L. D. / Agencias.-
Un Juzgado de Madrid ha abierto juicio contra el alcalde de Marbella (Málaga), Jesús Gil, y otras dos personas, a los que requiere 150 millones de pesetas para garantizar sus responsabilidades pecuniarias por el "caso Sermosa", seguido por alzamiento de bienes, malversación y falsedad documental.
Así lo acuerda el juez de instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana, en un auto en el que abre juicio oral contra Jesús Gil, Benigno Vázquez Blázquez y José Luis Jiménez Jiménez. También abre juicio respecto al Club Financiero Inmobiliario y Promociones Futbolísticas, como responsables civiles. El fiscal acusa a Gil de alzamiento de bienes continuado y malversación de caudales públicos. Pide para él seis años de cárcel y diez de inhabilitación.
La resolución recuerda que la Fiscalía Anticorrupción solicitó seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta para Jesús Gil y para los otros dos acusados por dichos delitos. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal afirma que en octubre de 1991, y con el propósito de evitar que los inmuebles que constituían el principal activo de Sermosa, que se encontraba en situación económica crítica, fueran embargados por los acreedores, el dueño de esta sociedad, Benigno Vázquez, y Jesús Gil "decidieron de común acuerdo enajenarlos a favor del segundo".
Para ello, otorgaron ante notario una escritura pública en virtud de la cual Sermosa vendía al Club Financiero Inmobiliario, propiedad de Gil, dos inmuebles en Madrid y siete en Marbella por 382 millones de pesetas. De esa cantidad, Gil retuvo 242 millones para satisfacer las hipotecas que gravaban algunos de los inmuebles, mientras que Vázquez se quedó el resto, 140 millones, sin ingresarlo en las cuentas de Sermosa.
Dos meses después, los acusados anularon la operación y otorgaron nuevas escrituras por las que el Club Financiero Inmobiliario compraba los inmuebles de Madrid mientras que los siete restantes se vendían a la Sociedad Municipal Marbellí Contratas 2000.
Esta sociedad, de la que era gerente el tercero de los acusados, José Luis Jiménez, y que actuaba con fondos públicos, fijó en la escritura "un precio ficticio de 500 millones de pesetas superior en más de 200 millones al fijado para las mismas fincas dos meses antes". En esta ocasión, sin embargo, Vázquez no recibió ni una peseta, ya que Jiménez, "previo acuerdo de los tres acusados, entregó con fondos públicos municipales" 237 millones a Gil, mientras que los otros 263 los retuvo para el pago de hipotecas.
El fiscal afirma que los inmuebles de Madrid "pasaron así a la propiedad de Gil, sin que éste pagara cantidad alguna por ellos, pues el desembolso lo efectuó el Ayuntamiento de Marbella mediante el sobreprecio ficticio que se le impuso".
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Así lo acuerda el juez de instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana, en un auto en el que abre juicio oral contra Jesús Gil, Benigno Vázquez Blázquez y José Luis Jiménez Jiménez. También abre juicio respecto al Club Financiero Inmobiliario y Promociones Futbolísticas, como responsables civiles. El fiscal acusa a Gil de alzamiento de bienes continuado y malversación de caudales públicos. Pide para él seis años de cárcel y diez de inhabilitación.
La resolución recuerda que la Fiscalía Anticorrupción solicitó seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta para Jesús Gil y para los otros dos acusados por dichos delitos. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal afirma que en octubre de 1991, y con el propósito de evitar que los inmuebles que constituían el principal activo de Sermosa, que se encontraba en situación económica crítica, fueran embargados por los acreedores, el dueño de esta sociedad, Benigno Vázquez, y Jesús Gil "decidieron de común acuerdo enajenarlos a favor del segundo".
Para ello, otorgaron ante notario una escritura pública en virtud de la cual Sermosa vendía al Club Financiero Inmobiliario, propiedad de Gil, dos inmuebles en Madrid y siete en Marbella por 382 millones de pesetas. De esa cantidad, Gil retuvo 242 millones para satisfacer las hipotecas que gravaban algunos de los inmuebles, mientras que Vázquez se quedó el resto, 140 millones, sin ingresarlo en las cuentas de Sermosa.
Dos meses después, los acusados anularon la operación y otorgaron nuevas escrituras por las que el Club Financiero Inmobiliario compraba los inmuebles de Madrid mientras que los siete restantes se vendían a la Sociedad Municipal Marbellí Contratas 2000.
Esta sociedad, de la que era gerente el tercero de los acusados, José Luis Jiménez, y que actuaba con fondos públicos, fijó en la escritura "un precio ficticio de 500 millones de pesetas superior en más de 200 millones al fijado para las mismas fincas dos meses antes". En esta ocasión, sin embargo, Vázquez no recibió ni una peseta, ya que Jiménez, "previo acuerdo de los tres acusados, entregó con fondos públicos municipales" 237 millones a Gil, mientras que los otros 263 los retuvo para el pago de hipotecas.
El fiscal afirma que los inmuebles de Madrid "pasaron así a la propiedad de Gil, sin que éste pagara cantidad alguna por ellos, pues el desembolso lo efectuó el Ayuntamiento de Marbella mediante el sobreprecio ficticio que se le impuso".
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