L. D. / EFE.-
En la respuesta a una pregunta escrita formulada por el portavoz de IU-LV-CA, Antonio Romero, la titular de este departamento, Carmen Hermosín, informa de que el gasto de la Consejería en concepto de vigilancia privada para las sedes judiciales ascendió a 195.962.185 pesetas y que fue adjudicado a la empresa Prosegur. Romero adelantó que pedirá explicaciones sobre estas cifras a Carmen Hermosín en la comparecencia que ha anunciado para el próximo periodo de sesiones del Parlamento andaluz, y dijo que aunque su grupo no es partidario de que exista seguridad privada en edificios públicos sería necesario "aumentar" el coste en seguridad.
Según Romero, la sustracción en los juzgados de Marbella (Málaga) de sumarios relacionados con el alcalde de esta ciudad, Jesús Gil, ha demostrado que "la seguridad en los juzgados, que es competencia de la Junta, es insuficiente", por lo que insistió en que la Junta debe "aplicarse y recordar cuáles son sus competencias". "Hay que extremar la vigilancia, sobre todo después de lo que ha ocurrido en los juzgados de Marbella, que está haciendo de esta ciudad una república bananera", explicó Romero, quien añadió que la consejera debe informar en la Cámara de "todas sus competencias".
El dirigente de IU dijo que no haría falta seguridad privada en los centros públicos si Andalucía contara con una policía autonómica y, aunque destacó la existencia de agentes adscritos a la Junta, recordó que estos se ocupan de "pocos asuntos", como la protección de menores o los delitos ecológicos.
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Según Romero, la sustracción en los juzgados de Marbella (Málaga) de sumarios relacionados con el alcalde de esta ciudad, Jesús Gil, ha demostrado que "la seguridad en los juzgados, que es competencia de la Junta, es insuficiente", por lo que insistió en que la Junta debe "aplicarse y recordar cuáles son sus competencias". "Hay que extremar la vigilancia, sobre todo después de lo que ha ocurrido en los juzgados de Marbella, que está haciendo de esta ciudad una república bananera", explicó Romero, quien añadió que la consejera debe informar en la Cámara de "todas sus competencias".
El dirigente de IU dijo que no haría falta seguridad privada en los centros públicos si Andalucía contara con una policía autonómica y, aunque destacó la existencia de agentes adscritos a la Junta, recordó que estos se ocupan de "pocos asuntos", como la protección de menores o los delitos ecológicos.
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