L. D.-
La primera de ellas se centra en negar (“nunca, jamás”) cualquier tipo de mediación a favor de Gescartera, empresa que presidía su hermana. Tras tan rotunda negación, el ex secretario de Estado de Hacienda
admite haber organizado una comida
entre los responsables de Gescartera y la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Pese a ello, para Enrique Giménez-Reyna ese tipo de reuniones, en política son normales y habituales. Su única función fue, según su testimonio, presentar a las partes.
Entra el ex secretario de Estado en la segunda contradicción. Con otro “jamás”, reitera Enrique Giménez-Reyna que no tenía conocimiento de los serios problemas por los que atravesaba Gescartera, ni sabía de irregularidades ni de insuficiencias. El argumento contrario no tardaba en llegar. Admite que, al menos en una ocasión, se interesó ante Pilar Valiente por “cómo iba lo de mi hermana” . Se refiere a los problemas que ya tenía Gescartera con la CNMV y con las investigaciones que empezaron sin terminar. Matiza Giménez-Reyna que Valiente no sabía nada porque ella no estaba en la inspección.
Defiende a la dimitida y, poniéndose una trampa, deja patente que sí sabía de las irregularidades y que ya había hablado en alguna otra ocasión con Pilar Valiente y ahora sólo se interesaba por la evolución del caso. Todo ello, expresado con una complicidad implícita que denota la existencia de un antecedente (“... lo de mi hermana...”).
Y el tercer tropiezo ante la comisión de investigación se pudo oír tras la excusa de un ex secretario de Estado de Hacienda que dice no entender de operaciones financieras de Bolsa. Sin embargo, en 1995, una año antes de ser nombrado director general de Tributos, era consejero de SEFISUR (Servicios Financieros del Sur), una agencia de valores que fue sancionada en abril de 1996 a propuesta de la propia CNMV por una infracción muy grave, que consistió en incumplir la obligación de informar al mercado de la emisión de obligaciones hipotecarias por unos 400 millones de pesetas entre 1990 y 1992. La multa fue ratificada por la Audiencia Nacional en abril de 1999. En su día, Giménez-Reyna dijo que todo quedó reducido a la apertura de un expediente por infracción administrativa en una actuación de “mínima entidad”.
También reconoce no haberse reunido con Antonio Camacho, el dueño de la agencia, más que dos o tres veces, pese a la estrecha relación que supone plantear un proyecto de asesoría a través de su despacho de abogados, compartido con la familia Zurdo, para la empresa Gescartera y que finalmente no llegó a buen puerto por diversas razones.
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Entra el ex secretario de Estado en la segunda contradicción. Con otro “jamás”, reitera Enrique Giménez-Reyna que no tenía conocimiento de los serios problemas por los que atravesaba Gescartera, ni sabía de irregularidades ni de insuficiencias. El argumento contrario no tardaba en llegar. Admite que, al menos en una ocasión, se interesó ante Pilar Valiente por “cómo iba lo de mi hermana” . Se refiere a los problemas que ya tenía Gescartera con la CNMV y con las investigaciones que empezaron sin terminar. Matiza Giménez-Reyna que Valiente no sabía nada porque ella no estaba en la inspección.
Defiende a la dimitida y, poniéndose una trampa, deja patente que sí sabía de las irregularidades y que ya había hablado en alguna otra ocasión con Pilar Valiente y ahora sólo se interesaba por la evolución del caso. Todo ello, expresado con una complicidad implícita que denota la existencia de un antecedente (“... lo de mi hermana...”).
Y el tercer tropiezo ante la comisión de investigación se pudo oír tras la excusa de un ex secretario de Estado de Hacienda que dice no entender de operaciones financieras de Bolsa. Sin embargo, en 1995, una año antes de ser nombrado director general de Tributos, era consejero de SEFISUR (Servicios Financieros del Sur), una agencia de valores que fue sancionada en abril de 1996 a propuesta de la propia CNMV por una infracción muy grave, que consistió en incumplir la obligación de informar al mercado de la emisión de obligaciones hipotecarias por unos 400 millones de pesetas entre 1990 y 1992. La multa fue ratificada por la Audiencia Nacional en abril de 1999. En su día, Giménez-Reyna dijo que todo quedó reducido a la apertura de un expediente por infracción administrativa en una actuación de “mínima entidad”.
También reconoce no haberse reunido con Antonio Camacho, el dueño de la agencia, más que dos o tres veces, pese a la estrecha relación que supone plantear un proyecto de asesoría a través de su despacho de abogados, compartido con la familia Zurdo, para la empresa Gescartera y que finalmente no llegó a buen puerto por diversas razones.
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