L. D. / EFE.-
De esta forma se pronunció el vicepresidente aragonés, José Angel Biel, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó dicho recurso, tras analizar el informe encargado a los servicios jurídicos de la Administración autonómica. Este recurso -que se deberá presentar antes del próximo 6 de octubre, fecha en la que finaliza el plazo- se une al que aprobó presentar las Cortes de Aragón, con el apoyo de todas las fuerzas políticas (PSOE, PAR, CHA e IU), menos el PP que se opuso.
Biel explicó que existen "múltiples" razones jurídicas, además de las políticas, para esperar que el Tribunal Constitucional atienda las reclamaciones del Ejecutivo aragonés. A juicio del Gobierno de Aragón, este texto legal presenta "vicios de constitucionalidad relevantes" en cuanto a la regulación que se efectúa del trasvase de agua desde la Cuenca del Ebro hasta las distintas cuencas del Arco Mediterráneo.
Esta ley, señaló Biel, supone "un aumento del desequilibrio territorial, niega el ejercicio efectivo de la competencia de la Comunidad de Aragón en materia de Ordenación del Territorio y vulnera principios medioambientales, entre otras cuestiones". Según la argumentación jurídica del recurso, la regulación que se efectúa del trasvase de aguas del Ebro en el PHN, prevista en el artículo 13 y concordantes de esa ley, puede ser susceptible de ser declarada inconstitucional por "suponer un incremento del desequilibrio territorial que es contrario a los artículos 131.1; 138.1 y 158.1 de la Constitución".
El Gobierno aragonés considera que ese artículo 13 del PHN niega el ejercicio efectivo de la competencia de la Comunidad en materia de ordenación del territorio, y vacía de contenido la competencia reconocida en el artículo 35.1.7a del Estatuto de Autonomía. Por otra parte, el Ejecutivo estima que la regulación de las aguas trasvasadas que se efectúa en el artículo 17 de la Ley del PHN puede también ser susceptible de ser declarada inconstitucional por vulnerar los principios de tutela medioambiental (artículo 45.2 de la Constitución), "al impedir una utilización racional del recurso hídrico, incidir negativamente sobre el medio ambiente y negar la posibilidad de un desarrollo sostenible en Aragón".
También considera que ese artículo 17 puede ser inconstitucional por "no efectuar una adecuada y efectiva regulación de las condiciones" de ejecución de los trasvases, según se exige en el artículo 45.1 de la Ley de Aguas. Los argumentos jurídicos empleados por el Ejecutivo aragonés para presentar el recurso aluden, asimismo, a la regulación del "canon de trasvase" y, en general, a la previsión de su régimen económico financiero que se efectúa en el artículo 22 de la Ley del PHN.
Por último, el vicepresidente aragonés insistió en que el Gobierno autónomo seguirá poniendo cuantas "trabas legales, jurídicas y administrativas" pueda al PHN, pero "siempre con la ley en la mano".
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Biel explicó que existen "múltiples" razones jurídicas, además de las políticas, para esperar que el Tribunal Constitucional atienda las reclamaciones del Ejecutivo aragonés. A juicio del Gobierno de Aragón, este texto legal presenta "vicios de constitucionalidad relevantes" en cuanto a la regulación que se efectúa del trasvase de agua desde la Cuenca del Ebro hasta las distintas cuencas del Arco Mediterráneo.
Esta ley, señaló Biel, supone "un aumento del desequilibrio territorial, niega el ejercicio efectivo de la competencia de la Comunidad de Aragón en materia de Ordenación del Territorio y vulnera principios medioambientales, entre otras cuestiones". Según la argumentación jurídica del recurso, la regulación que se efectúa del trasvase de aguas del Ebro en el PHN, prevista en el artículo 13 y concordantes de esa ley, puede ser susceptible de ser declarada inconstitucional por "suponer un incremento del desequilibrio territorial que es contrario a los artículos 131.1; 138.1 y 158.1 de la Constitución".
El Gobierno aragonés considera que ese artículo 13 del PHN niega el ejercicio efectivo de la competencia de la Comunidad en materia de ordenación del territorio, y vacía de contenido la competencia reconocida en el artículo 35.1.7a del Estatuto de Autonomía. Por otra parte, el Ejecutivo estima que la regulación de las aguas trasvasadas que se efectúa en el artículo 17 de la Ley del PHN puede también ser susceptible de ser declarada inconstitucional por vulnerar los principios de tutela medioambiental (artículo 45.2 de la Constitución), "al impedir una utilización racional del recurso hídrico, incidir negativamente sobre el medio ambiente y negar la posibilidad de un desarrollo sostenible en Aragón".
También considera que ese artículo 17 puede ser inconstitucional por "no efectuar una adecuada y efectiva regulación de las condiciones" de ejecución de los trasvases, según se exige en el artículo 45.1 de la Ley de Aguas. Los argumentos jurídicos empleados por el Ejecutivo aragonés para presentar el recurso aluden, asimismo, a la regulación del "canon de trasvase" y, en general, a la previsión de su régimen económico financiero que se efectúa en el artículo 22 de la Ley del PHN.
Por último, el vicepresidente aragonés insistió en que el Gobierno autónomo seguirá poniendo cuantas "trabas legales, jurídicas y administrativas" pueda al PHN, pero "siempre con la ley en la mano".
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