien se encargará de decidir si se deriva delito de "las actuaciones llevadas a cabo por los denunciados, todos ellos en ejercicio de sus funciones públicas, para evitar a toda costa la adquisición de Endesa por parte de E.On".

Según el PP, los denunciados "no habrían dudado" en ejercer su influencia como asesores económicos del presidente del Gobierno y de miembros del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "para tratar de influir torticeramente" en otros funcionarios públicos.




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