L. D. / EFE.-
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, los miembros de la Comisión pedirán al Pleno, que se reunirá el próximo miércoles, que solicite al Gobierno una ampliación del plazo en una semana más para concluir este informe, ya que al ser remitido el texto por trámite de urgencia debe ser informado antes de quince días.
Entretanto, el Consejo ha nombrado como ponentes del informe a los vocales Enrique Arnaldo y Juan Ramón Sáez, que serán los encargados finales de redactar la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre el control judicial de las actividades. Según las mismas fuentes, algunos vocales plantearon durante la reunión de la Comisión de Estudios que sería necesario conocer también el otro anteproyecto de Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que el Gobierno ha remitido sólo al Consejo de Estado.
El texto remitido por el Gobierno al Consejo prevé que todas las actividades que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones exigirán una autorización judicial previa, que será estudiada y en su caso autorizada, por un magistrado del Tribunal Supremo elegido a tal efecto por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El Magistrado elegido será el encargado de acordar o no la autorización judicial necesaria en un plazo que ordinariamente será de 72 horas, pudiendo reducirse, de forma extraordinaria y por motivos de urgencia debidamente justificados, a 24 horas.
!-->
Entretanto, el Consejo ha nombrado como ponentes del informe a los vocales Enrique Arnaldo y Juan Ramón Sáez, que serán los encargados finales de redactar la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre el control judicial de las actividades. Según las mismas fuentes, algunos vocales plantearon durante la reunión de la Comisión de Estudios que sería necesario conocer también el otro anteproyecto de Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que el Gobierno ha remitido sólo al Consejo de Estado.
El texto remitido por el Gobierno al Consejo prevé que todas las actividades que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones exigirán una autorización judicial previa, que será estudiada y en su caso autorizada, por un magistrado del Tribunal Supremo elegido a tal efecto por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El Magistrado elegido será el encargado de acordar o no la autorización judicial necesaria en un plazo que ordinariamente será de 72 horas, pudiendo reducirse, de forma extraordinaria y por motivos de urgencia debidamente justificados, a 24 horas.
!-->