L. D. / Agencias.-
El presunto dirigente del comando Barcelona de ETA, Fernando García Jodrá, tenía en su poder las declaraciones judiciales de sus compañeros José Ignacio Krutxaga y Liarni Armendáriz, detenidos el pasado mes de enero cuando fue desarticulado el anterior “comando Barcelona”, en el que también estaba integrado Jodrá. Tener en su poder tales documentos le permitía conocer si sus compañeros le habían implicado en acciones criminales.
Fuentes próximas a la investigación informaron de que la Guardia Civil intervino las declaraciones de Krutxaga y Armendáriz ante la Audiencia Nacional en el registro de la vivienda de la calle Villarroel de Barcelona en el que vivía García Jodrá junto con los también presuntos etarras Unai López de Ocariz y Nerea Bengoa, detenidos en la misma operación. Jodrá y otra media docena de personas fueron detenidos el pasado 24 de agosto. El hallazgo de esas declaraciones judiciales sorprendió a los investigadores por el hecho de que se trata de información judicial suministrada a un etarra que estaba operativo y había reconstruido el “comando Barcelona”.
Según fuentes judiciales consultadas por Libertad Digital , la declaración de los terroristas José Ignacio Krutxaga y Liarni Armendáriz se produjo con la asistencia de abogados del turno de oficio, algo que es habitual porque los miembros de ETA a quienes la Policía atribuye crímenes graves permanecen incomunicados hasta que prestan declaración. Precisamente por esa incomunicación, que se mantiene hasta días después de su ingreso en prisión si así lo ordena el juez, la asistencia letrada es de oficio y los abogados habituales de etarras no entran siquiera en el despacho del juez.
En este caso, según informa Maite Cunchillos a la redacción de Libertad Digital, los etarras Krutxaga y Armendáriz estuvieron incomunicados, en efecto, incluso hasta varios días después de ingresar en prisión. Así, los abogados habituales que trabajan en la defensa de etarras no tuvieron acceso a sus declaraciones hasta varios días después de que se produjeran. Entre los citados abogados está Txema Matanzas, el más conocido, pero también colaboran con él Arantxa Zulueta, Aitor Ibero o Ainhoa Baglietto, entre otros letrados. Todos ellos pertenecen al conglomerado de Gestoras pro Amnistía y, bajo ese paraguas, llevan a cabo la defensa de los terroristas.
Como ocurre en otros casos, una vez que se levantó la incomunicación a Krutxaga y a Armendáriz, los abogados pudieron solicitar sus declaraciones ante la Audiencia Nacional. Como obliga la ley, la Audiencia ha de entregar estos documentos a los defensores. En algunas ocasiones, estos documentos también son entregados a los periodistas que lo solicitan, siempre y cuando el juez autorice a ello al estimar que su publicación no afecta al proceso.
En este caso, según las fuentes consultadas por Libertad Digital , todo apunta a que los abogados de Gestoras pro Amnistía pudieran haberle facilitado una copia de las declaraciones de Krutxaga y Armendáriz al terrorista Fernando García Jodrá o a alguien relacionado con ETA que le hiciera llegar tales documentos. De hecho, las citadas fuentes no descartan abrir un procedimiento para averiguar cómo llegaron las declaraciones judiciales a manos de un terrorista en activo que, además, después de huir a Francia tras la detención de Krutxaga y Armendáriz, llegó meses después a Barcelona para organizar un nuevo “comando”.
A Jodrá se le atribuye la autoría material de los asesinatos en Cataluña de los concejales del PP de Sant Adriá del Besós y Viladecavalls, José Luis Ruiz Casado y Francisco Cano, respectivamente, –acción esta última que también se atribuye a Liarni Armendáriz–, y del guardia urbano de Barcelona, Juan Miguel Gervilla. Por su parte, a José Ignacio Krutxaga se le atribuye la acción directa de matar al ex ministro socialista Ernest Lluch.
Fuentes próximas a la investigación informaron de que la Guardia Civil intervino las declaraciones de Krutxaga y Armendáriz ante la Audiencia Nacional en el registro de la vivienda de la calle Villarroel de Barcelona en el que vivía García Jodrá junto con los también presuntos etarras Unai López de Ocariz y Nerea Bengoa, detenidos en la misma operación. Jodrá y otra media docena de personas fueron detenidos el pasado 24 de agosto. El hallazgo de esas declaraciones judiciales sorprendió a los investigadores por el hecho de que se trata de información judicial suministrada a un etarra que estaba operativo y había reconstruido el “comando Barcelona”.
Según fuentes judiciales consultadas por Libertad Digital , la declaración de los terroristas José Ignacio Krutxaga y Liarni Armendáriz se produjo con la asistencia de abogados del turno de oficio, algo que es habitual porque los miembros de ETA a quienes la Policía atribuye crímenes graves permanecen incomunicados hasta que prestan declaración. Precisamente por esa incomunicación, que se mantiene hasta días después de su ingreso en prisión si así lo ordena el juez, la asistencia letrada es de oficio y los abogados habituales de etarras no entran siquiera en el despacho del juez.
En este caso, según informa Maite Cunchillos a la redacción de Libertad Digital, los etarras Krutxaga y Armendáriz estuvieron incomunicados, en efecto, incluso hasta varios días después de ingresar en prisión. Así, los abogados habituales que trabajan en la defensa de etarras no tuvieron acceso a sus declaraciones hasta varios días después de que se produjeran. Entre los citados abogados está Txema Matanzas, el más conocido, pero también colaboran con él Arantxa Zulueta, Aitor Ibero o Ainhoa Baglietto, entre otros letrados. Todos ellos pertenecen al conglomerado de Gestoras pro Amnistía y, bajo ese paraguas, llevan a cabo la defensa de los terroristas.
Como ocurre en otros casos, una vez que se levantó la incomunicación a Krutxaga y a Armendáriz, los abogados pudieron solicitar sus declaraciones ante la Audiencia Nacional. Como obliga la ley, la Audiencia ha de entregar estos documentos a los defensores. En algunas ocasiones, estos documentos también son entregados a los periodistas que lo solicitan, siempre y cuando el juez autorice a ello al estimar que su publicación no afecta al proceso.
En este caso, según las fuentes consultadas por Libertad Digital , todo apunta a que los abogados de Gestoras pro Amnistía pudieran haberle facilitado una copia de las declaraciones de Krutxaga y Armendáriz al terrorista Fernando García Jodrá o a alguien relacionado con ETA que le hiciera llegar tales documentos. De hecho, las citadas fuentes no descartan abrir un procedimiento para averiguar cómo llegaron las declaraciones judiciales a manos de un terrorista en activo que, además, después de huir a Francia tras la detención de Krutxaga y Armendáriz, llegó meses después a Barcelona para organizar un nuevo “comando”.
A Jodrá se le atribuye la autoría material de los asesinatos en Cataluña de los concejales del PP de Sant Adriá del Besós y Viladecavalls, José Luis Ruiz Casado y Francisco Cano, respectivamente, –acción esta última que también se atribuye a Liarni Armendáriz–, y del guardia urbano de Barcelona, Juan Miguel Gervilla. Por su parte, a José Ignacio Krutxaga se le atribuye la acción directa de matar al ex ministro socialista Ernest Lluch.