L. D. / Agencias.-
Las fuentes consultadas señalaron que se trata de una de las campañas habituales de la banda en la que la novedad se encuentra en el mencionado detalle de la reclamación del dinero en euros. Este nuevo modelo de cartas de ETA se encuentra en la última remesa de misivas que los empresarios han venido recibiendo durante el pasado mes de agosto.
En esas cartas, la banda terrorista ETA exige distintas cantidades que podrían oscilar entre los 30.000 y 60.000 euros, unos 5 y 10 millones de pesetas respectivamente, en función del volumen de actividad que los etarras suponen que tienen sus destinatarios, y porque fueron las cantidades que exigieron en la anterior remesa.
Con anterioridad, ETA remitió a profesionales liberales de la provincia de Vizcaya varias cartas que fueron enviadas a direcciones antiguas y cuyos destinatarios ya no podían recibir la nueva correspondencia, por lo que despertó las sospechas de que los terroristas ni siquiera se molestaron en actualizar los listados de direcciones que emplearon para lanzar la oleada de cartas exigiendo el pago de la extorsión.
Según fuentes consultadas por la agencia Europa Press, aunque el pago del mal llamado "impuesto revolucionario" se pudo incrementar en los últimos meses por los atentados de la banda terrorista ETA, y en especial por aquellos dirigidos contra el empresariado, la mayor parte de este colectivo se niega a pagar.
Estas fuentes calculan que al menos el 90 por ciento del empresariado vasco rechaza someterse al chantaje de la organización terrorista, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de contratar servicios de seguridad. Sin embargo, en otros segmentos de este colectivo más humildes, las fuentes citadas creen que se han efectuado más pagos.
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En esas cartas, la banda terrorista ETA exige distintas cantidades que podrían oscilar entre los 30.000 y 60.000 euros, unos 5 y 10 millones de pesetas respectivamente, en función del volumen de actividad que los etarras suponen que tienen sus destinatarios, y porque fueron las cantidades que exigieron en la anterior remesa.
Con anterioridad, ETA remitió a profesionales liberales de la provincia de Vizcaya varias cartas que fueron enviadas a direcciones antiguas y cuyos destinatarios ya no podían recibir la nueva correspondencia, por lo que despertó las sospechas de que los terroristas ni siquiera se molestaron en actualizar los listados de direcciones que emplearon para lanzar la oleada de cartas exigiendo el pago de la extorsión.
Según fuentes consultadas por la agencia Europa Press, aunque el pago del mal llamado "impuesto revolucionario" se pudo incrementar en los últimos meses por los atentados de la banda terrorista ETA, y en especial por aquellos dirigidos contra el empresariado, la mayor parte de este colectivo se niega a pagar.
Estas fuentes calculan que al menos el 90 por ciento del empresariado vasco rechaza someterse al chantaje de la organización terrorista, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de contratar servicios de seguridad. Sin embargo, en otros segmentos de este colectivo más humildes, las fuentes citadas creen que se han efectuado más pagos.
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