L. D. / EFE.
- La Resolución 1373 complementa la 1368 aprobada por el Consejo de Seguridad al día siguiente de los ataques terroristas a Nueva York y Washington del pasado 11 de septiembre. Además, reafirma tanto la quiebra de la paz y la seguridad internacionales, como “el derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva”, y centra su contenido en la necesidad de adoptar una serie de medidas de prevención de actos terroristas y de lucha contra las entidades u organismos terroristas.
Precisamente, para limitar la capacidad de las organizaciones terroristas de actuar en la esfera internacional, la Resolución busca cercenar las vías de financiación de los terroristas, sus movimientos transfronterizos, los apoyos logísticos, los refugios y la provisión de armas y material. Todo ello es complementario a un intercambio de información entre los Estados miembros, tanto bilateral como multilateralmente, para dar más fuerza y eficacia a la Resolución.
En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, preside el grupo de trabajo integrado por expertos de los ministerios de Economía, Hacienda, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa y de su propio departamento para adaptar la legislación española a la europea. Asimismo, la Resolución de Naciones Unidas establece una serie de medidas obligatorias para todos los Estados y otras voluntarias. Las obligatorias, a su vez, se dividen en medidas de orden financiero y las relativas al intercambio de información y a la asistencia entre Estados.
Medidas económicas
Entre las medidas en el terreno económico y financiero destacan prevenir y reprimir la financiación de actos de terrorismo, mediante la tipificación como delito de la previsión o recaudación intencionadas de fondos con fines relacionados con el terrorismo, y la privación del status de organizaciones caritativas o de beneficios fiscales a entidades que tengan alguna relación con terroristas.
También establece congelar los fondos y activos financieros de personas o entidades que cometan o intenten cometer actos de terrorismo, participen en ellos o faciliten su comisión, además de los de las personas jurídicas, o entidades de su propiedad, o bajo el control de estas personas, o que actúan en su nombre, y de las personas y entidades asociadas con ellas.
Intercambio de información
La Resolución también obliga a los Estados a una serie de medidas tendentes a intercambiar información y asistencia sobre terroristas mediante la obligatoriedad de abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos terroristas.
A su vez, insta a los Estados a impedir la utilización del territorio nacional y denegar refugio a quienes financien, planifiquen o apoyen de cualquier forma actos de este tipo. Además, pide tipificar penalmente la financiación, planificación, preparación o comisión de estos actos, y procesar judicialmente a toda persona que participe en los mismos.
Igualmente, incide en la necesidad de cooperar con otros Estados en el ámbito procesal relativo a la financiación de actos de terrorismo o al apoyo prestado a éstos, especialmente en lo referente a la consecución de pruebas, así como en ejercer un mayor control policial tanto en fronteras como de vigilancia en lo referente a la documentación de identidad y de viaje emitida, con el fin de impedir la circulación de esas personas.
Junto a esas medidas obligatorias, la Resolución 1373 exhorta a los Estados a intensificar su cooperación contra el terrorismo como la firma de las doce Convenciones contra el terrorismo adoptadas en el marco de las Naciones Unidas, evitar que el estatuto de refugiado sea concedido a personas implicadas en actos terroristas, y a impedir que la extradición de esas personas pueda ser denegada alegando motivos políticos.
La Resolución pone, asimismo, de manifiesto la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para hacer frente a las conexiones entre terrorismo y delincuencia transnacional organizada.
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Precisamente, para limitar la capacidad de las organizaciones terroristas de actuar en la esfera internacional, la Resolución busca cercenar las vías de financiación de los terroristas, sus movimientos transfronterizos, los apoyos logísticos, los refugios y la provisión de armas y material. Todo ello es complementario a un intercambio de información entre los Estados miembros, tanto bilateral como multilateralmente, para dar más fuerza y eficacia a la Resolución.
En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, preside el grupo de trabajo integrado por expertos de los ministerios de Economía, Hacienda, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa y de su propio departamento para adaptar la legislación española a la europea. Asimismo, la Resolución de Naciones Unidas establece una serie de medidas obligatorias para todos los Estados y otras voluntarias. Las obligatorias, a su vez, se dividen en medidas de orden financiero y las relativas al intercambio de información y a la asistencia entre Estados.
Medidas económicas
Entre las medidas en el terreno económico y financiero destacan prevenir y reprimir la financiación de actos de terrorismo, mediante la tipificación como delito de la previsión o recaudación intencionadas de fondos con fines relacionados con el terrorismo, y la privación del status de organizaciones caritativas o de beneficios fiscales a entidades que tengan alguna relación con terroristas.
También establece congelar los fondos y activos financieros de personas o entidades que cometan o intenten cometer actos de terrorismo, participen en ellos o faciliten su comisión, además de los de las personas jurídicas, o entidades de su propiedad, o bajo el control de estas personas, o que actúan en su nombre, y de las personas y entidades asociadas con ellas.
Intercambio de información
La Resolución también obliga a los Estados a una serie de medidas tendentes a intercambiar información y asistencia sobre terroristas mediante la obligatoriedad de abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos terroristas.
A su vez, insta a los Estados a impedir la utilización del territorio nacional y denegar refugio a quienes financien, planifiquen o apoyen de cualquier forma actos de este tipo. Además, pide tipificar penalmente la financiación, planificación, preparación o comisión de estos actos, y procesar judicialmente a toda persona que participe en los mismos.
Igualmente, incide en la necesidad de cooperar con otros Estados en el ámbito procesal relativo a la financiación de actos de terrorismo o al apoyo prestado a éstos, especialmente en lo referente a la consecución de pruebas, así como en ejercer un mayor control policial tanto en fronteras como de vigilancia en lo referente a la documentación de identidad y de viaje emitida, con el fin de impedir la circulación de esas personas.
Junto a esas medidas obligatorias, la Resolución 1373 exhorta a los Estados a intensificar su cooperación contra el terrorismo como la firma de las doce Convenciones contra el terrorismo adoptadas en el marco de las Naciones Unidas, evitar que el estatuto de refugiado sea concedido a personas implicadas en actos terroristas, y a impedir que la extradición de esas personas pueda ser denegada alegando motivos políticos.
La Resolución pone, asimismo, de manifiesto la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para hacer frente a las conexiones entre terrorismo y delincuencia transnacional organizada.
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