L. D. / EP.-
El documento, elaborado por el eurodiputado liberal británico Graham Watson, recibió un amplio apoyo en las comisiones parlamentarias de Justicia e Interior y de Libertades, por lo que se espera que reciba el visto bueno del conjunto de la Cámara. La postura del Parlamento, sumada a la propuesta legislativa de orden de busca y captura que la Comisión Europea tiene previsto presentar en septiembre, dará pie al Consejo de ministros de Justicia e Interior a que dote a la UE de esta herramienta judicial probablemente en el primer semestre del 2002, bajo la presidencia comunitaria española.
En el informe, Watson hace hincapié en que el Tratado permite a la Unión Europea jugar un papel activo en los problemas de terrorismo de sus Estados miembros. Por ello, pide al Consejo que adopte decisiones marco para suprimir los procedimientos formales de extradición, para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, incluidas las anteriores al juicio, y para establecer una orden europea de busca y captura en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Igualmente, reclama al Consejo que defina unas normas mínimas comunes sobre lo que constituye infracción penal y las sanciones aplicables en casos de terrorismo. Por último, invita a los ministros de Justicia e Interior a que hagan lo necesario para armonizar sus legislaciones nacionales en materia de indemnización a las víctimas de este tipo de delitos. El informe recoge el principio de que la orden de busca y captura tenga en cuenta la gravedad de las infracciones del acusado, lo que permitirá que un terrorista sea juzgado donde haya cometido el delito más grave, con independencia de donde sea detenido.
Contra el entorno terrorista
Watson también pide a los Estados miembros que actúen contra los que considera "entorno de apoyo" a los terroristas, impidiendo ayudas logísticas, materiales y financieras a actos terroristas. En cuanto al diálogo, se considera que, si está fundado en el respeto mutuo y la no-violencia, es el mejor medio para resolver conflictos de carácter político e impedir que estos conflictos sean utilizados como pretextos para cometer actos terroristas.
En un tono más vago, el informe aconseja a los Estados miembros que lleven a cabo políticas educativas y sociales que combatan la exclusión económica y cultural, para imbuir a los jóvenes de un compromiso de renuncia a la violencia. Asimismo lamenta la lentitud con que la Unión Europea reacciona ante la amenaza terrorista y la falta de un conjunto de normas y medidas coordinadas, y señala que, para combatir el terrorismo, es necesaria la cooperación a todos los niveles entre gobiernos centrales y regionales.
Además, propone que la UE adopte sanciones de carácter diplomático contra los Estados terceros que apoyen abierta o encubiertamente los actos o grupos terroristas y manifiesta preocupación por la relación existente entre terrorismo y tráfico de armas y drogas. Watson insiste en la idea de que en nuestras sociedades "cualquier conflicto de orden político, social y ecológico puede y debe ser resuelto a través de los cauces previstos en un Estado democrático y de Derecho, por lo que nada puede justificar el uso de la violencia terrorista".
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En el informe, Watson hace hincapié en que el Tratado permite a la Unión Europea jugar un papel activo en los problemas de terrorismo de sus Estados miembros. Por ello, pide al Consejo que adopte decisiones marco para suprimir los procedimientos formales de extradición, para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, incluidas las anteriores al juicio, y para establecer una orden europea de busca y captura en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Igualmente, reclama al Consejo que defina unas normas mínimas comunes sobre lo que constituye infracción penal y las sanciones aplicables en casos de terrorismo. Por último, invita a los ministros de Justicia e Interior a que hagan lo necesario para armonizar sus legislaciones nacionales en materia de indemnización a las víctimas de este tipo de delitos. El informe recoge el principio de que la orden de busca y captura tenga en cuenta la gravedad de las infracciones del acusado, lo que permitirá que un terrorista sea juzgado donde haya cometido el delito más grave, con independencia de donde sea detenido.
Contra el entorno terrorista
Watson también pide a los Estados miembros que actúen contra los que considera "entorno de apoyo" a los terroristas, impidiendo ayudas logísticas, materiales y financieras a actos terroristas. En cuanto al diálogo, se considera que, si está fundado en el respeto mutuo y la no-violencia, es el mejor medio para resolver conflictos de carácter político e impedir que estos conflictos sean utilizados como pretextos para cometer actos terroristas.
En un tono más vago, el informe aconseja a los Estados miembros que lleven a cabo políticas educativas y sociales que combatan la exclusión económica y cultural, para imbuir a los jóvenes de un compromiso de renuncia a la violencia. Asimismo lamenta la lentitud con que la Unión Europea reacciona ante la amenaza terrorista y la falta de un conjunto de normas y medidas coordinadas, y señala que, para combatir el terrorismo, es necesaria la cooperación a todos los niveles entre gobiernos centrales y regionales.
Además, propone que la UE adopte sanciones de carácter diplomático contra los Estados terceros que apoyen abierta o encubiertamente los actos o grupos terroristas y manifiesta preocupación por la relación existente entre terrorismo y tráfico de armas y drogas. Watson insiste en la idea de que en nuestras sociedades "cualquier conflicto de orden político, social y ecológico puede y debe ser resuelto a través de los cauces previstos en un Estado democrático y de Derecho, por lo que nada puede justificar el uso de la violencia terrorista".