L D (Agencias) Onda Cero y Radio Blanca firmaron un contrato para el desarrollo de nuevos proyectos en 2001 cuando la primera era propiedad de Telefónica Media, pero en 2003 se puso en marcha un arbitraje al interpretar cada parte de manera distinta alguna cláusulas de su acuerdo.
Como resultado del arbitraje (basado en el voto decisivo del árbitro "neutral" que elevó al doble la indemnización), en marzo de este año, se dictó un laudo que obligaba a Onda Cero a pagar más de 166 millones de euros a Blas Herrero, propietario de Radio Blanca.
Como resultado del arbitraje (basado en el voto decisivo del árbitro "neutral" que elevó al doble la indemnización), en marzo de este año, se dictó un laudo que obligaba a Onda Cero a pagar más de 166 millones de euros a Blas Herrero, propietario de Radio Blanca.
Onda Cero recurrió el laudo ante la Audiencia Provincial, sin embargo, un auto publicado este martes por la agencia Efe indica que la ley establece que un laudo es ejecutable aún cuando se hayan ejercitado acciones para su anulación. A las 18:30 de la tarde de este martes, fuentes de Antena 3 afirmaron a Libertad Digital que no habían recibido notificación alguna de este juzgado.
Exige a Onda Cero 31 millones de garantía
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Según la nueva Ley de Arbitraje, se puede solicitar la suspensión de la ejecución de un laudo siempre que la parte que lo pida (en este caso Uniprex) preste caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que puedan derivarse de la demora en la ejecución. Por eso, según informa la agencia Efe, el auto del citado juzgado establece que Antena 3, propietaria de Uniprex, debe abonar 23.867.621,57 euros más otros 7.160.286,47 euros.
A pesar de todo, el auto determina que la ejecución del laudo debe seguir sus cauces normales por lo que si antes del 15 de septiembre de 2004 no se hubiesen consignado a disposición del juzgado los 166.516.876 euros, más los otros 49.955.062,80 euros presupuestados para intereses y costas, correspondientes a la cláusula penal, esta cantidad se entenderá ampliada automáticamente en las cantidades anteriormente citadas.
A pesar de todo, el auto determina que la ejecución del laudo debe seguir sus cauces normales por lo que si antes del 15 de septiembre de 2004 no se hubiesen consignado a disposición del juzgado los 166.516.876 euros, más los otros 49.955.062,80 euros presupuestados para intereses y costas, correspondientes a la cláusula penal, esta cantidad se entenderá ampliada automáticamente en las cantidades anteriormente citadas.
El auto concede a las partes un plazo prudencial de 20 días, que podría ser ampliado si las partes lo solicitaran, "para que se pongan de acuerdo sobre los términos y condiciones de actuación durante el período de liquidación del contrato". Por último, explica que la resolución del juzgado "es firme" y contra la misma "no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que el ejecutado (Antena 3) pueda oponerse a la ejecución despachada dentro de los diez días siguientes a la notificación de este auto".