Menú

Zapatero ante la crisis: culpa a EEUU y sube el sueldo a los funcionarios

El Gobierno apuesta por la técnica del avestruz ante la grave crisis económica. Zapatero culpa a EEUU de todos los males que sufre la economía nacional, al tiempo que Solbes insiste en negar la recesión que azotará al país. Además, el Ejecutivo recurre a la deuda pública para mantener el gasto y ahora propone elevar el sueldo de los funcionarios un 3,9% en 2009, en contra de las recomendaciones del BCE y CEOE. Ni una sola reforma estructural para paliar los efectos de la crisis. 

EL INFORME RECARTE
El Gobierno recurre a la deuda pública
El Gobierno apuesta por la técnica del avestruz ante la grave crisis económica. Zapatero culpa a EEUU de todos los males que sufre la economía nacional, al tiempo que Solbes insiste en negar la recesión que azotará al país. Además, el Ejecutivo recurre a la deuda pública para mantener el gasto y ahora propone elevar el sueldo de los funcionarios un 3,9% en 2009, en contra de las recomendaciones del BCE y CEOE. Ni una sola reforma estructural para paliar los efectos de la crisis. 
(Libertad Digital) El presidente del Gobierno lo tiene claro, y saca “dos certezas” del nuevo terremoto bursátil que ha provocado la caída del cuarto banco de inversión estadounidense el pasado lunes, Lehman Brothers.
 
En primer lugar, Zapatero ha reiterado la fortaleza y solidez del sistema financiero español, ya que “está resistiendo muy bien” la crisis de solvencia bancaria que está cobrando grandes piezas en el mercado estadounidense. Y ello, “gracias al rigor y seriedad” en la regulación aplicada por el Banco de España.
 
Pese a ello, algunos analistas advierten de que el sector financiero nacional no es inmune a los riesgos que azotan a los mercados de crédito internacional. La posibilidad de que alguna entidad española pueda tener problemas de solvencia "existe", según algunos expertos. "Nada es descartable". De hecho, puede que alguna entidad "se quede en el camino".
 
La segunda certeza va más allá, al afirmar que, “no existe ninguna duda” sobre dónde se sitúa el origen de la difícil situación económica que vive España y el conjunto de la Eurozona en la actualidad, en referencia al estallido de las hipotecas subprime en EEUU el pasado año. Es decir, Zapatero considera que la crisis económica nacional tan sólo tiene un culpable directo: los problemas financieros existentes en EEUU.
 
Por ello, el Gobierno mantiene la “confianza” en las fortalezas de las economía española, tanto “financiera, como en las cuentas públicas y la política social”. De hecho, Zapatero insiste en que la recuperación económica tendrá lugar a mediados o finales de 2009.
 
Pese a tales afirmaciones, la crudeza de los datos muestra una realidad mucho más pesimista de cara al futuro. Así, el informe elaborado por Alberto Recarte, bajo el título Crisis financiera internacional y crack económico español, desvela los principales causas y consecuencias de la difícil situación que atraviesa España.
 
De hecho, más allá de los efectos que la crisis financiera pudiera tener sobre las entidades nacionales, el creciente déficit azota la estabilidad y el equilibrio de las cuentas públicas, al tiempo que la protección social y el aumento del gasto público conllevará, o bien una subida de impuestos, o bien el incremento de la deuda pública, tal y como pretende efectuar el Gobierno.
 
Sube el sueldo de los funcionarios
 
Por si ello fuera poco, el Gobierno insiste en no aprobar ninguna reforma estructural de peso para paliar los efectos de la crisis económica. Es más, las medidas aprobadas hasta el momento por el Ejecutivo contradicen las principales recomendaciones lanzadas por el Banco Central Europeo (BCE) y la patronal empresarial española (CEOE), tal y como avanzó LD.
 
El Gobierno pretende aumentar la deuda del Estado ante el creciente gasto público. Además, el Ministerio de Administraciones Públicas ha propuesto un aumento salarial del 3,875 por ciento para alrededor de 2,5 millones de funcionarios el próximo año.

Su titular, Elena Salgado, ha comunicado este martes a los sindicatos esta subida, al tiempo que les ha informado de que la oferta pública de empleo en 2009 "será, como máximo, igual al 30 por ciento de la tasa de reposición de efectivos". Los sindicatos CC.OO., UGT, CSI-CSIF, ELA y CIGA, tras la reunión con la ministra, se opusieron a este recorte y le expresaron su "preocupación" por la intención de reducir la oferta pública de empleo para 2009 en un 70 por ciento.
 
Sin embargo, el Gobierno ha cedido a elevar el sueldo de los empleados públicos para 2009, hasta el 3,9 por ciento. Así, según la nota del Ministerio, el aumento incluiría el 2 por ciento consignado en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, y añadiría un 1 por ciento adicional de la masa salarial para igualar las pagas extraordinarias a la mensualidad, en cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y los sindicatos para el trienio 2007-2009.

Ligados también a esos acuerdos, los funcionarios sumarían un aumento del 0,5 por ciento para dotaciones al fondo de pensiones y el 0,375 por ciento de la masa salarial de la Administración General del Estado correspondiente a fondos adicionales.
 
Riesgos inflacionistas

Administraciones Públicas ha señalado en el comunicado que "estas cantidades permitirán una mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos" y "ha ratificado la voluntad del Gobierno" de cumplir los compromisos en materia salarial en otros ámbitos sectoriales: Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, entre otros.
 
Sin embargo, este aumento de sueldo contradice las recomendaciones del BCE y CEOE. Así, el BCE solicitó en agosto la eliminación de las cláusulas de revisión salarial ligadas a la evolución del IPC (próximo al 5 por ciento), reclamó a los países comunitarios que restrinjan el gasto público en los Presupuestos para el próximo año y exigió reformas laborales que permitan flexibilizar el mercado de trabajo. Ninguna ha sido contemplada por el Gobierno de Zapatero.
 
Y es que, la autoridad monetaria insiste sobre los riesgos inflacionistas a corto y medio plazo, derivados de la evolución de los precios energéticos y de los alimentos no elaborados. Por ello, es vital evitar los “efectos de segunda ronda”, es decir, que la inflación general se traslade a los salarios de los trabajadores. En este sentido, el BCE pide a los Estados miembros que acometan reformas laborales para “hacerlos más flexibles” ante el “debilitamiento” de la economía europea.

2,5 millones de funcionarios
 
Las Administraciones Públicas en España cuentan con 2,5 millones de funcionarios, de los que algo más de 1,3 millones están empleados por las comunidades autónomas, un 50,4 por ciento.

Todas las administraciones han incrementado el número de funcionarios con respecto al año pasado, de tal manera que el mes pasado había unos 69.000 más que en 2007, informa Efe.

La Administración General del Estado tiene 561.551 funcionarios (un 21,7 por ciento del total), con lo que la cifra de empleados públicos estatales ha subido casi un 1,5 por ciento en un año (8.000 empleados más que en 2007).

Las corporaciones locales suman el 24,12 por ciento de los funcionarios, es decir, 623.214, mientras que el personal perteneciente a las universidades representa un 3,8 por ciento (97.849 empleados públicos).
 
Solbes niega la recesión
  
Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha asegurado este martes que el Gobierno sigue sin contemplar la recesión de momento, aunque trabaja con hipótesis que señalan un crecimiento "próximo a cero".
  
"Esta es nuestra visión", según Solbes, en respuesta a la pregunta formulada por el senador popular José Manuel Barreiro sobre las previsiones de la Comisión Europea (CE) que prevén que España entre en recesión en el segundo semestre.
 
Al mismo tiempo, Solbes ha recordado que la financiación de las empresas es un problema del sistema financiero y no del Gobierno, en alusión a las declaraciones del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que aseguró este martes que las pymes y empresas españolas necesitan una financiación que el Gobierno no está proporcionando el Ejecutivo.
 
La financiación de empresas no es problema del Gobierno
 
Pese a ello, tal declaraciones no coinciden con las ayudas financieras proporcionadas por el Gobierno a las empresas inmobiliarias. De hecho, el Ejecutivo pretende inyectar a través del ICO casi 50.000 millones de euros hasta 2010.  
 
En declaraciones a los medios durante la sesión plenaria de la Cámara Alta, Solbes ha asegurado que el Gobierno puede actuar en algunas políticas específicas que son prioritarias, tal y como ha hecho en los últimos meses a través del ICO, pero no puede sustituir al sistema financiero. "A partir de ahí (el ICO) el trabajo recae plenamente en el sistema financiero", subraya.

Temas

En Libre Mercado

    0
    comentarios