L. D. / EFE.
-El presidente de la Comisión Disciplinaria, Benigno Varela, declaró que el informe de la Inspección no es vinculante para la Comisión sino que este organismo es el “único competente” para tomar la decisión final de archivar las diligencias o bien expedientar a alguno de los jueces afectados. La Comisión, presidida por Varela, está formada además por Elisa Veiga, Javier Moscoso, Angeles Huet y Enrique Arnaldo.
El informe de la Inspección reitera además la necesidad de encargar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la depuración de eventuales responsabilidades en los robos por parte de secretarios, agentes y funcionarios judiciales. El Consejo ya trasladó esa cuestión al TSJ andaluz en agosto. La Comisión Disciplinaria acordó el pasado 20 de agosto encargar a su Servicio de Inspección que prosiguiese las investigaciones sobre los robos de sumarios en Marbella pidiendo informes individualizados a los tres jueces en cuyos juzgados se produjeron sustracciones de documentos, que fueron los números 1, 5 y 7.
En aquella fecha, la Comisión Disciplinaria no adoptó ningún acuerdo “en el ámbito estricto de su competencia”, es decir, que ni archivó las investigaciones ni tampoco abrió expediente a ningún juez.
Únicamente, determinó que el Servicio de Inspección del Consejo debía continuar y ampliar la investigación abierta tras conocerse la sustracción de documentación. La Inspección detectó, según hizo constar en su dictamen preliminar, graves fallos de seguridad en los juzgados de Marbella.
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El informe de la Inspección reitera además la necesidad de encargar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la depuración de eventuales responsabilidades en los robos por parte de secretarios, agentes y funcionarios judiciales. El Consejo ya trasladó esa cuestión al TSJ andaluz en agosto. La Comisión Disciplinaria acordó el pasado 20 de agosto encargar a su Servicio de Inspección que prosiguiese las investigaciones sobre los robos de sumarios en Marbella pidiendo informes individualizados a los tres jueces en cuyos juzgados se produjeron sustracciones de documentos, que fueron los números 1, 5 y 7.
En aquella fecha, la Comisión Disciplinaria no adoptó ningún acuerdo “en el ámbito estricto de su competencia”, es decir, que ni archivó las investigaciones ni tampoco abrió expediente a ningún juez.
Únicamente, determinó que el Servicio de Inspección del Consejo debía continuar y ampliar la investigación abierta tras conocerse la sustracción de documentación. La Inspección detectó, según hizo constar en su dictamen preliminar, graves fallos de seguridad en los juzgados de Marbella.
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